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El rediseño del Mecanismo de Protección a DDH y Periodistas debe ser innovador e integral

En la sección Política por el 9 abril 2019 a las 3:59 pm

Graciela Machuca Martínez*——

 

Las agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas son una constante en el escenario nacional y se agudiza en zonas rurales y semiurbanas del país, donde las autoridades federales y estatales no les interesa voltear y dejan la seguridad de la ciudadanía en manos de corporaciones policiales del ámbito municipal que, en su mayoría, se encuentran dominadas por el crimen organizado y por la corrupción de la clase política que gobiernan en esas regiones.

Las llamadas zonas del silencio que se detectaron en México a mediados de la primera década del siglo XXI se han ido reproduciendo como lunares por todo el mapa de la República Mexicana, a tal grado que el gremio periodístico va callando poco a poco a nivel nacional, sus voces se escuchan cada vez menos, sin embargo, a pesar de ello, las denuncias, la documentación de algunos graves casos de corrupción de los gobiernos priistas que lograron atravesar la censura gubernamental, permitieron que la sociedad se informara para acudir a las urnas el pasado primero de julio con la decisión de cambiar a los gobernantes.

 

 

Sin las investigaciones periodísticas como la Casa Blanca o la Estafa Maestra o la difusión que se le dio al caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa o el hecho de que el fenómeno del feminicidio  ya la violencia ya sea parte de la agenda de los medios de comunicación, a pesar de la censura y la autocensura, los resultados electorales del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, hubieran sido, lamentablemente, otros.

En México existen organizaciones civiles que sí están comprometidas con la organización social y su trabajo de décadas permitió que la ciudadanía se organizara y estuviera lo suficientemente  concientizada de la necesidad de un cambio por medio de su participación electoral.

Sin embargo, a pesar de la contribución social  y política del gremio periodístico y el de la sociedad civil organizada, ambos sectores siguen poniendo muertos y agredidos, como sucedía antes del primero de julio o el primero de diciembre del año 2018.

Del primero de diciembre pasado al 9 de abril de 2019, por lo menos han sido asesinadas 17 personas periodistas y defensoras de derechos humanos en el país y se cuentan por decenas que han sido víctimas de diversos agravios que van desde las amenazas  al acoso judicial o de la intimidación a las agresiones físicas a los linchamientos promovidos y/o solapados por las mismas  instancias de poder político y económico.

 

Fue hasta el 25 de marzo de 2019, cuando el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, en presencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas “requiere rediseñarse”, esa simple apreciación se le viene exigiendo desde que se creó el organismo en los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón Hinojoza y se le pidió hasta el cansancio al gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo que para las  periodistas y los periodistas de México, ese requerimiento no es nada nuevo, no tuvieron que pasar más de tres meses para que Encinas lo dijera, porque durante la campaña presidencial se les dijo hasta el cansancio, lo que necesitamos es que se lleven a la prácticas las recomendaciones que le han hecho a México organismos internacionales y las mismas organizaciones de la sociedad civil, como lo hizo en su momento la Casa de los Derechos de Periodistas, Reporteros sin Fronteras, Periodistas de a Pie, la Plataforma Nacional de Vinculación para Periodistas, entre muchas otras.

Un mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos no debe existir en un país como México, el cual supuestamente se vive en una democracia, pero como esta es una falacia, una fantasía, el Mecanismo no debe desaparecer, eso también ya se había dicho.

 

 

Encinas dijo ese 25 de marzo “este Mecanismo no puede desaparecer, toda vez que existe una situación de riesgo en el ejercicio de las actividades de esta naturaleza”, por lo que “es urgente fortalecer las facultades, atribuciones y mecanismos de intervención del Estado mexicano”.

Mientras que el seguimiento estadístico que ofreció también ya era conocido y solo  actualizó los números. Alejandro Encinas dijo que “desde el 1 de diciembre a la fecha (25 de marzo un día antes) existen 790 personas dentro del Mecanismo, de los cuales 498 son personas defensoras de derechos humanos (63 por ciento) y 292 periodistas (37 por ciento).

Lo que ha quedado de manifiesto con el discurso de Encinas, es que la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, no forma parte de las prioridades en la agenda del gobierno federal, porque no era necesaria una investigación de más de tres meses para decir lo que dijo.

Para el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, “en el análisis y evaluación al inicio de la actual administración, se detectó que el Mecanismo tiene medidas fundamentalmente reactivas, no se atiende la parte preventiva, no solo de quienes están sujetos al Mecanismo de protección, sino de los  periodistas o los defensores en general”.

Desde luego que este servidor público desconoce cómo opera el Mecanismo, por lo que ignora que el rediseño debe ser a fondo, pasando por todas  sus instancias, las cuales carecen de una reglamentación de fondo, como es la operación del Consejo Consultivo, el cual está secuestrado por algunas organizaciones, las cuales son omisas respecto a sus obligaciones de transparencia con la sociedad civil organizada a la que dicen representar (solo membresías que distan de ser verdaderos DDH y/o periodistas, publirrelacionistas que desde sus cómodas oficinas se coluden para clasificar a quien si y a quien no se le define como periodista y/o DDH).

Encinas también dijo que “se deben evitar las medidas de carácter burocrático y fortalecer en la medida de lo posible, las acciones de prevención, mientras no se atiende la situación de riesgo”. Tal parece que desconoce cómo funcionan las sesiones de la Junta de Gobierno y la inconformidad que se genera entre las personas beneficiarias.

A 15 días del anuncio de acciones para mejorar la operatividad del Mecanismo se está a la espera de la efectividad, porque  para la población beneficiaria, todo sigue igual y al contrario la falta de recursos y el burocratismo siguen incrementando los riesgos.

 

 

Encinas anunció que se lleva a cabo una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación al fideicomiso que maneja los recursos de este Mecanismo.

Se realiza una evaluación externa por parte de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), y se realiza la conducción de la Junta de Gobierno, para que se pueda hacer una evaluación conjunta con todos los beneficiarios; este primer documento estará concluido en abril.

El reemplazo de escoltas privadas a beneficiarios por escoltas capacitadas por la Policía Federal, “el Presidente de la República ha instruido para que también el área de protección a funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional coadyuve para resolver esa situación de la mejor manera”.

“Al mismo tiempo, por lo delicado e importante de estos servicios de protección a la vida, integridad de los usuarios –los beneficiarios del Mecanismo— vamos a mantener, en tanto no esté resuelto todos los mecanismos de protección, no vamos a poner en riesgo a absolutamente a nadie, vamos a mantener los servicios de la empresa, pero bajo un mecanismo de control y fiscalización mucho más directo”.

Además, “se refuerzan los mecanismos de cooperación entre los órganos locales y el federal”.

 

 

Un día después de la aparición de Alejandro Encinas durante la conferencia de prensa de López Obrador en Palacio Nacional, el Espacio de la Sociedad Civil, integrado por más de una veintena de organizaciones civiles de México que trabajan  en la defensa de derechos humanos, fijaron su postura, con lo que se vino a ratificar, que lo dicho por Encinas, son peticiones añejas de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

El conglomerado de organizaciones, destacó que después de “114 días de gobierno, el Subsecretario informó en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de la situación actual del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“Desde el Espacio OSC, externamos nuestra preocupación por la tardanza en el reconocimiento de esta problemática, después del asesinato de al menos 15 personas defensoras de derechos humanos y periodistas en lo que va del actual gobierno. Sin embargo, compartimos la apreciación del Subsecretario sobre la inoperancia del mecanismo y vemos esto como un inicio para la construcción de soluciones”.

El Espacio OSC recordó que “hemos reiterado en repetidas ocasiones la necesidad de fortalecer el actual Mecanismo de Protección, otorgándole los recursos económicos y el personal suficiente para atender las situaciones de riesgo e inseguridad que enfrentan las personas beneficiarias. Pero también, hacemos hincapié en la necesidad de hacer un viraje hacia una política pública integral que aborde los problemas estructurales desde los ejes de: respeto, prevención, protección e investigación, sanción y reparación. Estas apreciaciones han sido dadas también por diferentes recomendaciones de instancias internacionales como el EPU(1), y los relatores especiales de Naciones Unidas y la CIDH en materia de personas defensoras y libertad de expresión”.

 

 

Ante ello, el Espacio consideró necesario que:

El gobierno federal y los gobiernos estatales y locales reconozcan la importancia de la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas para el fortalecimiento de una democracia, así como omitir generar discursos estigmatizantes que deslegitimen dicha labor.

 

La conformación de mesas de trabajo en conjunto con organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y periodistas de todo el país para atender al conjunto de retos y desafíos que afronta el Mecanismo.

 

Dado que el gobierno reconoce la necesidad de reformar el actual marco normativo, es necesario que en esa medida se den espacios amplios de discusión a nivel nacional con distintas autoridades y organizaciones que abonen el camino para la construcción de una Política Pública Integral.

Con el discurso de Encinas, el Espacio de la Sociedad Civil, tuvo la oportunidad de reiterar las peticiones documentadas, esperamos que en esta ocasión si se les tome en cuenta.

 

 

*Periodista en Quintana Roo, defensora de derechos humanos de mujeres y suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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