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Deuda del Estado Mexicano con indígenas de la Península de Yucatán

En la sección LA COLUMnita NECESARIAMENTE INCOMODA por el 6 febrero 2020 a las 8:23 am

Graciela Machuca Martínez

—Suspensión provisional a indígenas de Campeche, habla que la planeación y diseño del Tren Maya tienen fallas.

Los territorios en que se encuentra asentados pueblos indígenas, como el maya, y que fueron fragmentados por la división política de lo que ahora es México y países de Centro América, cuentan con recursos naturales únicos, la población maya vive en medio de la abundancia de biodiversidad, sin embargo, la explotación irracional de esos recursos quedan en manos de intermediarios, saqueadores, personas sin escrúpulos que solo piensan en las ganancias y se olvidan que los propietarios originarios, son personas que viven en la pobreza y el olvido.
El agua, la madera, el chicle, fauna y demás productos que salen de las selvas y otros ecosistemas de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mismos que representan grandes riquezas, deberían extraerse para beneficio de esos pueblos indígenas, auténticos propietarios de esas tierras que han sido saqueadas desde la colonia.
Ahora que el gobierno mexicano determinó intervenir esos territorios para la construcción del Tren Maya, es momento que la sociedad mexicana conozca la historia de esos pueblos originarios, el gran legado que han dejado a la nación mexicana, y en contraste las condiciones miserables en que viven sus descendientes, quienes fueron víctimas de la llamada reforma agraria y las adecuación tenidas a lo largo de los últimos 80 años, para que los dueños del capital sean los únicos que puedan quedarse con las riquezas de esas tierras.
En este espacio he sostenido que la monumental inversión que hará el gobierno de México en la infraestructura ferroviaria que representa el Tren Maya tendrá impactos positivos para la economía regional y nacional, sin embargo, la intervención de ecosistemas tan sensibles como los de la Península de Yucatán tendrá efectos negativos. El gobierno dice que no los habrá, pero hasta el momento, su dicho no lo ha fundamentado y argumentado científicamente, porque esos estudios no se han realizado.
Es el momento que universidades públicas, muchas de las cuales son especializadas para sacar adelante proyectos gubernamentales como el trabajo que le hicieron al gobierno anterior y que quedó para la historia, como la Estafa Maestra, ahora se unan para investigar y proponer soluciones idóneas a los efectos negativos que traerá el Tren Maya en la biodiversidad de la región por donde cruzará.
Al gobierno federal le corresponde garantizar que tanto la biodiversidad como los vestigios arqueológicos tendrán los daños mínimos, pero para ello se debe investigar con seriedad para poder diseñar instrumentos de mitigación del referido impacto. La única forma que la obra no genere ese impacto negativo es que los trenes leviten, como ya es posible de acuerdo a tecnología japonesa y china, sin embargo, la energía que desprende el magnetismo de esos trenes, aún se desconocen sus efectos.
A los gobiernos de los estados, municipios y ejidos y comunidades indígenas por donde pasará el Tren Maya tendrían que convertirse en guardianes de esos territorios, de esos recursos naturales y de la riqueza arqueológica. Es momento de hacer valer la autonomía y soberanía como entidades que integran la Federación y no para oponerse a la obra, sino para que los daños sean baja escala y se puedan contrarrestar, pero con políticas públicas efectivas, más no con silencio y complicidad, para el presidente no se enoje y les retenga las participaciones federales.
Un ejemplo de que los procedimientos de planeación y diseño de Tren Maya no se han realizado del todo bien, es una suspensión provisional que obtuvo un pueblo indígena del estado de Campeche. Lo que se ha realizado hasta el momento se tiene que revisar, si no se quiere que el número de amparos de la justicia federal se empiecen a multiplicar y que el asunto llegue a organismo internacionales, como lo ha advertido la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.
La vorágine informativa está dejando en el olvido la noticia difundida por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), en el sentido que comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Maya Peninsular y Ch´ol, asentados en Xpujil, Calakmul, Campeche, integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), obtuvimos el pasado 14 de enero, de parte del Poder Judicial de la Federación, la suspensión provisional de la ejecución del proyecto Tren Maya, “en respuesta a una solicitud de amparo que presentamos en contra del proceso de consulta simulada que se llevó a cabo en asambleas informativas y consultivas con representantes de comunidades indígenas, para obtener la aprobación de la comunidad”.
Esta suspensión provisional, independiente a lo que resuelva el Poder Judicial de la Federación (PJF) en definitiva, deja muy mal parado al director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, conocer y promotor del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su activismo a favor de los derechos de los pueblos indígenas lo llevaron a convertirse en asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como del exgobernador de Oaxaca, Diodoro Carrasco Altamirano, cuando en su gobierno se aprobó la primer ley de avanzada en el país, en materia de usos y costumbres y demás derechos indígenas. No cabe duda que el experto en México es él. Ahora ha caído en la simulación de una consulta previa e informada.
CEMDA dio a conocer que la solicitud de amparo presentada el 6 de enero del 2020, reclama “la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”, así como la “ilegal consulta y aprobación del proyecto denominado Tren Maya, cuya acción se realizó en flagrante violación a nuestro derecho humano a que se garantice una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.
En esta demanda de amparo aparecen como autoridades responsables el presidente de la República, Andrés Manuel López obrador; el Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el Director General del INPI, Adelfo Regino Montes.
Entre los argumentos de los demandantes se dice que el proceso de consulta se llevó a cabo “sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Estado mexicano es parte, así como en contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
La consulta no cumplió con el carácter de informada ni previa, “pues no recibimos información detallada con antelación suficiente, ni se respetó nuestro derecho a la participación, toda vez que la estructura de los foros de la supuesta fase informativa, de fecha 30 de noviembre de 2019, fue diseñada e implementada de manera unilateral, por lo que sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades. Asimismo, antes de consultar, ya se había anunciado la aprobación del proyecto a través de diversos canales públicos”.
La consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada, dado que se repartieron papeletas electorales para depositar en casillas, a modo de votación, sin tomar en cuenta las formas de organización y toma de decisiones de la comunidad.
El Juzgado Primero de Distrito en el estado de Campeche, acordó conceder la suspensión provisional “para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, para que las autoridades responsables con independencia al resultado de la consulta realizada en relación al denominado Tren Maya, se abstengan de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, al haber sido decretada dicha aprobación, se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto”, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva.
Mientras el Poder Judicial de la Federación resuelve este amparo en definitiva, los pueblos demandantes, entre otros, ya organizan, la Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena (CNI) a realizarse el 27 y 28 de marzo en Xpujil.

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