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Interrupción legal del embarazo, iniciativa de Decreto del gobernador, escondida por Martínez Arcila

En la sección LA COLUMnita NECESARIAMENTE INCOMODA por el 19 junio 2019 a las 9:25 am

Graciela Machuca Martínez

La corrupción, la opacidad, las trampas legales, la negligencia del presidente de la XV Legislatura del estado de Quintana Roo, Eduardo Martínez Arcila, vuelven a salir a la luz pública, cuando sin dar explicación alguna al pueblo de Quintana Roo, principalmente a las mujeres esconde y evita que se haga pública en la página web del Congreso la iniciativa de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones normativas del Código Penal del Estado de Quintana Roo.
Esa iniciativa de Decreto fue enviada al Pleno del Congreso por el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, el día 7 de abril de 2017, como una de las respuestas que su gobierno dio al grupo de trabajo que en ese entonces promovía la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), la cual fue recibida con entusiasmo y esperanza por activistas en pro de la interrupción legal del embarazo antes de la doceava semana.

Dicha iniciativa sigue tomándose como piso para otras que han ido surgiendo desde esa fecha. La iniciativa de Decreto del gobernador de Quintana Roo para reformar y adicionar preceptos del Código Penal de esta entidad, han logrado unificar criterios sobre el tema entre el titular del Poder Ejecutivo estatal y las organizaciones civiles de la sociedad civil, lo cual poco le importa a Martínez Arcila.
En ese documento, leído en el pleno del Congreso, el cual lo turnó a comisiones, debió haberse publicado en el sistema digital del Congreso, lo cual no se hizo, como ha ocurrido con muchas otras iniciativas, incluso con leyes o reglamentos aprobados y listos para enviarse al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación, como sucedió recientemente con el Reglamento Interno del Congreso, que después de muchos meses se promulgó y publicó pero del cual desaparecieron todos los antecedentes para poder dar una nueva versión que beneficie a Martínez Arcila y a sus aliados.

Esta iniciativa de Decreto ya debió analizarse en comisiones y luego en el pleno, para que este la debatiera y aprobara, pues representaría un avance sustancial en la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como lo establecen las reformas constitucionales en materia de derechos humanos que entraron en vigor el 10 de junio de 2011.

Dicha iniciativa, Martínez Arcila la debe tener en un cajón escondido en el sótano del edificio del Congreso, propone reformar y adicionar los artículos 93 y 96 del Código Penal del Estado de Quintana Roo para evitar se sancione a las mujeres por interrumpir legalmente el embarazo.

Desde luego que ese documento fue elaborado desde el Poder Ejecutivo por razones políticas del momento, porque era necesario y urgente dar respuesta a las recomendaciones que hizo el grupo de trabajo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), en especial a la recomendación 10, respecto a la armonización legislativa de acuerdo a los estándares internacionales con perspectiva de género.

Esta iniciativa de Decreto fue enviada por el gobierno del estado a la CONAVIM, al INMUJERES y presentada ante todo el grupo de trabajo, pero todo quedó en papeles y discursos, porque el Congreso de Quintana Roo, no hizo su tarea completa, por razones que Martínez Arcila le debe dar a conocer al pueblo de Quintana Roo.

Es necesario que la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la academia y todos los sectores de la sociedad quintanarroense le preguntemos a esta persona, que será diputado plurinominal por tres años más, con qué criterios legales y éticos decidió guardar documentos tan importantes como esta iniciativa de Decreto.

Martínez Arcila, así como sus aliados y protectores tienen mucho que explicarle al pueblo de Quintana Roo, no solo de los cientos de millones de pesos que no están justificados de acuerdo a la normatividad, el incremento de los presupuestos, la falta de transparencia en el quehacer legislativo y en la administración del presupuesto del Congreso, sino la falta de productividad legislativa, pero además, las pocas leyes que fueron aprobadas, en lugar de beneficiar al pueblo, lo perjudican. 

Hablar en términos de transparencia y rendición de cuentas no solo basta que las personas servidoras públicas te digan en que se gastaron cada peso del presupuesto, sino que le expliquen a la ciudadanía cuales fueron los criterios para tomar tal o cual decisión y de qué manera, esas decisiones afectaron al pueblo o a determinados sectores de la sociedad.

En la cultura de la transparencia y en la rendición de cuentas, aún falta mucho por hacer. Las personas servidoras públicas deben responder a la calidad de sus servicios, como integrantes de la sociedad debemos saber si son aptos para desempeñar las tareas para los que fueron contratadas, pero en Quintan Roo, hoy en día eso es imposible, porque en la clase política que se apodera de la administración pública, el único interés que la mueve, es el dinero, el dinero público y se olvidan de sus obligaciones con la colectividad a la cual deben servir.

El tiempo que Eduardo Martínez Arcila ha estado al frente del Congreso de Quintana Roo han sido insuficientes para él para homologar la normatividad a los estándares internacionales en materia de derechos de las mujeres y en otros muchos rubros establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

En estos tiempos en que los partidos políticos y sus mecenas se han apoderado de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es viable la reelección de personas legisladoras, pero deben existir sistemas de avaluación regidos por principios técnicos y éticos. 
Un legislador que llegó a la curul por el principio de representación proporcional, solo debería ser susceptible de reelección por el principio de mayoría relativa, porque de esa manera tendría que salir a la calle, tener contacto con los potenciales electores para ser evaluado, de otra manera solo queda su reelección como acto de autoritarismo y complicidades entre la misma clase política.

Ahora, bajo el escudo de la ley, vivirá del presupuesto público que paga el pueblo de Quintana Roo, para que durante los próximos tres años, no sea llamado a cuentas por la justicia penal y civil y tendrá el tiempo suficiente y los recursos para cubrir sus irregularidades o pagar el silencio de quienes estarán al lado de él, “representando los intereses del pueblo”. Y como dijo el clásico….Aun Hay Más!…..mucho más!….

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