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Conferencia Nacional de Empresarios de Medios

En la sección LA COLUMnita NECESARIAMENTE INCOMODA por el 23 agosto 2019 a las 5:11 pm

Necesariamente Incómoda


Graciela Machuca Martínez*

En estos tiempos de crisis para el Derecho a la Información en México que llega a su clímax con el asesinato de decenas de hombres y mujeres que han decidido ejercer el periodismo como proyecto de vida, es alentador que surjan muestras de unidad dentro del gremio periodístico nacional como la naciente Conferencia Nacional de Empresarios de Medios (Coneme), la cual busca ser una instancia de interlocución y gestoría ante los tres niveles de gobierno, el empresariado nacional y las pequeñas y medianas empresas dedicadas a los medios de comunicación.
Este proyecto organizativo empezó a dar frutos durante su primer congreso realizado los días 26 al 29 de abril de 2019 en la ciudad de Durango, capital del estado del mismo nombre. El Segundo Congreso acaba de realizarse en la comunidad Tlacotlapilco, municipio de Chilcuautla, en el estado de Hidalgo, durante los primeros días de la segunda semana del mes de agosto.
Las personas empresarias de medios que decidieron unirse a este esfuerzo para hacer frente a las acciones de gobierno encaminadas a disminuir los recursos públicos destinados al rubro de comunicación social, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte del Artículo Sexto que dice: El Estado Garantizará el Derecho a la Información, entre sus metas tienen el rediseño de sus planes de negocios.
En los primeros documentos de la Coneme se argumenta que hoy en día se da un reparto inequitativo del presupuesto de los tres niveles de gobierno en lo que respecta a la publicidad gubernamental.
Retomando cifras de organizaciones como Fundar y Artículo 19, los promotores de esta naciente agrupación de empresarios, consideran que “no es sorpresivo que las administraciones federales, originadas en diferentes institutos políticos, den un trato desigual a los iguales, y que el 85 % de los recursos destinados a publicidad institucional llegue a unas cuantas empresas propietarias de medios de comunicación”, ya que sólo el 15 % se destina a difundir actividades oficiales en algunos medios impresos, electrónicos y/o digitales “que no pertenecen a ese grupo privilegiado”.

Previo a su primer congreso llevado a cabo en abril de 2019, la Coneme, por medio de un comunicado, consideró: “Quienes tenemos algunas decenas de años como empresarios de medios de comunicación y hemos lidiado con autoridades de diferentes partidos políticos que llegan a los gobiernos municipales, estatales y federales hemos vivido la experiencia de que todos, al final del día, se doblegan ante los poderosos, que utilizan toda la fuerza informativa para chantajear a quienes ostentan temporalmente el poder en cualquiera de sus niveles”.

“Los medios independientes hemos sobrevivido gracias a la creatividad de nuestros administradores, nuestros sacrificados trabajadores, y los convenios que hemos mantenido con gobiernos estatales y/o municipales, así como con empresarios locales, Cámaras de Diputados, organismos privados, etcétera.”
Las conclusiones principales de la Declaración de Durango dicen:
La creación de la agencia Nacional de Noticias de Coneme.
Realizar conjuntamente trabajos de investigación periodística regional y su verdadera difusión nacional.
Establecer un Programa de Presentación de Coneme para con todas las áreas de comunicación social de los tres niveles de gobierno, sociedad civil, organismos no gubernamentales, iniciativa privada y organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con los derechos y desarrollo de los periodistas.
Análisis de los nuevos lineamientos generales de los gobiernos en materia de difusión y publicidad institucional, al igual que la Ley General de Comunicación Social que establece como objetivo garantizar que la inversión en este sector cumpla con el compromiso de la democratización de los medios; a partir de los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y especialmente equidad y proporcionalidad, entre otros apartados.
Entre su código de ética se postula que los deberes esenciales de los empresarios de los medios son la búsqueda, la transmisión, la difusión y el comentario de las noticias y de la información, así como en la descripción de los sucesos. Respetar la verdad y el derecho que tiene el público a conocerla constituye el deber primordial del periodista.
De acuerdo con este deber, los propietarios de los medios defenderán, en toda ocasión, el doble principio de la libertad de investigar y de publicar con honestidad la información, la libertad del comentario y de la crítica, así como el derecho a comentar equitativamente y a criticar con lealtad.
Los propietarios de los medios, se comprometen a rectificar cualquier información publicada y revelada inexacta y perjudicial. El periodista guardará el secreto profesional acerca de la fuente de las informaciones obtenidas confidencialmente, entre otros cometidos.
Las conclusiones del Segundo Congreso se enfocaron a delinear acciones concretas como:
1.-Difundir nuestro compromiso de asumir y adoptar un propio Código de Ética que nos ciña a respetar la objetividad, la imparcialidad y evitar la publicación de las fake news, rumores y noticias sin fundamento y sin argumentos reales y válidos.
2.-Impulsar la capacitación y superación profesional de los afiliados a la CONEME para brindar siempre una verdadera función social. En especial la actualización del tema de innovación tecnológica y manejo de redes sociales a través de cursos on line o presenciales por lo menos cada tres meses.
3.-En materia de trámites gubernamentales se respaldará a los miembros de la CONEME en la realización de todos los trámites institucionales que se requieran para mejor beneficio de todos y fortalecer un bloque unificado que cumpla con las normas para poder obtener el registro en el padrón de proveedores del gobierno Federal.
4.-La Conferencia Nacional de Empresarios de Medios constituirá una comisión que se aboque a la presentación en paquetes de medias kit y documentación citada en el punto anterior para obtener autorización de campañas o pautas publicitarias tanto del gobierno de la República, como de los gobiernos estatales y municipales, según el caso.
5.-Ante el insensible e ilógico escenario de reducción de presupuestos a medios de comunicación, sobre todo en congresos estatales, los integrantes de la CONEME urgimos a los diputados locales que platiquen con nosotros antes de asumir ese tipo de medidas de reducción presupuestal dirigida a la difusión de los gobiernos, para que no se tomen decisiones que afectan tanto a la libertad de expresión como a las micro, pequeñas y medianas empresas comunicadoras que generan empleos a miles de personas en el país.
A la convocatoria de la dirigencia de esta naciente organización, se dieron cita 97 congresistas provenientes de 18 estados de la república mexicana. La dirigencia está integrada por Jaime Arizmendi González y Blanca Haydee Hernández Turrubiates.
Jaime Arizmendi, recordó que el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó en 2017 más de 11 mil 240 millones de pesos en Publicidad Institucional, monto del cual seis mil 875 millones de pesos fueron sobreejercidos.
También hizo referencia a otras cifras documentadas que durante el sexenio de Peña Nieto, el gasto dirigido a difundir su imagen en los medios de comunicación superó los 52 mil millones de pesos. Y de este monto, cerca del 50 por ciento se repartió en siete consorcios: Grupo Televisa, Televisión Azteca, Grupo Imagen (Cadena Tres, Imagen Radio y el diario Excélsior) Grupo Fórmula, el diario El Universal, la Organización Editorial Mexicana y Grupo Milenio.
“Sí, durante el régimen peñista, al cual muchas veces fustigaron sus conductores, articulistas y columnistas, esas empresas resultaron beneficiadas con el 47.6 por ciento del enorme pastel elaborado con dinero público. O sea, casi 25 mil millones de pesos, fueron a enriquecer las cuentas bancarias de tales corporativos comunicacionales”.
*Periodista en el estado de Quintana Roo y consejera suplente del Mecanismo de Protección a Persona Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dependiente de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal.


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