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Violencia contra la prensa promovida desde el gobierno

En la sección LA COLUMnita NECESARIAMENTE INCOMODA por el 30 agosto 2019 a las 6:48 pm

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez*

A pesar que en México se asesina a periodistas de manera constante y que ni los gobiernos de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, ni el actual del Movimiento Nacional de Regeneración Nacional (Morena), han sido capaces de generar políticas públicas eficaces para detener la violencia contra periodistas, el caso del asesinato del periodista Nevith Condés Jaramillo, adquiere una especial resonancia, a partir del reconocimiento del pueblos de Tejupilco, durante sus funerales. 
Condés Jaramillo se convirtió en el vocero de las inconformidades de la ciudadanía sobre el actuar de autoridades federales, estatales y particularmente municipales, en una comunidad de la convulsa región de Tierra Caliente, en estado de México.
Este asesinato se registró el día sábado 24 de agosto, en el municipio mexiquense de Tejupilco. A diferencia de la mayoría de los asesinatos de periodistas en México, que son perpetrados con armas de fuego, a Navith Condés Jaramillo le cortaron la vida a puñaladas, como lo informó en su momento la Fiscalía del Estado de México.
El cadáver de este comunicador fue localizado en una comunidad rural, cercana a la cabecera municipal de Tejupilco. La víctima era director del diario en línea El Observador del Sur.
Reporteros sin Fronteras documentó, por medio de entrevistas a colegas del periodista asesinado, “que lo amenazaron de muerte dos veces; una en noviembre de 2018 y otra en junio de 2019, como represalia por la información que había publicado. El reportero había denunciado estas amenazas ante el Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, pero éste a decir del Mecanismo no había continuado el tramite sin tener más detalles del porqué. Los compañeros de Nevith también señalaron que “había fuertes fricciones” con el alcalde de Tejupilco, Anthony Domínguez Vargas”, quien fue postulado por Morena.
Según Reporteros sin Fronteras, en 2019 más de 30% de los asesinatos de periodistas en todo el mundo han sido cometidos en México, “lo que lo ha convertido en el país más letal para la prensa, por delante de Afganistán y Siria, países en los que se han registrado cuatro asesinatos (en cada uno) en el mismo periodo”.
Para esta organización internacional con sede en París, los dos asesinatos cometidos más recientemente “revelan en gran medida la incapacidad e ineficacia de las autoridades federales y locales para frenar esta espiral infernal de violencia, sobre todo cuando funcionarios o políticos locales están involucrados directamente”. 
“Los investigadores deben demostrar la mayor imparcialidad, dar prioridad a la hipótesis de que el crimen pudo estar relacionado con su labor profesional e identificar lo antes posible a los responsables de los asesinatos de Jorge Celestino Ruíz Vázquez y Nevith Conde Jaramillo, casos en los que se sospecha que políticos locales estuvieron implicados”, señaló Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de Reporteros sin Fronteras (RSF). 
Durante los últimos meses han incrementado los señalamientos en contra del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, ya que la actual administración del gobierno federal no tiene ni idea de cómo atender el fenómeno de la violencia contra periodistas, a tal grado que en la Unidad de Derechos Humanos y en la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo sigue operando el mismo personal de la administración de Enrique Peña Nieto, a quienes se les ha cuestionado su falta de eficiencia y más que nada su falta de cultura derechohumanista.
Es tal el desprecio del gobierno federal hacia las personas periodistas y defensoras de derechos humanos que no se ha tomado la molestia de buscar a expertos en la protección y le dejó esta delicada responsabilidad al mismo equipo que dio resultados negativos durante el paso de Enrique Peña Nieto por la Presidencia de la República. El subsecretario Alejandro Encinas y el coordinador del Mecanismo, priorizan otros temas en su agenda y le dejan a los peñistas que se hagan bolas con la violencia contra periodistas y personas defensoras.
Organizaciones como Artículo 19 continúan engordando sus informes trimestrales con las agresiones a periodistas, entre más asesinatos haya, a este organización le va mejor, porque con sus estadísticas consiguen más recursos de fundaciones internacionales para defender la Libertad de Expresión en México, sin embargo, basta escuchar a periodistas desplazados, para conocer los verdaderos intereses de esta organización, pues después de semanas que los utilizan mediáticamente, los abandonan.
Recordemos el caso de Rubén Espinoza, a quien lo expusieron innecesariamente llevándolo de entrevista en entrevista, cuando llegó a la ciudad de México, procedente de Veracruz, en busca de apoyo, no hicieron nada para buscarle protección institucional, sabiendo que la organización no tiene la capacidad de brindar protección a particulares. El rechazo del gremio a Artículo 19, por este y otros descuidos, están a la vista y se han hecho públicos en foros abiertos por diferentes rumbos del país.
En este nuevo caso de asesinato a una persona periodista, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), salió con su habitual comunicado de condena “enérgica” y se sumó “a las condolencias hacia familiares y amigos de comunicador, y a quienes ejercen el periodismo en el Estado de México, al tiempo que demanda una investigación diligente y eficaz para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. De acuerdo con diversa información, el comunicador fue asesinado en un domicilio de la comunidad de Cerro de Cacalotepec, por heridas de arma blanca”.
Además, solicitó a la Secretaría de Gobierno y Fiscalía de Justicia, de esa entidad federativa, “implementar medidas cautelares a fin de salvaguardar la vida y seguridad de los familiares del comunicador, brindarles la contención emocional por tales hechos e investigar la posible relación del crimen con su actividad periodística, respectivamente”.
Para el organismo público nacional defensor de derechos humanos, descalificado en todo momento por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, con este homicidio “suman ya 153 los periodistas asesinados desde el año 2000, y 12 en lo que va de 2019. La violencia contra periodistas, en todas sus formas, es uno de los principales obstáculos para que nuestro país se consolide como una democracia, de ahí la necesidad de que las autoridades de los tres niveles de gobierno se aboquen en la prevención, protección e investigación oportuna de estos hechos. La CNDH se mantendrá atenta al desarrollo de las investigaciones”.
Mientras en Tejupilco pasaban los funerales de Navith Condés Jaramillo, en la ciudad de México, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó el pasado lunes 26 de agosto, un centenar de recomendaciones, con la finalidad de reforzar el Mecanismo de Protección.
El estudio destaca “la insuficiencia de recursos humanos y económicos para cubrir los requisitos legales y las necesidades de protección. Por ejemplo, subraya que mientras el número de trabajadores no aumentó desde el año 2014, cifra de personas protegidas creció hasta un 236%”.
La Secretaría de Gobernación para 2019 contemplan la protección de 1131 personas y con un gasto de 325 millones de pesos (equivalente a unos 16 millones de dólares), “pese a que el presupuesto asignado para el actual ejercicio fue de 207 millones de pesos (alrededor de 10,5 millones de dólares)”.
Otro apartado del estudio indica que no hay “un mensaje claro de priorización política que garantice su función principal de coordinar las acciones de la Federación y de las entidades federativas” para la protección de los afectados. 
*Periodista en el estado de Quintana Roo, consejera suplente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal.

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