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Decisión propersona, cuestionada políticamente

En la sección LA COLUMnita NECESARIAMENTE INCOMODA por el 24 octubre 2019 a las 11:37 am

Graciela Machuca Martínez

Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 10 de junio de 2011 ordenan que el Estado Mexicano a través de las normas relativas a los derechos humanos “se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”, lo que implica que el principio propersona, planteado tanto en textos teóricos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como en los tratados obligatorios para México, por fin se haya llevado al ámbito constitucional.
El principio propersona forma parte de del andamiaje que le da consistencia a los Derechos Humanos, al igual que la Dignidad de la Persona, que podemos observar desde la Carta de las Naciones Unidas (1948) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), pasado por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
Cada uno de estos instrumentos internacionales nos presentan un catálogo de derechos que tendrán que ser ejercidos y garantizados de acuerdo a la jurisdicción que tiene cada uno, pero todos van a coincidir en el Derecho a la Vida, quizás el único Derecho Humano absoluto, el cual no está a discusión. El resto de los derechos humanos son relativos porque se van a ejercer hasta donde empieza el derecho del otro. Como es el caso de la Libertad de Expresión.
La decisión que tomó el gabinete federal de seguridad, avalada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al liberar a uno de los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos, tiene la virtud de habérsele vinculado con el Derecho a la Vida de integrantes de la Guardia Nacional, decenas de familias de militares, así como del resto de la población civil de la ciudad de Culiacán que estaban en calidad de rehenes por parte docenas de hombres integrantes del brazo armado de uno de los carteles más poderosos de América Latina.
Se trató de un acto de gobierno y fue el gobierno quien asumió las consecuencias, tanto mediatas como inmediatas. 
Cuando desde el quehacer periodístico miramos los fenómenos sociales, políticos y económicos, desde un enfoque basado en derechos humanos, tenemos la oportunidad de ver otro tipo de escenarios de la compleja sociedad mexicana, lo cual nos permite ir más allá de la reproducción sistemática y oficiosa de las voces de los diferentes grupos de poder.
Si partimos que el Derecho a la Vida, es un derecho absoluto, sin entramparnos en reflexiones filosóficas y éticas o morales, nos encontramos que la decisión del gobierno federal, está legitimada porque evitó muertes, optó por salvar vidas, aunque ello haya sido política y jurídicamente incorrecto si hacemos un análisis ortodoxo del Derecho Positivo Mexicano.
Otro principio que se debe tomar en cuenta al mirar un hecho social o político desde el enfoque basado en los derechos humanos es el de ponderación de derechos: poner en una balanza a todos los derechos en juego y optar por proteger y garantizar al que beneficie más a las personas. En este hecho se buscó garantizar la vida de todas las personas involucradas, incluyendo a las mismas personas armadas que retaron al Estado mexicano.
Mi apreciación de los hechos desde una mirada derechohumanista, es compartida por otras personas, incluidas expertas en disciplinas diversas como Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia (E.U) y quien indagado sobre violencia en diferentes partes del mundo, incluidos países como México y Afganistán.
Buscaglia dice que lo que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “fue lo correcto” si con ello se evitó la masacre de efectivos militares y de personas inocentes en Culiacán, de acuerdo a una entrevista que sostuvo con la periodista Carmen Arestegui.
También expuso que “Cualquier militar del planeta te diría que no vale la pena masacrar a todos los efectivos que estaban acompañando, que son gente valiente, gente que se está jugando la vida con tal de capturar a un mafioso”. Además, recordó que en esta zona (Sinaloa) “durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto los delincuentes gozaban de una “protección implícita”.
La decisión de dejar en Libertad a Ovidio Guzmán, marca un antes y un después en el gobierno de López Obrador en materia de seguridad nacional, en política interna, en su relación con las entidades federativas, con esta decisión se pusieron focos rojos en la relación diplomática y comercial con Estados Unidos.
A partir del jueves 17 de octubre de 2019, el actual gobierno de México tiene menos posibilidades de recurrir a las responsabilidades de los gobernantes del pasado para justificar su actuar, ahora el escenario político lo obliga a asumir las responsabilidades como gobierno. A pesar que la clase política gubernamental cambió, el Estado mexicano sigue siendo el mismo y como tal tiene un papel definido que asumir.
Habrá que fincar responsabilidades administrativas e incluso penales para quienes incurrieron en negligencia para que el referido operativo no tuviera los resultados positivos obtenidos, pero además, se tienen que revisar las estrategias para poder gobernar. 
Una de ellas es aceptar la diversidad de ideas, asumir que vivimos en un país que de facto está gobernado por varios grupos de poder político y económico, que en este territorio vive uno de los hombres que así catalogado como uno de los hombres más ricos del mundo, pero que también sobreviven hombres y mujeres en condiciones similares de empobrecimiento similares a los países más violentos del continente Africano.
Aceptar que somos un país diverso y que la tolerancia es una obligación gubernamental para poder garantizar derechos humanos, nos permitirá como país superar los fanatismos que dividen aún más a un país fracturado no solo por el antagonismo social, sino en su esencia, como pueblo.
Comparto también lo dicho por Buscaglia en el sentido de crear “grupos de trabajo interinstitucionales coordinados por un juez de control”, los cuales estarían integrados por representantes de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República, y las fuerzas armadas, así como el Servicio de Administración Tributaria y Aduanas, “como hacen 67 países del mundo”.
La improvisación y el “hay se va” son condiciones culturales y política que se deben erradicar de ya en este país.

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