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Omisión, negligencia y silencio, aliados en el juego de la corrupción

En la sección LA COLUMnita NECESARIAMENTE INCOMODA por el 5 febrero 2020 a las 9:42 am

Graciela Machuca Martínez

—Corrupción negociada con fines electoreros.
—Intocable la Casta Divina y la Beduina, quedan en familia.

Al iniciarse la última semana de enero de 2020, la Contraloría General de Quintana Roo entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) como a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), diversas evidencias que prueban tres casos de corrupción durante la administración pasada. 
Deben ser expedientes completos y contundentes para probar las imputaciones, ya que la Contraloría se tardó más de tres años en las indagaciones. Si las pruebas presentadas carecen de la idoneidad requerida por la ley de la materia, simplemente terminará en una acción electorera con miras a los comicios federales del 2021 y los estatales del 2022. 
Las acusaciones de corrupción han sido muchas, pero las investigaciones muy pocas, cuyos resultados solo sirven para fortalecer discursos, desafortunadamente, electorales.
El pasado 31 enero del presente, Miguel A. Fernández (Por Esto Q Roo) publico:
“Ante el Congreso del Estado se manifestaron integrantes de asociaciones civiles vestidos como “ratas”, quienes recriminaron que no hay avances en materia anticorrupción y que el Poder Legislativo le sale muy caro a los quintanarroenses.”
-Mientras se desenvolvía en la Sala de Comisiones el informe de la fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, llamó la atención un fuerte sonido como de una sirena que venía del exterior del Palacio Legislativo-.
“Se trataba de ciudadanos disfrazados de ratas, con bolsas que simulaban estar llenas de dinero, quienes pretendían acceder al informe de la fiscal Anticorrupción, por lo que rápidamente el personal de seguridad del Congreso se desplegó en ambas puertas para impedir el acceso de estas “ratas”.
Con un megáfono, continua la nota, “Fabiola Cortés Miranda, de Somos tus Ojos-Transparencia por Quintana Roo, pedía que les permitan acceder al inmueble, que es un espacio público, así como también manifestó diversas interrogantes que debe responder Rosaura Villanueva Arzápalo”.
Estas investigaciones de la Contraloría buscan demostrar que se realizaron ventas de inmuebles propiedad del gobierno del estado a bajo precio, además, el titular de la Contraloría, Rafael Antonio del Pozo Dergal, dice tener pruebas del desvío de cinco mil millones de pesos.
En declaraciones a la prensa sostuvo que en los tres casos “hay denuncias sobre el desvío de recursos federales y las evidencias ya se entregaron al 100 por ciento al fiscal Alejandro Gertz Manero, a la Auditoría Superior de la Federación y también al director de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, quienes serán los responsables de dar a conocer los vínculos de las redes de lavadores de dinero, abuso de confianza y lo que resulte”.
Antes de que la actual administración se hiciera cargo del gobierno estatal, se habló de que se investigaría el endeudamiento de 22 mil millones de pesos que dejó el gobierno anterior. Si las auditorías se realizaron, la sociedad quintanarroense desconoce los resultados.
Se debió auditar obra por obra y programa por programa financiados con esa deuda, pero al parecer no se hizo, porque para ello era necesario el desarrollo de procesos de reingeniería en los órganos de control, pero si para concluir tres expedientes se llevaron tres años, para auditar lo auditable de la administración pasada, el sexenio no les alcanza.
Algunos casos en Quintana Roo y en San Luis Potosí
Hay evidencias para demostrar que cuando se quiere limpiar la casa se puede, por ejemplo, en e año 2015, un juez federal dictó auto de formal prisión al alcalde con licencia del municipio Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La resolución dictada por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Hermosillo, Sonora, marca el inicio del juicio penal contra Gallardo Cardona por ambos ilícitos considerados graves, por lo que no pudo solicitar el beneficio de la libertad bajo fianza.
El Director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, explicó en su momento que el alcalde con licencia emanado del PRD desvió más de 200 millones de pesos de recursos públicos a tres empresas en las que él era accionista mayoritario y también algunos de sus familiares o colaboradores más cercanos.
Mientras tanto, en este extremo del país, en Quintana Roo, hechos de corrupción documentados y señalados por la ciudadanía y por actores políticos, antes del mes de septiembre de 2016, están localizados tanto a nivel federal, estatal y municipal, pero los que corresponde documentarlos y denunciarlos a la Contraloría estatal, duermen el sueño de los justos-
Un caso es lo que ocurrió con el desvío de recursos en el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, cuando Gabriel Carballo Tadeo se desempeñó como presidente municipal y la tesorera fue Paoly Perera Maldonado, quien posteriormente se hizo cargo de la presidencia municipal. Las auditorias de ambas administraciones municipales siguen en la oscuridad, a pesar del ruido que se hizo desde la Contraloría estatal, ruido que con el proceso electoral fue acallado mediante acuerdos que favorecieran al candidato que hoy en presidente municipal José Esquivel Vargas.
En junio de 2017, la revista Proceso informó que el expresidente municipal de Othón P. Blanco (Chetumal), Eduardo Espinosa Abuxapqui, se convirtió en el cuarto alcalde del sexenio anterior en ser denunciado por desvío de recursos.
La entonces síndica y el contralor municipal, Marcela Rojas López y Miguel Palomo Tuyub, respectivamente, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del estado (FG) contra dos exfuncionarios de la administración anterior por irregularidades en el manejo de impuestos federales por un monto de unos 20 millones de pesos.
El 3 de febrero de 2017 regidores del PAN y de Morena presentaron una denuncia contra el priista Jorge Aguilar Cheluja, quien fungió como secretario general del ayuntamiento de Othón P. Blanco en la anterior administración, se lee en la Revista Proceso.
Lo acusaron de peculado y enriquecimiento ilícito, luego de que los concejales señalaron que obtuvieron escrituras de terrenos que adquirió el exfuncionario y que, según los concejales, sumadas las cantidades no concuerdan con el sueldo devengado durante su periodo administrativo.
Por otra parte, el expresidente municipal de Solidaridad (Playa del Carmen) y excandidato a gobernador del PRI-PVEM-Panal, Mauricio Góngora –cercano al exmandatario estatal y actual senador Félix González Canto– enfrenta por lo menos tres denuncias presentados por el actual ayuntamiento, dominado por el PAN y PRD, señala la misma fuente.
En el año 2017, el exalcalde de Cozumel, Fredy Efrén Marrufo Martín, así como cuatro de sus colaboradores, fue denunciado ante la PGR y la Fiscalía Estatal, por supuestos malos manejos de recursos públicos del orden de 405 millones 997 mil 649 pesos. 
A finales de 2016, el contralor del ayuntamiento de Tulum, Luis Arcángel Poot Kú, denunció a exservidores públicos municipales, de la administración del priista David Balam, por el presunto desvío de recursos federales por un monto de aproximadamente 45 millones de pesos, tras auditar las 15 obras inconclusas que dejó la administración de David Balam Chan.
De todos estos casos, ni la Fiscalía General de la República, ni la estatal han logrado judicializar los casos y si lo hicieron, les dieron palo, porque el pueblo aún sigue esperando justicia.
Pero vaya!!!….el caso de corrupción mas paradigmático es sin duda el del congreso del estado conde el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila falsificó las firmas de ciudadanos comunes por algo así como 140 millones de pesos y ni que decir del periplo de Vips SAESA, pero claro el combate a la corrupción es selectivo y algunos integrantes de la casta divina de Cozumel y la beduina solo se les cita…..para que no se vayan a molestar, como es el caso de que La Contraloría del Estado (Secoes) citó a comparecer al ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo, y al ex secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Luis González Flores, así como a otros siete ex funcionarios de la administración Borgista para una audiencia inicial relacionada al expediente SECOES/SRN/CGSR/PRA0011/2019.
Una nueva estrategia preelectoral!!!!….
Sin embargo, la Contraloría estatal ahora sostiene que si tiene los elementos suficientes para comprobar casos de corrupción, pero del dicho al hecho…, ya que hace falte que los casos se judicialicen y que se lleve a proceso a los imputados, después se les debe demostrar en el juicio de que son responsables de lo que se les acusa.
Viene la segunda instancia, la revisión del cumplimiento al debido proceso. Si la sentencia es condenatoria, solo al momento de confirmarse se podrá decir que se le hizo justicia al pueblo de Quintana Roo, pero para recuperar lo robado, viene otro proceso y para entonces, los intereses políticos y económicos de los ahora interesados en que se haga justicia, habrán cambiado.
La Contraloría dice haber cumplido con su tarea y que ahora corresponde a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), “proceder contra los responsables”.
Entre las evidencias reunidas para demostrar el desvío de cinco mil millones de pesos, se tiene la presunción que dichos recursos iban dirigidos al desarrollo agropecuario de la entidad, sector al que nunca aterrizaron.
La instancia que se encargó de las auditorias para detectar malos manejos en la enajenación de bienes inmuebles propiedad del gobierno del estado, sostiene que tiene pruebas para demostrar que servidores públicos y familiares de la pasada y la presente administración fueron beneficiados al comprar a precios por debajo del valor real de los inmuebles. Dichas operaciones no fueron informadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que omitieron el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), lo que constituye un delito fiscal.
Los señalamientos por actos de corrupción han sido muchos, y cómo dice el refrán popular mexicano, “mucho ruido y pocas nueces”, porque hasta el momento, no se ha podido recuperar ni un solo peso de lo robado.
Recuperar lo robado y el discurso de la demagogia con fines electorales y nada más, no hay que engañarnos, “ahí está intocable la casta divina y la beduina”
Sí llegó el momento de terminar con la corrupción que se observa por todas partes de la administración pública, ¿por qué no se ha logrado una sentencia firme en contra de las personas servidoras públicas corruptas? ¿En dónde está el dinero robado al pueblo? Lo cierto es que quienes prometieron hacer justicia, solo han sido omisos y han guardado silencio, lo que significa que las soluciones propuestas por el paradigma de la política, son solo ilusiones, como sucede con las propuestas de la ciencia, la economía y la religión.
La clase política en Quintana Roo está en reacomodo, a sus integrantes no les importa las afrentas, su dignidad como personas y mucho menos el bienestar del pueblo. Ya están en acuerdos, construyen estrategias para seguir en el poder. Si el pueblo quiere circo, se lo darán. Casos de corrupción que no se han podido judicializar en tres años, solo permitirán preparar el terreno preelectoral. La sociedad quintanarroense les sigue dando el beneficio de la duda.

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