Prensa-QR: Carlos Joaquí­n, la criminalización de los medios y su inminente transformación

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La relación de los medios y el gobierno tomó un giro completamente inesperado en la novel administración de Carlos Joaquí­n. Un amplio sector de la industria de los medios y de los propios periodistas no imaginaron un escenario como el que ahora prevalece en el estado y que está forzando a la comunidad informativa a una inminente transformación.
Por: Esmaragdo Camaz/
https://www.expedientequintanaroo.com/2016/11/prensa-qr-carlos-joaquin-la.html?m=1
El miércoles 9 de Noviembre en un evento patrocinado por el gobierno de Quintana Roo, la asociación de defensa de periodistas, Artí­culo 19, esbozó el modelo de medios que el gobierno de Carlos Joaquí­n pretende imponer durante su sexenio, que apenas inicia.

La pregunta fue directa: ¿Este gobierno debe dar convenios de publicidad a los medios de comunicación? Y esta fue la respuesta de Pablo Maldonado, oficial del programa legal de Artí­culo 19:
El tema de la publicidad oficial… empezar a destruir ese discurso y a diluirlo de que es un derecho de los medios, son recursos disponibles, pero otra vez, si los medios siguen dependiendo de la publicidad oficial van a desaparecer y más, yo entiendo la situación económica, no es fácil, no es fácil conseguir patrocinadores privados pero creo que vale la pena buscar modelos de negocios, modelos empresariales que garanticen la no dependencia de la publicidad oficial que llega a ser hasta de un 99 por ciento, un 90 por ciento en muchos casos, entonces sí­ nos parece que ha generado un incentivo perverso la publicidad oficial de manera indiscriminada y justo regularla es un incentivo favorable para que busquen modelos de negocios asequibles para que no todo dependa del gobierno, y otra vez como efecto dominó, es buscar mejores prácticas periodí­sticas, códigos de ética, etc, etc, todo esto que está relacionado, derechos de las audiencias, réplicas, etc, etc.
Este discurso es lapidario para la industria de los medios de comunicación establecida en Quintana Roo. Y la posibilidad de que la actual polí­tica de medios del gobierno de Carlos Joaquí­n genere la desaparición de varios medios locales por la ví­a de la negación de la publicidad oficial es real.
El discurso del enviado de Artí­culo 19: ”Si los medios siguen dependiendo de la publicidad oficial van a desaparecer», es una clara forma de avalar, de legitimar, el propósito del actual gobierno de Quintana Roo y preparar el terreno para lo que viene.
Esta obsesión de Carlos Joaquí­n contra los medios de comunicación de Quintana Roo surge a partir de una serie de agravios que en el pasado reciente le propinaron diversos periódicos, columnistas y comunicadores, incluso algunos de ellos desde el propio sistema informativo gubernamental. Esta una historia —me parece- ya muy conocida por el público e innecesaria volver a detallar ahora.
No es difí­cil imaginar el exterminio de algunos medios en este nuevo escenario. No hay que ser genio para saber —como dice Artí­culo 19-, que la mayor parte de los ingresos de los medios establecidos en Quintana Roo proceden de la publicidad oficial. Si el gobierno elimina este gasto no será el fin de industria, pero sí­ al menos de algunos periódicos que están en la primera lí­nea de la revancha de Carlos Joaquí­n, pues por sus altos costos de producción en papel y sus abultadas nóminas, difí­cilmente podrán sobrevivir junto con sus cientos de empleados.
Como ya lo informé en un artí­culo anterior, el gobernador está decidido a no otorgar convenios de publicidad. No es una influencia de los poblanos, no son sus asesores. Esta es una decisión personal del mandatario. Hasta la fecha nadie del gobierno estatal ha desmentido este dato. Y en este nuevo escenario, la sobrevivencia de los periódicos y de algunos otros medios impresos es muy incierta.

Hay otro factor que tampoco abona a favor de los medios quintanarroenses. Carlos Joaquí­n tiene el registro de que no necesitó de la prensa para su triunfo electoral. Y tiene razón. El entonces candidato penetró en el ánimo del público victimizado por un sector de los medios de comunicación controlado por el ex gobernador Roberto Borge y de esa forma alcanzó la gubernatura. Es una paradoja que estos excesos de la prensa local en contra del candidato opositor hayan obrado en su momento a favor del hoy mandatario estatal. Es obvio que como candidato, a Carlos Joaquí­n le convino más ser victima que victimario y por eso nunca procedió legalmente en contra de aquellos medios de quien se sintió difamado, aún cuando —como todo agraviado- siempre tuvo las herramientas jurí­dicas para hacerlo.
Carlos Joaquí­n también presupone que con el Twitter, el Facebook, troles y boots, tiene los medios suficientes para comunicar sus acciones de gobierno. No es ajeno al poder de las redes sociales y parte del premisa lógica de que si ganó con ellas antes, ahora podrá seguir gobernando con estas mismas plataformas.
Pero en este nuevo escenario para la prensa quintanarroense, los medios y los periodistas también están migrando a Twitter y Facebook, es decir, se están colocando en la misma arena en la que Carlos Joaquí­n piensa continuar dando batalla. Las redes sociales tienen el mí­nimo costo y las noticias difundidas a través de estas plataformas literalmente estallan en las manos del público. La batalla ahora se juega en el teléfono celular.
Cualquier profesional de la comunicación masiva sabe que el público se deleita, disfruta, bebe, devora —literalmente-, toda aquella información que exhibe a los polí­ticos, a los funcionarios de gobierno y sobre todo a los gobernantes. No importa de quién se trate, esta es una regla que no falla y ahora en las redes sociales esto se multiplica y se sobredimensiona como nunca antes. Sólo se necesita un gobernador que de la nota para que se produzca este efecto. Y Carlos Joaquí­n ya demostró ser un buen productor en este sentido. No es lo mismo ser candidato opositor que gobernante desinflado.
La intención deliberada de ahorcar a los medios de Quintana Roo con la suspensión de la publicidad oficial no acabará con el periodismo. En esta nueva circunstancia, los medios y los periodistas de Quintana Roo están trabajando con mayor libertar usando las redes sociales. Esto se va a multiplicar de forma exponencial y en poco tiempo veremos —literalmente- un ejército de experimentados periodistas que enriquecerán los muros de Twitter y Facebook con excelente literatura, revelaciones e información documental.
Ya existen casos de compaí±eros de larga trayectoria profesional que aportan contenido informativo de calidad y en ocasiones incluso en versiones multimedia, alimentando la voracidad de un público que siempre está actualizando sus muros para consumir más y más información.
Con o sin el apoyo del gobierno de Carlos Joaquí­n, los medios y los periodistas quintanarroenses continuará haciendo su trabajo. Un destacado colega establecido en Chetumal me dijo hace unos dí­as en torno a su propio medio: ”Trabajaré con los que quieran hacerlo, por suerte existen muchas opciones y quizá así­ hasta tengamos más libertad para trabajar».
Pero en la polí­tica de medios del gobierno de Carlos Joaquí­n todaví­a hay algo mucho peor que la resistencia de otorgar publicidad oficial a los medios quintanarroenses. 
La criminalización de los medios.
El enviado de Artí­culo 19 expresó: «Nos parece que ha generado un incentivo perverso la publicidad oficial de manera indiscriminada». ¿Perverso? ¿Es que acaso la venta de la publicidad ahora es un ilí­cito? —me pregunto. En este nuevo gobierno de Carlos Joaquí­n parece que sí­, a juzgar por lo que está sucediendo y que ya se diseminó en el ambiente del periodismo local.

Pocos dí­as después de su llegada al cargo, los troles y personajes afines a Carlos Joaquí­n han desplegado en las redes sociales convenios de publicidad signados por medios de comunicación y periodistas con el gobierno estatal saliente y con algunos municipios también, dándole a estas revelaciones un sentido criminal.
Como ya es de todos conocido, la presidenta municipal de Cozumel, Perla Tun, fue más allá y personalmente presentó en rueda de prensa una lista de convenios de publicidad vigentes durante la administración del ex presidente Fredy Marrufo. La alcaldesa también le dio a esta exhibición un sentido criminal.

En todos los casos la exhibición de estos contratos de publicidad se aderezan con insultos y frases de odio que llaman al linchamiento popular en agravio de los periodistas. A los convenios de publicidad se les acompaí±a con citas de la pobreza en la zona maya, o la falta de servicios públicos y sociales en los municipios y/o en general con la pobreza, las carencias y la desigualdad que priva en el territorio estatal. Esto es una clara manipulación del estado en detrimento de la imagen de la clase periodí­stica y en consecuencia también es un atentado a la libertad de expresión. El estado también promueve una corriente de opinión para indilgar a los medios y a los periodistas la responsabilidad del quebranto financiero del estado. 
No sobra decir que los contratos de publicidad exhibidos públicamente con fines de descrédito son legales. Las cantidades ahí­ seí±aladas están facturadas por personas fí­sicas o morales —entiéndase empresas- y para su pago cada medio entregó al cliente el respaldo correspondiente con el que acredita la publicación contratada. 
En cuanto a los montos de los contratos por publicidad, el público debe saber que en materia de precios por este tipo de servicios no existe una regulación y están sujetos básicamente a la oferta y la demanda. En todos los medios convencionales, impresos, radio y televisión, el costo de la publicidad gubernamental es mayor a la comercial. Así­ ha sido siempre, al menos desde que yo ejerzo, de eso hace 35 aí±os.
Otro factor relacionado al costo de la publicidad es el nivel de la audiencia que cada medio posee. Quizá parezca una ociosidad mencionarlo, pero los medios de comunicación —a diferencia de lo que muchos creen-, no venden espacios, lo que venden es al público, o sea, al lector, al radio escucha, al televidente, al cibernauta. Es decir que —por ejemplo-, ”yo te vendo 10 mil lectores diarios por un precio X dentro de una parte de mi medio delimitada en tal o cual medida o en tal o cual tiempo de transmisión», según sea el caso.
Todos los medios que venden publicidad entregan a sus clientes un reporte detallado de los horarios y/o espacios en los que sus anuncios han sido transmitidos o publicados en cualquiera de los formatos antes descritos. De esa forma el medio en cuestión cumple cabalmente con el servicio que presta a sus clientes, sin importar si éstos son el gobierno o una empresa privada.
Respecto al contenido de la publicidad oficial, el público debe saber que el cliente es quien decide qué publicar en el espacio contratado y en el caso del gobierno no es la excepción.
El público -la mayor parte de la veces alentado por polí­ticos desfavorecidos-, se deleita haciendo escarnio de nosotros los comunicadores acusándonos de periodistas ”chayoteros» cuando ven medios atiborrados de boletines oficiales que hablan de las bondades y las ”maravillas» que el gobernador dice hacer y que a la vista del lector, del radioescucha, del televidente o del cibernauta, no son más que puras mentiras del mandatario. 
Esos boletines oficiales son la prueba de que el medio contratado está cumpliendo a cabalidad con los espacios que el gobierno contrató para difundir su obra de gobierno. Y esto no es motivo de vergí¼enza ni mucho menos. Tampoco es un hecho ilí­cito como quiere el estado ahora hacerle creer al público.
Y si a ilí­citos vamos, nunca que yo recuerde un trol o un personaje afí­n a Carlos Joaquí­n ha explicado públicamente que los contenidos de los boletines del mandatario sí­ son ilegales. El público debe saber que la Constitución Mexicana prevé que la publicidad oficial deberá abstenerse de promover la imagen del gobernante en turno. 
El penúltimo párrafo del Artí­culo 134 de la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos advierte:
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o sí­mbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Y el Artí­culo remata con otra advertencia:
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.
No sobra destacar que en los boletines del actual gobierno estatal lo primero que brilla es el nombre y las imágenes de Caros Joaquí­n. No exagero al decir que en los eventos públicos el gobernador posa constantemente a petición de su fotógrafo personal que se empeí±a en retratarlo a cada paso en la búsqueda de su mejor ángulo. Puedo dar testimonio de eso. Aunque a la vez hago mi más sentido reconocimiento al compaí±ero periodista-gráfico que cumple a cabalidad, profesionalismo y con excelentes resultados, el honesto trabajo para el que ha sido contratado.
Como comunicadores también debemos reconocer que en esta relación de los medios y su principal cliente el gobierno, lo deseable y lo correcto es que los periodistas puedan publicar siempre una nota crí­tica junto a un boletí­n oficial a fin de balancear la información como deberí­a ser. Pero en el México real las cosas son así­.
¿Quién que haya sido reportero —me cuento entre ellos-, podrá desmentir la decepción que nos produce una maí±ana en la que con asombro vemos que nuestro medio no nos publicó una nota de impacto que creí­mos serí­a la noticia principal de ese dí­a, no sólo de nuestro periódico, radio o televisión, sino incluso la más destacada de toda la prensa? Y peor es el trauma cuando es tu primera vez.
En alguna ocasión me quejé con mi jefe de información por qué el periódico no me habí­a publicado varias notas en una misma semana. Entonces el director del diario me mandó a llamar a su oficina y me cuestionó: ¿No te pagaron la quincena? ¿Se te debe algo? ¿Entonces? Ese dí­a me quedó claro cómo eran la cosas.
Y esta situación no ha cambiado en el paí­s, tampoco en Quintana Roo. El gobierno otorga un contrato de publicidad y el medio contratado termina aprendiendo a medio navegar entre dos aguas tratando de mantener el equilibrio entre lo ético y lo económico que le permita pagar la nómina, los costos de producción y sobre todo mantener la supervivencia del medio. Una tarea nada fácil.  
Debo agregar que ahora en éste nuevo ”gobierno del cambio» también están sucediendo cambios en la lí­nea editorial de medios a fines a Carlos Joaquí­n. Quienes antes fueron una prensa aguerrida, muy combativa, ahora son reconocidos entre el público como medios oficialistas. En lo personal esto último no me es motivo de crí­tica sino por el contrario, entiendo lo que estos compaí±eros están viviendo en estos momentos.
Me parece que sólo un estadista le permitirí­a a la prensa de su estado publicar una nota crí­tica junto a su boletí­n oficial sin que esto trajera represalias de ningún tipo al medio contratado y/o al periodista en cuestión. Pero hasta ahora Quintana Roo no ha tenido un gobernante así­. O como me dicen mis colegas cuando hablamos de estos temas, ”sigue soí±ando».
El público también debe saber que las represalias del gobierno contra los periodistas y los medios que publican información crí­tica van mucho más allá del retiro de la publicidad gubernamental. En otros casos hay agresiones fí­sicas, como ha sucedido hace poco en Playa del Carmen. Amenazas veladas, acoso de policí­as como lo comentaré más a detalle lí­neas abajo y otras acciones que redondean lo que conocemos como atentados a la libertad de expresión, por decir lo menos.
En conclusión y respecto a los convenios de publicidad con el gobierno, es justa y necesaria la revisión de los mismos y que su aplicación sea con los criterios adecuados a fin de evitar excesos e ilegalidades en caso de haberlas. Que se transparenten dichos contratos para que el público en su justo derecho tenga conocimiento del uso del dinero público y que éstos contratos publicitarios no sean usados por el gobierno para controlar a los medios o a los periodistas en ningún sentido. 
Por otra parte el público también debe saber que los periodistas todos somos susceptibles de que se nos aplique la ley cuando cometemos un delito aún en el ejercicio de nuestra profesión. La Fiscalí­a de Protección a Periodistas nos defiende pero también la Justicia nos reclama si incurrimos en un ilí­cito. Hay casos de periodistas en México y en Quintana Roo que han sido demandados por la ví­a civil o penal, según el delito cometido. Puedo afirmar que no conozco a un comunicador que se oponga a que existan leyes que nos castiguen en caso de cometer un ilí­cito.
Otra de las duras crí­ticas del público contra los periodistas es lo que consideran el grosero enriquecimiento de algunos colegas que en efecto han amasado grandes fortunas. Sobre este particular la gente debe saber que esto no es una generalidad. Lo cierto es que éstos casos son la minorí­a, pese al legí­timo y frustrado deseo de muchos compaí±eros de poder tener una vida económicamente más desahogada con el fruto de su trabajo. Por otra parte, también es justo decir que algunos colegas han resultado económicamente exitosos producto del honesto y tenaz trabajo que desempeí±an y esto no debe ser motivo para satanizarlos.
Artí­culo 19, ¿Defensa a Periodistas?
En otra parte de su exposición el Miércoles pasado, el enviado de Artí­culo 19, Pablo Maldonado, citó a iniciativa propia, el caso del gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Explicó que en algún momento este mandatario exhibió los convenios de publicidad de un periodista local al que públicamente insultó llamándolo chayotero, corrupto, pseudo-periodista, chantajista, etc., hechos que le sirvieron al expositor de Artí­culo 19 para ejemplificar —dicho en sus propias palabras-, la criminalización de la publicidad oficial.

Esta cita del caso Corral me pareció la oportunidad ideal para hacerle ver al enviado de Artí­culo 19 que en Cozumel habí­a sucedido prácticamente lo mismo con la presidenta municipal Perla Tun. Me manifesté en contra del agravio a los periodistas cozumeleí±os y expuse que en tal caso si habí­a delito qué perseguir, se procediera en contra de los culpables, pero que no se exhibiera a los compaí±eros con tintes criminales como lo está haciendo la alcaldesa. También le informé que a los periodistas quintanarroenses se les ha estigmatizado públicamente en redes sociales con el mote peyorativo de ”Las Putas de Borge» en detrimento y clara agresión al desempeí±o de su trabajo.
Para mi sorpresa, la respuesta del ”defensor de periodistas» fue —primero-, esquiva:
El tema de la exhibición de periodistas por parte del estado ha sido materia de otros conflictos en otros paí­ses incluido Venezuela… ahí­ estamos hablando de casos extremos…
Después de esta introducción como que quiso defender al gremio:
Hay que diferenciar mediante una respuesta a un infundio, a una calumnia, que yo creo que es válida de los mecanismos institucionales a lo que acaba de hacer por ejemplo el ejemplo que puse de Javier Corral, es un mal periodista, ojo con los calificativos, desde el estado no va, lo que va es el debate, la información que se está difundiendo sobre el sistema en sí­ precisa por tal, tal, no? Pero lo primero que se hace es el estigma o el recurso legal, entonces ahí­ es donde no hay ejercicio de contraste, ahí­ es donde no hay pluralidad informativa y no se da pie. A mi me parece que hay otros mecanismos y el tema de la exhibición como tal cuando sí­ es una exhibición de periodistas, ese es un mal periodista, a mi me parece que es sumamente grave y no abonan, solamente generan más tensión, más polarización.
Pero en el siguiente párrafo el enviado de Artí­culo 19 concluyó el tema sin ofrecer ningún tipo de apoyo o respaldo a los compaí±eros cozumeleí±os que ahora mismo están viviendo el vituperio y la estigmatización pública propinada por la alcaldesa Perla Tun:

Si hay alguna persona dentro del ámbito periodí­stico que se prestó a corrupción, que se prestó a cohecho ¿no? Que se prestó a una serie de ¿no? Donde hay implicado un funcionario pues que se realice la investigación correspondiente, ese es en otro ámbito las responsabilidades que se puedan dar por corrupción, si fueron coautores, si fueron cómplices de corrupción, ahí­ sí­ es otro boleto, el tema de los dineros ¿no? que ha estado muy presente en el foro, a mi me parece que ahí­ es otro nivel y si hay que responsabilizar tanto a funcionarios como a quien estuvo de acuerdo en recibir todos esos recursos en su beneficio, eso a mi parece fundamental, es uno de nuestros pilares de nuestro sistema nacional anti corrupción actual, no es un sistema que solamente genera responsabilidades en torno al gobierno y a los funcionarios públicos, que sí­ son los principales responsables, pero recuerden que hay temas en donde también ya hay responsabilidad de particulares, o sea a mi me parece que deberí­a haber responsabilidades en ese sentido.
Llama la atención que el Miércoles 9 a los directivos de Artí­culo 19 no les interesó la agresión a los periodistas cozumeleí±os exhibidos y criminalizados por a la alcaldesa Perla Tun por convenios publicitarios del pasado reciente. Pero en cambio dos dí­as después esta misma organización de defensa de periodistas emitió en su sitio de Internet una alerta bajo este tí­tulo: ”Alcalde de Guanajuato criminaliza a medio local por cobertura crí­tica». La alerta es en contra del alcalde de Cortazar, Guanajuato, Hugo Estefaní­a Monroy, quien exhibió y acusó públicamente de extorsionador a un periodista local. 

Artí­culo 19 es hoy una organización diferente a la que yo conocí­ en 2011. En ese entonces el gobierno de Roberto Borge me puso en la puerta de mi casa a la Judicial para amedrentarme por ejercer un periodismo crí­tico. Interpuse una denuncia ante la PGR por esos hechos y luego algunos presidentes municipales que habí­an contratado publicidad en Expediente Quintana Roo, me hicieron saber que por órdenes del entonces gobernador debí­an retirarme los convenios so pena de ”chingárselos», hechos por cierto que fueron del conocimiento del entonces diputado federal Carlos Joaquí­n, quien en algún momento me hizo una llamada telefónica solidaria.
En ese contexto, Articulo 19 me prestó asesorí­a jurí­dica. Una abogada se tomó la molestia de venir a Cancún para escucharme y hacerme sentir que yo no estaba solo. En esa reunión —a la que asistí­ con mi esposa-, la litigante defensora de los periodistas nos fortaleció y nos hizo saber que era nuestro derecho como periodistas acceder a la publicidad oficial y comercial y que no debí­a haber impedimento para ello. 
Es por ello que en un artí­culo anterior mencioné con pleno conocimiento de causa que esta organización Artí­culo 19, avalaba como un derecho de los periodistas, la comercialización de nuestros espacios publicitarios ante el gobierno o con la iniciativa privada por igual.
Y ese es el otro punto que me extraí±ó de sobremanera el Miércoles pasado en la exposición de Pablo Maldonado. El enviado de Artí­culo 19 se presentó con un discurso totalmente opuesto al que esa misma organización me informó apenas cinco aí±os atrás. Dijo esto:
”El tema de la publicidad oficial… empezar a destruir ese discurso y a diluirlo de que es un derecho de los medios, son recursos disponibles«. No sobra mencionar que esta nueva postura fue repetitiva durante las dos horas del foro y que una lí­nea de texto en este sentido está incluida en el documento que fue distribuido entre los presentes, mismo que está publicado en el sitio de Artí­culo 19.
En lo personal y habiendo vivido una experiencia previa en el tema de la agresión a los periodistas y contrario a lo que hoy dice Artí­culo 19, considero que el acceso a la publicidad gubernamental así­ como a la comercial, sigue siendo un derecho que nos asiste como periodistas, pues ésta es una actividad lí­cita, entendiendo que a los gobiernos de los tres niveles así­ como a la iniciativa privada les asiste el derecho de contratar con absoluta libertad espacios publicitarios con los medios que consideren que más les convengan. Aunque en el caso especí­fico del gobierno —siendo este un ente público-, deberí­a asignar los contratos de publicidad en base a criterios alejados de algún tipo de discriminación y de forma transparente.
El lector puede consultar si lo desea la alerta que Artí­culo 19 emitió en 2011 sobre el caso Expediente Quintana Roo en cualquiera de estas ligas: http://articulo19.org/mexico-ataque-cibernetico-en-contra-de-tres-medios-digitales-de-quintana-roo/ y/o http://www.expedientequintanaroo.com/p/mexico-ataque-cibernetico-en-contra-de.html
El Miércoles pasado, Artí­culo 19 se ajustó a una agenda previamente armada que denominó ”Pendientes sobre libertad de expresión y derecho a la información en Quintana Roo». Desde el inicio de su exposición, Pablo Maldonado centró su discurso en lo que dijo ser los casos Luces del Siglo y Pedro Canché, para los que pidió resarcir los daí±os por las agresiones de las que fueron objeto durante el gobierno anterior. Una petición -me parece- muy justa para quienes fueron agraviados en el pasado reciente.
A lo largo del evento el enviado de Artí­culo 19 insistió reiteradamente y citó en múltiples ocasiones como un ejemplo el caso del comunicador encarcelado en el pasado reciente en Felipe Carrillo Puerto. Da la impresión de que en la visión del gobierno de Carlos Joaquí­n, Pedro Canché es el prototipo del periodista quintanarroense.
La exposición de Maldonado también fue insistente en el tema de los excesos de Roberto Borge contra la prensa quintanarroense, pero nunca hizo mención de los casos de agresión a periodistas y ataques a la libertad de expresión registrados ya en este nuevo gobierno de Carlos Joaquí­n.
Y de estos casos hay varios. El 7 de Noviembre un grupo de periodistas de Playa del Carmen se manifestó por agresiones fí­sicas y verbales en contra de autoridades y de algunos particulares, dejando constancia en una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El 11 de Noviembre la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió una medida cautelar en contra de la alcaldesa de Cozumel Perla Tun, por el acoso, insultos y obstrucción a la libertad de expresión en contra los periodistas locales, caso que ya he citado antes en este mismo texto. En las redes sociales colegas como Javier Chávez, Gonzalo Hermosillo e Isabel Arvide, han sido agredidos por personajes ligados a Carlos Joaquí­n. Arvide twiteó haciendo responsable al gobernador de éstos ataques, lo llamó cobarde y lo responsabilizó de lo que a ella o a su familia pudiera pasarle.
En el pasado reciente el Diario Respuesta fue conocido y seí±alado por la forma en que exhibió e insultó en reiteradas ocasiones a Norma Madero, directora de Luces del Siglo. Ahora Pedro Canché hace algo similar con otros periodistas.
En la agenda de los ”pendientes» de Artí­culo 19 fueron excluidos periodistas que durante el gobierno anterior Roberto Borge persiguió duramente. Y cualquiera que se precie de conocer el medio periodí­stico local —ya sea gobernante o periodista-, sabe que Sergio Caballero y Hugo Martoccia son referentes y no citarlos en esta categorí­a de agraviados es en sí­ mismo un agravio. Como corresponsales en ese entonces de los diarios Reforma y La Jornada —respectivamente-, Caballero y Martoccia fueron objeto de agresiones, los bloquearon en su desempeí±o profesional, fueron despojados de sus empleos y finalmente fueron perseguidos. 
Pero ésta última intervención de Artí­culo 19 en Quintana Roo para validar el proyecto de polí­tica de medios de Carlos Joaquí­n es apenas una parte de un conjunto de acciones para crear las condiciones que darán paso a reformas de Ley en la materia.
Adrián Chicatto Alonzo, subsecretario de Enlace Interinstitucional de la Secretarí­a de Gobierno de Quintana Roo y representante de la Secretarí­a de Gobernación para la instalación del mecanismo de defensa para periodistas y defensores de los derechos humanos en el estado de Quintana Roo, estuvo presente durante el foro de Artí­culo 19 el Miércoles pasado.

En una entrevista por separado colgada en una página de Facebook denominada como ”El Sentir Ciudadano», el funcionario desvela que el gobierno de Carlos Joaquí­n está ”checando» las leyes relacionadas con la protección a periodistas y derechos humanos por diversas inconsistencias encontradas. Detalló:
Checar la ley por inconsistencias a mediados de Diciembre una comisión si el tiempo alcanza, capacitación de funcionarios en derechos humanos, instalación de meses de trabajo en diferentes municipios de estado para que puedan participar la sociedad civil, los mismos periodistas, derechos humanos, secretarí­a de estado que estén involucradas con atención que toque todo lo que tenga que ver con ciudadaní­a, por ejemplo el Instituto Nacional de Migración que tenemos que ver con migrantes, la de Relaciones Exteriores, la Secretarí­a de Salud, la Secretarí­a de la Función Púbica, entre otras instancias de gobierno estatal, municipal y federal, todas esas instancias estarán involucradas en el mecanismo de defensa a los derechos humanos, a los derechos de los periodistas, a los derechos de los nií±os, a los derechos de migrantes y a todo lo que tenga relación con derechos humanos.
Se desconocen por ahora cuáles serán los alcances de estas reformas de Ley y cómo impactarán la polí­tica de medios del actual gobierno de Carlos Joaquí­n, pues hasta ahora no ha sido emitida información oficial al respecto.
Llama la atención un twit que la vocera de Carlos Joaquí­n, Aidé Serrano, difundió el Sábado. Es una columna de Juan Villoro publicada en el diario Reforma con el tí­tulo de ”El optimismo de la desesperación», misma que inicia con esta lí­nea de texto: ”Una lección del triunfo de Donald Trump: la nula importancia de los medios». Dicha alusión fue considerada entre periodistas quintanarroenses como una clara postura que refuerza la visión del gobierno joaquinista de que los medios no le sirven.

Esta visión de que los medios no le sirven a Carlos Joaquí­n al parecer aplica hasta con los propios medios del gobierno, aglutinados en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, donde la barredora ha sido pareja, o casi pareja. En el caso de la Televisión estatal no hay mucho qué decir. El canal tiene casi audiencia 0 y su recuperación es en verdad muy difí­cil. En lo personal, pues no soy representante de nada y sólo puedo hablar por mi, desearí­a que este medio, en el cual trabajé alguna vez, pueda alcanzar el esplendor que alguna vez tuvo décadas atrás.
En cuanto a la radio estatal y a fuerza de ser sincero, el público debe saber que en la mayorí­a de los casos, las emisoras del SQCS se mantuvieron por muchos aí±os en los primeros sitios del ranking radial de Quintana Roo con un estilo de radio hablada con programas de noticias, entrevistas, comentarios, temas diversos, cultura, espectáculos, entretenimiento, debate, mujeres y espacios de música -algunos de ellos con comentaristas expertos-, que enriquecí­an con su diversidad las emisiones. Es justo reconocer también que en este formato hubieron informadores y periodistas que usufructuaron para sus propios intereses con una seí±al pública y que también siempre le fue regateado el espacio a las voces discordantes con el gobierno en turno. 

Pero hoy las radiodifusoras del gobierno estatal dieron un giro y ya no serán radio hablada. Javier Vite, director de radio del SQCS, me comentó que la programación será básicamente musical. ”Ya sabes que a la gente no le gusta lo hablado». Este cambio ya echó a la calle a varios compaí±eros que cargan con el estigma de haber trabajado en el SQCS durante el gobierno de Roberto Borge. El caso más reciente es el de Oscar González y su programa dominical ”Moliendo Caf黝, que fue sacado del aire hoy mismo sin previo aviso ”Y ni siquiera tuvieron la decencia de avisarme», expresó el propio periodista.
Este cambio en la radio estatal de quitarle los espacios hablados cancela la posibilidad de la diversidad y difusión de las ideas, el debate, la cultura, así­ como las fuentes de empleo para una importante parte del gremio periodí­stico. Unos cuantos sobreviven aún en los formatos hablados en la radio estatal y no se tienen certeza de qué pasará con ellos en el corto plazo. Estos cambios deberán causar también algún tipo de impacto en materia de audiencia y sus resultados se dejarán sentir al paso del tiempo. Da la impresión de que el objetivo es simplemente callar la radio estatal y exterminar todo lo que suene al pasado reciente relacionado con Roberto Borge.
No exagero y puedo dar testimonio de que en el SQCS hay altos funcionarios que cuestionan a cada comunicador aspirante sobre qué rol jugó durante la campaí±a de Carlos Joaquí­n y su respuesta es decisiva para ser aceptado o rechazado como parte de los nuevos equipos de trabajo.
En un plano reflexivo debo decir también que entre los comunicadores ”de casa», destacan casos de periodistas que en el pasado fueron aguerridos reporteros en medios de comunicación privados, mismos que hoy trabajan en la estructura gubernamental de Comunicación Social con la ”inquietud» por saber a dónde va a llevar toda esta situación de confrontación que es inédita en Quintana Roo. Algunos de ellos fueron compaí±eros de trabajo en el pasado y entiendo cómo se sienten hoy.
Ante la criminalización de los medios y el desprestigio que el estado promueve en contra de los periodistas quintanarroenses, no puedo cerrar este texto sin antes hacer uso del derecho que me asiste para expresarme libremente. También aclarando que mis expresiones son a tí­tulo personal pues como he dicho en artí­culos anteriores, no soy representante de nada.
Expreso que los periodistas no somos criminales. 
Me siento orgulloso de ser periodista. En 35 aí±os de ejercicio periodí­stico, mi trabajo me ha permitido dar sustento y educación a mi tres hijos, así­ como brindar una vida digna a mi familia, aunque no sin múltiples vicisitudes de todo tipo, pero que unidos hemos salido avante.
Rechazo que por el fruto del trabajo de los periodistas, la economí­a de Quintana Roo haya sido daí±ada. No somos responsables de la administración de los recursos públicos, pues tampoco somos funcionarios de Gobierno. Y no conozco a un periodista que haya sido remunerado deliberadamente en detrimento o con la intención de daí±ar la economí­a de otra persona.
El producto de mi trabajo me han servido también para crecer profesionalmente y contribuir desde mi tribuna al desarrollo de Quintana Roo a través de la difusión de la cultura, los atractivos naturales y turí­sticos, así­ como la producción independiente de otros materiales como la campaí±a de identidad NUESTRO QUINTANA ROO que fomenta el orgullo por nuestra tierra y que ya está siendo vista en todo el mundo a través de Internet y las redes sociales.
También expreso que todos los medios de Quintana Roo y los periodistas en el estado aportan en la medida de sus posibilidades y cada quien de acuerdo a su perfil informativo, productos de consumo masivo que impulsan valores como la cultura, las artes, la promoción turí­stica, los deportes, la gastronomí­a, la moda, las tradiciones, la integración social, los valores de la familia y muchos otros que engrandecen a nuestro estado. Y me pronuncio porque todos ellos sean tratados con el respeto que se merecen.
Sostengo que los medios de comunicación de Quintana Roo y todos los periodistas establecidos en el estado son los primeros en difundir y prestar ayuda en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a sus formatos, en los casos de las alertas y ayuda en desastres naturales, contingencias de todo tipo, o cuando un apersona está extraviada y/o si ha sido objeto de la comisión de algún delito. Cuando una persona necesita sangre para un enfermo. Cuando la comunidad asociada o de forma individual necesita difundir una agresión de la que es objeto y/o un abuso del Gobierno en su contra. Y en muchos otros casos similares.
Quiero destacar que los medios de Comunicación y los periodistas establecidos en el estado y cada quien de acuerdo a sus posibilidades y formatos, ponen la cara cada vez que una persona o un grupo de personas temerosas de represalias nos buscan para difundir una agresión en su contra, en muchas ocasiones agravios que proceden del propio gobierno.
Los periodistas no somos ignorantes.  
Los periodistas no somos victimas. Entendemos la naturaleza de nuestro trabajo y corremos los riesgos propios de nuestro oficio con la firme convicción y propósito de que el objetivo es informar a la población.
Los periodistas no somos héroes.
No tengo ninguna razón para expresarme mal de forma personal de medio de comunicación y/o de periodistas establecidos en Quintana Roo. Reconozco en todos ellos su valor de expresarse libremente, cada quien en la medida de sus posibilidades y sobre todo, el reconocimiento a su valiosa aportación a la diversidad de ideas que dan paso a la pluralidad informativa. 
Reconozco que todo medio de comunicación y/o periodista establecido en Quintana Roo estamos sujetos como cualquier otro ciudadano a las leyes vigentes en el estado y no conozco a ningún colega que se oponga a ello.
Manifiesto que no conozco medio de comunicación ni periodista establecido en Quintana Roo que tenga intención de desestabilizar el gobierno en cualquiera de sus tres niveles. Y reconozco el valioso trabajo crí­tico que sobre las acciones de gobierno realizan muchos compaí±eros y al cual me uno en beneficio de una comunidad bien informada.
Me pronuncio por el cese de las agresiones de cualquier tipo en contra de los periodistas establecidos en Quintana Roo y me solidarizo con aquellos compaí±eros que hayan sufrido algún agravio en este sentido.
Quintana Roo es de todos.
El 5 de Junio pasado los quintanarroenses le dieron a Carlos Joaquí­n el trabajo de gobernador. Empleo que él mismo se empeí±ó en solicitarles. Y al mandatario le corresponde ahora haciendo de uso de su legí­timo derecho, tomar con absoluta libertad las decisiones que él considere más adecuadas para el buen desempeí±o de su encomienda, entre ellas la relación de su gobierno con los medios y los periodistas de Quintana Roo.
El 10 de Noviembre pasado en Bacalar y por primera vez desde que es gobernador, Carlos Joaquí­n expresó personalmente su molestia por las versiones periodí­sticas que informaban el tema de lo que el gobierno llama ”refinanciamiento» de la duda pública del estado. 
Algunos medios manejaron que se trata de más endeudamiento y Carlos Joaquí­n cuestionó si esta versión es una calumnia o una mentira. Pero junto a ese reclamo también hizo un llamado a la unidad:
De nuevo les invito a sumarse a este trabajo, este es un trabajo de inclusión, de solidaridad, de unidad, de buscar avances, de tener confianza, yo se que tocamos intereses y aparecen grupos y crí­ticas, bienvenidas, nos sirven, nos sirven en mucho para poder avanzar, pero hay que tener confianza y tener fortaleza para salir adelante, necesitamos el esfuerzo conjunto de todos para lograr ese cambio que necesitamos y que seguramente será muy importante para las familias de Quintana Roo.

Graciela Machuca

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