Miradas de reportero

Por Rogelio Hernández López 

Esta rebasado y a punto del colapso el modelo o paradigma gubernamental de México para proteger periodistas, ahora si lo reconocieron abiertamente los dos voceros de Presidencia Jesús Ramí­rez Cuevas y Jesús Cantú, también los responsables del tema en Gobernación Alejandro Encinas y Aarón Mastache. Lo machacaron con todas sus letras Luis Raúl González Pérez desde la CNDH y Jan Jarab representante de la oficina de derechos humanos de la ONU. 

Tuvieron que pasar casi cinco meses para que se hiciera esta aceptación explí­cita y se tradujera en un poco más de disposición, en el aparato del gobierno federal, para aceptar reuniones previas y hasta hacer anuncios de mejoras al mecanismo de protección federal y dos polí­ticas públicas nuevas: un fondo para financiar periodismo de investigación y un programa para incorporar al seguro social a periodistas vulnerables. Con todo y su importancia, esto representa apenas unos pasitos. 

La primera coalición en junio 

Cuando López Obrador cumplí­a 7 meses de asumir el mando el periodismo seguí­a resintiendo, con demasiada fuerza la atmósfera de violencia heredada. En ese mes fueron asesinados tres periodistas y ya sumaban 10 durante su corto gobierno. Pesaba, una oleada de despidos entre 3 mil reporteras y reporteros entre 2018 y 2019; además, el presidente acumulaba quejas por etiquetar a medios y periodistas, lo que incitaba a sus seguidores en redes sociales a iniciar linchamientos mediáticos. 

Ese mal clima para el periodismo ante el gobierno nuevo empujó a que el Committee to Protect Journalists (CPJ) de Nueva York invitará a otros cuatro organismos internacionales a que convocaran a un gran foro que le llamaron Cumbre de la libertad de prensa. Entonces, no sin esfuerzos, lograron la presencia de tres representantes del gobierno federal en lugar del presidente de la República y que estos mostraran disposición para enfrentar el problema, ubicarlo dentro de una crisis general y hacer unos pocos anuncios: 

El subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, se concentró entonces en reconocer que el Estado mexicano es débil, que le faltan capacidades institucionales y le sobran expresiones de corrupción; el periodista Jesús Cantú, en modo vice vocero de la Presidencia, afirmó que en el gobierno construí­an una agenda para transformar las relaciones prensa-gobierno donde incluí­an la protección a periodistas. Describió esa agenda en construcción: 

”Ley clara sobre publicidad oficial. (aún no existe) Revisar otras legislaciones relativas a concesiones y del espectro radio eléctrico (revisan los tiempos oficiales). Propiciar la democratización del ecosistema mediático para que fluya la información que tome en cuenta a todos los actores e incentivar el periodismo de investigación. Fortalecer a medios públicos y comunitarios que estaban olvidados y reprimidos en muchos casos (está en proceso). La profesionalización del ejercicio periodí­stico (nada). Garantí­as de ejercicio de libertad de expresión plena. Revisar el código civil (aún no), los códigos penales en varios estados (aún no), el secreto profesional (ya existí­a), la cláusula de conciencia (aún no). Transparentar la acción gubernamental (avances).» 

Y además hizo dos compromisos para lo inmediato, para lo prioritario: 

”Uno. Esclarecer perfectamente todos los crí­menes y cualquier agresión con el criterio de que la primera lí­nea de investigación sea el periodismo. (Ninguno se ha esclarecido desde entonces). 

”Dos. En la asignación de publicidad habrá transparencia total del Inai tanto de 2018 como de 2019 y se subirá en tiempo real.» (aún no ocurre). 

Empeoró y se agrandó la coalición 

Esto fue hace siete meses. Para noviembre de 2019 los diversos monitoreos de agresiones a periodistas indican que son entre 15 y 20 los periodistas asesinados de acuerdo con la definición de la ley de protección; que el í­ndice nacional de agresiones ha bajado un poco pero no a menos de 26 por mes, casi igual que en los peores momentos del gobierno de Calderón. Y peor aún porque los nuevos crí­menes hicieron que el í­ndice de impunidad regresara al 99 por ciento. La peor seí±al. 

Por todo eso este durante los dí­as 6 y 7 de noviembre, según la información pública, se mostró una coalición de 17 organizaciones mucho mayor a la de siete meses que fue de cinco y, esta vez, encabezada por la Unesco de la ONU. 

En esta ocasión tampoco lograron reunión especial con el presidente de la República, pero se aceptó que algunos periodistas de la misión participaran en la conferencia matutina del miércoles 6 y pudieran expresar que creció el descontento por lo que llaman estigmatización de los periodistas y medios de prensa en sus mensajes , lo que él negó que sea para todos, solo para los que son sus ”adversarios». Ahí­ no hubo avance. 

Ese mismo 6 de noviembre la misión fue recibida momentos por distintos funcionarios, lo que ocurrió en los gobiernos anteriores. De ello se emitió un comunicado de prensa, donde reportan algunos pocos compromisos pero acusan también que el ”Gobierno mexicano se niega a reconocer la crisis en materia de libertad de expresión». 

Los pasitos 

Los avances que informaron haber logrado durante sus reuniones son: 

-Una reunión semestral con la Fiscalí­a especial de atención para los delitos cometidos contra la libertad de expresión (Feadle) 

-Una mesa de trabajo para la implementación de las 104 recomendaciones que la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU hizo al Mecanismo federal 

-Una plataforma para consultar cada recomendación emitida por organismos internacionales y el estatus en que se encuentran. 

Al dí­a siguiente, el jueves seis, la UNESCO presidió en el Museo de Antropologí­a, el seminario internacional Fin a la impunidad de los crí­menes contra periodistas en América. En dos de las cuatro mesas, se presentaron más funcionarios del gobierno federal, de la fiscalí­a especial, el presidente de la CNDH y mostrarán otro poco de lo que han logrado estas coaliciones. 

El vocero presidencial Jesús Ramí­rez Cuevas anunció otros dos pasitos: ”una iniciativa de seguridad social para los periodistas mexicanos que no cuentan con ninguna protección de jubilación ni protección de salud» y ”un fondo para periodismo de investigación que será coordinado por la UNESCO». 

Quizá el mayor avance que logró la coalición fue el reconocimiento de que está agotado el modelo gubernamental de protección a periodistas. Ramí­rez Cuevas informó que ”está desbordada la capacidad del mecanismo de protección porque hoy acoge a más de 600 activistas y 400 periodistas» con casi los mismos recursos y personal que hace aí±os. 

Y esa concepción del agotamiento del modelo quien ofreció datos más concluyentes fue Aarón Mastache, Director General de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, responsable del Mecanismo de Protección, del que dijo: 

”Está agotado. Llegó el momento de cambiarlo» tiene un error original de ubicación… ”No es institución de seguridad, es administrativo», está dentro de una secretarí­a de diseí±o de polí­ticas públicas, que no es operativa. 

”En segundo lugar, no hay participación plena de los gobiernos de los estados, de sus fiscalí­as, tiene que redefinirse las funciones de la entidades inscritas en la junta de gobierno como la FGR que ahora es autónoma, como la Seguridad Pública que está por extinguirse… Hay que cambiar el modelo. 

El jefe de la oficina en México de los derechos humanos de la ONU, Jan Jarab al hacer un resumen de una de las mesas pareció hacer la conclusión principal de objetivos de la misión internacional. ”Los avances son posibles. Hemos logrado algunos, pero son demasiado lentos».

Graciela Machuca

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