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Los claroscuros de la ONU en torno al Tren Maya

En la sección LA COLUMnita NECESARIAMENTE INCOMODA por el 21 enero 2020 a las 8:13 am

Graciela Machuca Martínez

Quienes tienen poder, trátese de quienes se trate, a lo largo de la historia de la humanidad, al menos la documentada, siempre se han sentido agredidos cuando son cuestionados por sus acciones u omisiones, porque consideran que fueron tocados por una divinidad que les otorgó la facultad de no equivocarse y tener siempre la razón. Lo anterior lo comento, porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no desaprovecha la oportunidad para contraatacar y decir que aquellas personas que se oponen a la construcción del Tren Maya, es porque no quieren al gobierno de la IV transformación, es decir, los conservadores, los neoliberales.
Tales argumentos quedan en el ámbito de las falacias, muy común en el discurso de los políticos, porque una obra de infraestructura de tal magnitud, a quien más beneficiará es a la economía global, al neoliberalismo, al necroneoliberalismo, por ello es que hasta el momento ni el Banco Mundial, ni el Banco Interamericano de Desarrollo han cuestionado el proyecto, a pesar de que hasta el momento no está cumpliendo con la normatividad internacional que se requiere para este tipo de obra.
Los organismos financieros referidos como el Fondo Monetario Internacional, viven de este tipo de inversiones multimillonarias, porque tarde o temprano ya sea el gobierno mexicano o los inversionistas les pedirán fondos para realizar la obra, misma que no basta para quedar en garantía, sino que se requiere del aval de las reservas del país, porque por muy rentable que parezca una obra y estos organismos tengan la seguridad que recuperarán su dinero, lo importante es que el país garantice tanto la deuda pública como privada, porque de esa manera lo mantendrá sometido a las reglas de la banca internacional.
Seguiré abordado el tema del Tren Maya en este espacio periodístico por la trascendencia social que tiene la obra en sí y las repercusiones políticas, económicas y antropológicas que tendrá, no solo por la millonaria inversión en dólares que requiere, sino porque impactará en millones de personas que actualmente viven en las cinco entidades federativas por donde se ha trazado la ruta de este proyecto como medio de transporte.
Con esta premisa, puedo decir que quien esto escribe, pone sobre la mesa el beneficio de la duda para el gobierno federal, porque nadie en su sano juicio querrá poner en marcha un proyecto de infraestructura para afectar a la población, sin embargo, la historia de la clase política mexicana, a la cual pertenecen quienes militan y gobiernan desde la IV transformación, evidencia que los buenos deseos quedan en el discurso, mientras que en el terreno de los hechos, es el pueblo al que le toca pagar los platos rotos, mientras que los inversionistas y políticos se llevan la mayor parte del pastel.
Esta columna busca convertirse en un espacio, que al menos semanalmente detalle a manera de bitácora, los asuntos que tengan que ver con este proyecto y su desarrollo, sus repercusiones que tarde o temprano se verán reflejadas en las bolsas de valores más influyentes del Mundo, porque las transnacionales que invertirán en el Tren Maya tendrán que cotizar a ese nivel para capitalizarse.
El impacto global que tenga la construcción del Tren Maya rebotará al territorio mexicano donde viven las personas actoras de carne y hueso, quienes a diario se enfrentan a la belleza y a la miseria de la Zona Maya, a sus selvas y cuerpos de agua y al ecocidio. 
Es tal el interés sobre lo que pase o deje de pasar con el Proyecto del Tren Maya, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de algunas de sus agencias, decidió participar como observadora en algunos temas y como asesora técnica en otros, al fin y al cabo ese es su papel como representante de los Estados, amortiguar los efectos que los gobiernos y los organismos financieros internacionales no puedan resolver de fondo.
La oficina de ONU-Habitat México, en el mes de mayo pasado firmó un convenio con el gobierno mexicano para proporcionar apoyo sustantivo y técnico a Fonatur en la Construcción del Tren Maya, documento que tiene los objetivos de saldar una deuda histórica con la región; reducir las desigualdades; mejorar la calidad de vida; y preservar el medio ambiente, el patrimonio cultural y la identidad histórica.
Este acuerdo de colaboración se divide en tres áreas: desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo territorial, regional y urbano. Hasta el momento se desconocen a detalle los avances del convenio, más que la reseña de algunos encuentros informativos con algunas comunidades entre los meses de julio y agosto de 2019.
Una agencia de la ONU que ha intervenido casi en todo el proceso del proyecto es la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, instancia que el día 19 de diciembre pasado hizo un fuerte llamado al gobierno mexicano al considerar que la consulta indígena desarrollada en los estados involucrados en la ruta del Tren Maya no cumplió la normatividad internacional, llamado que pasó sin pena ni gloria entre la opinión pública mexicana, la cual ya se encontraba imbuida en los festejos decembrinos.
En un comunicado, esa oficina de la ONU llamó la atención “en relación con el proceso de consulta indígena sobre el Proyecto de desarrollo Tren Maya, realizado del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019, el cual hasta el momento no ha cumplido con todos los estándares internacionales en la materia”.
Personal de la referida oficina asistió a cuatro de las 15 asambleas regionales informativas en Tenabo (Campeche) y Dzitás (Yucatán) el 29 de noviembre, y en Xpujil (Campeche) y Reforma (Quintana Roo) el 30 de noviembre. Asimismo, estuvo presente en ocho de las 15 asambleas regionales consultivas en Palenque (Chiapas), Tenabo (Campeche), Dzitás y Tunkás (Yucatán) el 14 de diciembre; y en Xpujil, Tenosique (Tabasco), Reforma y Xul-há (Quintana Roo) el 15.
ONU-DDHH recuerda que los estándares internacionales de derechos humanos establecen que la consulta y el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas debe ser previo, libre, informado y culturalmente adecuado. 
Reconoció la decisión del Gobierno de México de realizar esfuerzos para respetar, proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la consulta y el consentimiento para el proyecto mencionado y saluda la participación de múltiples entidades gubernamentales en el proceso, incluso a nivel de quienes encabezan algunas de las dependencias.
Respecto al carácter previo de la consulta y el consentimiento, la ONU-DH celebra que los diálogos con las comunidades indígenas de la región en relación con el proyecto hayan iniciado antes de su definición y ejecución, lo cual contribuye al cumplimiento de dicho principio. Este aspecto, positivo en sí mismo, difiere de la convocatoria y el protocolo de la consulta que señalan como uno de sus objetos establecer acuerdos con las comunidades respecto a su participación en la implementación y la distribución de beneficios, lo cual podría dar a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado de la consulta.
En cuanto al carácter informado, la Oficina observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar. Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa. La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada. No obstante esta circunstancia, desde las autoridades se avanzó a la etapa consultiva del proceso.
Durante las sesiones informativas y en la etapa consultiva, algunas autoridades manifestaron que la garantía de diversos derechos económicos, sociales y culturales no estaba condicionada a la aceptación del proyecto. Sin embargo, la ONU-DH observó que como consecuencia de la forma en que se presentó el proyecto y se desarrollaron las sesiones, las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta.
En cuanto a la adecuación cultural del proceso, es motivo de preocupación que la metodología del mismo no haya sido construida y acordada con las comunidades involucradas. Esto implicó que la definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en qué momento fuera establecida unilateralmente por las autoridades. En este sentido, la Oficina escuchó participaciones que indicaban que los tiempos de consulta fueron muy cortos, que las traducciones, cuando las había, no eran adecuadas, que muchas personas no pudieron desplazarse por falta de recursos económicos y que la mayoría de quienes participaron eran autoridades municipales y ejidales dejando fuera a otros grupos y personas que forman parte de las comunidades.
Preocupa de manera particular a la Oficina la baja participación y representación de las mujeres indígenas en el proceso, a pesar de los esfuerzos realizados en algunos lugares para asegurar su inclusión. La ONU-DH considera que éstos deben ser reforzados y ser culturalmente adecuados para lograr que la voz de las mujeres esté legítimamente representada.
A pesar de estas inconsistencias y otras señaladas por comunidades, organizaciones civiles, expertos y grupos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la consulta ya es cosa del pasado, solo un trámite, al fin y al cabo las licitaciones ya estaban en camino.

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