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En la sección LA COLUMnita NECESARIAMENTE INCOMODA por el 21 mayo 2019 a las 11:24 am

¡Cómplices por omisión y acción! De asesinatos de 4 periodistas y un Defensor de DH. En Quintana Roo.

Graciela Machuca Martínez*

Cuando asesinan a una persona periodista, es llorada por su familia, amigos, colegas, surgen voces de reprobación y otras personas exigen justicia, mientras que otras más se dedican a fortalecer sus bases de datos para después utilizar los números de la violencia contra la prensa para obtener financiamientos internacionales. ¿la sociedad dónde está? ¿Sus representantes populares que hacen, además de darle la espalda al pueblo que los eligió?

Después de varios meses de confrontaciones y acoso contra periodistas que promovimos y elaboramos el proyecto original de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado de Quintana Roo, el día 15 de diciembre de 2017, quienes integran la XV Legislatura, terminaron de tajo con la posibilidad de que en la entidad se pueda ejercer a plenitud la Libertad de Expresión y en particular, ejercer el periodismo.

Muestras de júbilo, abrazos, sonrisas, carcajadas y expresiones de “nos los chingamos” se dejaron ver al término de la sesión del Congreso, en la ciudad de Chetumal, de parte de diputadas, diputados,  periodistas, dueños de medios de comunicación, así como de servidores públicos del Poder Ejecutivo que fueron a testificar que la orden fuera cumplida.

El 15 diciembre de 2017 el grupo  político, recién llegado al poder, lograba uno de sus primeros actos de venganza contra del exgobernador Roberto Borge Ángulo y una forma poco creativa de hacerlo, fue destruyendo, no lo realizado por su enemigo político, sino afectando a sectores en condiciones de vulnerabilidad como son las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Quintana Roo, los rumores del compromiso se evidencian, “primero hay que quitarles la Ley y luego mátalos como perros, nadie hablará por ellos” (tal y como ha pasado) fue una de tantas expresiones que trascendieron.

Ahora que hemos visto llorar durante el último año a cuatro familias quintanarroenses, hemos visto sepultar a cuatro periodistas y a un Defensor de Derechos Hu8manos, otros viven en la zozobra fuera de la entidad o encerrados en sus casas ante el temor que los asesinen, comparo esas imágenes, con las de aquellos momentos de júbilo y algarabía de quienes lograron convencer a la Legislatura de que la ley de referencia fuera abrogada, sin hacer nada para rescatar lo ya hecho y reformar lo que se tuviera que reformar.

¿Después de cuatro asesinatos de periodistas en Quintana Roo en menos de un año, qué opinarán las mujeres periodistas y hombres periodistas que se sintieron parte del poder cuando el Congreso abrogó una ley que les daba posibilidades de protección institucional a todo el gremio, ante el clima de violencia contra la prensa que ya estaba generalizado en el país?

La clase política representada en el Congreso estaba feliz de la vida consumando su venganza, porque algunas y algunos judas del periodismo  legitimaron su actuar. Después  de casi año y medio estamos viendo que esos vínculos de enamoramiento entre “periodistas”, dueños de medios de comunicación y la clase política está en decadencia, los montos de la nómina bajaron, el interés político por defender víctimas de ataques a la libertad de expresión ya no tiene el mismo efecto mediático. Además, el enemigo principal, ya está inhabilitado detrás de las rejas con un proceso judicial estancado en los vericuetos de la diplomacia.

Un grupo de mujeres periodistas, hombres periodistas, le pidieron al titular del Poder Ejecutivo en el mes de mayo de 2017, que les diera una prueba de su buena relación generada durante la campaña, abrogando la ley que malamente dieron en llamarla Borge, olvidándose que muchas de esas personas fueron invitadas e incluso participaron en los cursos talleres que se realizaron durante varios años para elaborar el proyecto de esa ley.

En el mes de junio siguiente, desde el Poder Ejecutivo de Quintana Roo, llegó al Congreso del Estado, una iniciativa para abrogar la ley. Se hicieron intentos por reformarla con base a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), después de la controversia constitucional que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por petición del Art 19,  pero la decisión ya estaba tomada. La realización de algunos foros de consulta cubrió la forma en busca de legitimar lo que ya estaba decidido.

El 6 de diciembre de 2017 diputadas y diputados integrantes de las comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, y de Derechos Humanos iniciaron la revisión de la iniciativa “para abrogar la actual Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo”.

Un comunicado del Congreso, que aún se encuentra en su página web nos recuerda que la iniciativa  “fue leída en sesión del pleno el 30 de junio pasado y que fue turnada a las comisiones para su análisis. La propuesta consiste en abrogar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, publicada el 14 de agosto de 2015”, luego de haber emprendido la participación de “foros de simulación”

Durante esa reunión de comisiones, la diputada Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, aseguró que “no se dejará en un estado de indefensión a periodistas y defensores de los derechos humanos, por lo que se buscará fortalecer el mecanismo de enlace entre el Estado y el Sistema Federal de Protección”.

El presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, Eduardo Martínez Arcila, reiteró “el compromiso de garantizar la libertad de expresión y de contar con las medidas pertinentes para que, en caso de que alguien atente contra la integridad de cualquier periodistas o defensor de los derechos humanos en la entidad, pueda tener cobijo en la ley federal y por su parte, encontrar atención inmediata a través de la unidad que ya está actualmente en funciones”.

El diputado Emiliano Ramos Hernández, integrante de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, consideró que “el análisis de la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal no debe darse de manera precipitada, por lo que se tendrá que valorar si, una vez que ya se ha implementado el mecanismo nacional, se debe continuar con un mecanismo estatal, esto para no tener una duplicidad de funciones”.

Quienes llevaron al pleno el dictamen para abrogar la ley, lo hicieron en su calidad de integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaría.

Por la primera comisión firmaron el dictamen: Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Laura Esther Beristain Navarrete, Mayuli Latifa Martínez Simón, Juan Carlos Pereyra Escudero, Fernando Levín Zelaya Espinoza.  Por la segunda comisión suscribieron: Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Mayuli Latifa Martínez Simón, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Laura Esther Beristain Navarrete y Ramón Javier Padilla Balam.

El dictamen pasó al Pleno del Congreso en la sesión del 15 de diciembre de 2017 y fue aprobado sin mayor trámite. Quienes abrogaron esa ley, ahora están en otro momento de su vida política y quizás ni sepan las repercusiones sociales y políticas que tuvo su decisión de acatar una instrucción. 

En un comunicado de prensa del Congreso de fecha 16 de diciembre, que lleva por título: Clausuran los trabajos legislativos del primer periodo de sesiones del 2do año, se dijo que “… el Congreso abrogó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 14 de agosto de 2015”. La decisión del Congreso de abrogar la ley, quizás por vergüenza se difundió en un comunicado destinado al olvido. De la publicación del dictamen en el Periódico Oficial del Estado, ya nada se dijo.

Así quedó en Quintana Roo, sepultado un esfuerzo de años de trabajo, no solo por construir una ley de protección, sino una cultura de respeto a la Libertad de Expresión, de respeto a la vida, integridad física y dignidad de quienes ejercemos el periodismo.

¿La clase política y periodistas que por omisión y/o acción fueron cómplices de que la ley se abrogara, ahora sabrán si sus decisiones o silencios incidieron en que  José Guadalupe Chan Dzib, Rubén Pat Cauich, Javier Rodríguez Valladares y Francisco Romero Diaz, hayan sido asesinados?

*Periodista en Quintana Roo, defensora de derechos humanos. Suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal.

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