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Inseguridad y los efectos en la Sociedad Quintanarroense

En la sección LA COLUMnita NECESARIAMENTE INCOMODA por el 12 agosto 2019 a las 9:13 am

Graciela Machuca Martínez

Mientras la clase política que opera en los diferentes niveles de gobierno siga actuando en función a los resultados del próximo proceso electoral, la sociedad quintanarroense seguirá siendo rehén de esos intereses, sin que las acciones de gobierno y políticas públicas estén diseñadas para atender las necesidades reales de la población.
Quienes ostentan el poder gubernamental actúan y hablan teniendo en la mente la imagen de una urna electoral y a la par, el logo de su banco de preferencia, ello provoca que tanto la política como el quehacer gubernamental se haya convertido en tareas patrimonialistas, propiedad de una persona o de un grupo de personas quienes, además, se sienten con el derecho divino de gobernar.
En la praxis de la política mexicana el principio de no reelección ya no tiene razón de ser porque la clase política se ha perpetuado en el poder, el sistema de partidos políticos ha permitido, al final de cuentas, que las mismas familias se roten el poder (auténticos e históricos cacicazgos).
Se viven dos realidades: la que enfrentan todos los días la clase gobernada y la que disfrutan quienes integran los grupos gobernantes, ambos sectores de la sociedad tienen una concepción diferente de la realidad.
Por ejemplo, en el sector de la seguridad ciudadana es en el que los gobernantes tienen una percepción distorsionada de la realidad, por lo que sus acciones no tienen los efectos de bienestar para la población, las personas servidoras públicas en su papel de agentes del Estado y por ser parte de la clase política en el poder, se sienten con el derecho de no ver, no escuchar, no sentir lo que vive la ciudadanía.
Festinan las cifras cuando, de acuerdo a la metodología con la que son elaboradas, desciende el índice de criminalidad, pero cuando aumenta, guardan silencio o descalifican a quien hizo la medición o culpan a factores externos a su gobierno.
Sin embargo, más allá del mundo de las estadísticas, a las autoridades encargadas de la seguridad pública les hace falta integran un equipo interdisciplinario e interinstitucional que tenga la capacidad técnica necesaria para elaborar un diagnóstico integral, tanto cuantitativo, como cualitativo sobre la inseguridad en Quintana Roo, con la finalidad de diseñar tanto acciones de gobierno, como políticas públicas para prevenir la inseguridad, identificar claramente cuáles son las causas con evidencia científica, porque solo así se podrán diseñar y emprender acciones de prevención.

Desde luego que el trabajo que queda por hacer será el doble y con mayor eficiencia y con los mismos recursos, se tiene que seguir enfrentando la inseguridad que día a día enluta Quintana Roo y destruye el tejido social, pero al mismo tiempo trabajar en la prevención, para que de manera gradual se vayan destinando más recursos a la prevención y menos a la reacción.
Desafortunadamente, el capital político de los gobernantes en turno disminuirá durante el periodo de transición, porque los resultados solo se verán a mediano y largo plazo, pero si no se actúa de inmediato, los efectos serán irreversibles y tendremos que dejar pasar la cuarta, la quinta y la sexta transformación, para que tanto el gobierno, como la sociedad estén preparados para el cambio, pero para entonces, Quintana Roo ya habrá tocado fondo y se tendrá que empezar de cero.

Ese diagnóstico tiene que ser desarrollado por los tres niveles de gobierno, pero sin enfoques político electorales, por lo que el diseño y desarrollo debe ser dejado en manos de científicos sociales, auxiliados por mujeres y hombres de otras ramas de la ciencia. El Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a descalificar a todo aquel que hace ciencia, con la falacia de que el tiene otros datos. Un diagnóstico de esta naturaleza no se puede dejar a los intereses de la clase política, porque como tal, su única metodología son los votos tangibles en una boleta electoral.
Hay evidencia de que los políticos encargados de administrar el desarrollo de la ciencia en México se han robado el dinero, pero el problema no se resuelve terminando con la ciencia, sino con la corrupción de los políticos.

Este país y cualquier otro, no saldrá adelante, si el presupuesto que se destina a ciencia, educación y cultura es menor al ocho por ciento del producto interno bruto que propone como mínimo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia la Cultura (Unesco).
Todos estos rubros presupuestarios tienen que ver con la elaboración de un diagnóstico integral para después diseñar acciones de gobierno y políticas públicas para prevenir la inseguridad y fomentar una cultura de respeto al estado de derecho, pero además, sentar las bases para emprender una campaña contra la impunidad y otra contra la corrupción, pero no basta con campañas mediáticas y discursos electorales, como con los que llegó a López Obrador a la Presidencia de la República, sino una campaña que sea parte de una ingeniería de Estado, por medio de la cual se eliminen las estructuras de corrupción que tienen vasos comunicantes entre sociedad y gobierno.
Para prevenir que la inseguridad, la violencia, la impunidad, sigan destruyendo a la sociedad quintanarroense, debemos saber que está pasando con las niñas, niños y adolescentes que viven en Quintana Roo y que a diario viven en la violencia, tanto por los mensajes que reciben a través de los medios de comunicación convencionales, las nuevas tecnologías, de la zona en que les tocó vivir y lamentablemente, cuando son víctimas directas.
Necesitamos saber los números de niñas, niños y adolescentes que son víctimas directas de esa violencia, porque hayan sido víctimas de algún delito, o su padre o su madre, o algún otro familiar, amigo o conocido hayan sido asesinados, lesionados, secuestrados, extorsionados.
El gobierno en Quintana Roo y en todo México ha sido incapaz de garantizar el derecho a la salud de la infancia, no tenemos evidencia científica de cómo se encuentra la salud mental, no solo de este grupo de población, sino de todo el pueblo quintanarroense y para prevenir la violencia debemos saberlo.
Para poder prevenir la violencia en una sociedad, debemos saber cómo está viviendo esa sociedad, debemos tener indicadores de salud física y mental, educación, alimentación, servicios públicos básicos, vivienda, transporte público, empleo.
Además, necesitamos conocer la forma de operar y tener claros los requerimientos de instituciones gubernamentales. Por ejemplo, muy poco sabemos de qué pasa en los hospitales, solo sale a la luz pública sus deficiencias, su malos servicios, la negligencia, pero desde el gobierno y desde la sociedad no hay un sistema para evaluar su funcionamiento y para ello se requiere saber cuáles son sus metas e indicadores y que recursos se les proporcionan para cumplir con esos objetivos.
El 4 de agosto pasado una declaración del doctor Ignacio Bermúdez Meléndez, director del Hospital General de Cancún, quien dio a conocer “que ante los gastos no programados solicitará una ampliación al presupuesto anual de la institución para el próximo año, que calculó en alrededor de mil millones de pesos, de entre 10 y 20 por ciento, esto sería aproximadamente 200 millones de pesos más”.

En esa entrevista dio a conocer que la principal causa de esa erogación imprevista “es la atención a los reos, de los que a la semana llegan a recibir una veintena, además de una cantidad similar de personas heridas en hechos violentos.

Según el servidor público “siempre ha habido violencia en Cancún, sobre todo circunscrita a regiones de bajo nivel socioeconómico, y destacó que antes agredían con arma blanca, lo que era atendido con curaciones, pero hoy es con arma de fuego y esto requiere cirujano general, traumatólogo, ortopedista, neurocirujano, cirujano de columna y otro cardiovascular, lo que reduce el riesgo de mortalidad de 80 hasta 50 o 60 por ciento”.
Quienes diseñan y ejecutan política pública para prevenir la violencia deben tener esta información en sus manos, pero hoy en día, trabajan sin un plan, y si alegan lo contrario, deben presentar evidencias y resultados positivos de su trabajo y olvidarse de las fechas de elecciones.


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