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Proponen a ejidatarios de Quintana Roo ser accionistas del Tren Maya, pero aún les deben indemnizaciones por expropiación de tierras.

En la sección Política por el 25 marzo 2019 a las 2:39 pm

Graciela Machuca Martínez—–

**A cambio de indemnización por expropiación les ofrecen acciones que cotizarán en la Bolsa Mexicana de Valores.
**Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documenta las irregularidades cometidas contra ejidatarios Mayas por parte de la Federación.

El diseño del proyecto del Tren Maya, aún sin diagnósticos de impacto ambiental y una estrategia para realizar una consulta entre los pueblos originarios involucrados, como lo mandata el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT), suscrito por el Estado mexicano, ya empezó a generar descontento social entre los pueblos por donde se dice pasará este nuevo ferrocarril, porque es el mismo trazo donde pasan carreteras como la federal 307, en tierras que hasta el momento no se le han pagado a nueve ejidos, a la mayoría desde hace más de 50 años.
Clemente Poot Varela, presidente del Comisariado Ejidal de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintan Roo, dijo que representes de los gobiernos estatal y federal se han reunido con ejidatarios para informarles sobre la construcción del Tren Maya que pasará por sus tierras, sin embargo, aún no tienen suficiente información.
A partir del mes de enero, Pablo Careaga Córdova, representante de Fonatur y quien estará al frente del tramo entre Tulum y Bacalar se ha reunido con ejidatarios en Quintana Roo para darles a conocer el proyecto, pero la información que les proporción es mínima.
Poot Varela explicó en entrevista que Careaga se reunió con ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto a mediados del mes de marzo, a petición de la autoridad ejidal, para informar sobre el proyecto, pero sin proporcionar información suficiente. “Les pidió a los ejidatarios que no se aceleren, que no se apresuren a vender sus tierras, ya que el proyecto contempla que los ejidatarios se conviertan en accionistas del Tren Maya, cuyas acciones se cotizarán en la Bolsa Mexicana de Valores”.
El representante agrario de Felipe Carrillo Puerto, comentó que hasta el momento ignoran cual será la superficie que el gobierno federal expropiará para la construcción del ferrocarril, por lo que es necesario otras reuniones para que los funcionarios les den más información al respecto y les informen de qué manera el gobierno federal les pagará lo que les debe por los terrenos que fueron utilizados para una carretera construida hace 10 años y que hasta el momento no los han indemnizado.
El pasado 24 de febrero, representantes de la Unión de Ejidos del municipio de Carrillo Puerto, dirigieron y entregaron un oficio al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para solicitar su intervención y apoyo para atender todos los ejidos involucrados en la ruta Bacalar-Tulum del Proyecto Tren Maya.
Los peticionarios consideran que es de vital importancia acercarse a todos los ejidos, “con el motivo de informar, atender y sanear, diversos asuntos sin resolver que administraciones pasadas no han tenido la voluntad de solucionar”.
Entre los pendientes se encuentran el pago de indemnizaciones por el paso de la carretera federal, en una superficie de 110 hectáreas, además por el acceso a tierras ejidales para la construcción del arco vial de cuota en el ejido de Felipe Carrillo Puerto.
El representante agrario ha solicitado a representantes gubernamentales que se les pague a los ejidatarios lo que se les debe, para que cuando pase el Tren Maya ya no haya ningún pendiente con los ejidos.
Dijo que la asamblea ejidal tiene como prioridad que les paguen los adeudos por la construcción de la carretera federal y el arco vial y después tratarán el asunto de la construcción del Tren Maya.
Aclaró que el ejido no hará ningún compromiso hasta que el gobierno federal no les pague los 116 millones de pesos que les adeudan y se revisen los juicios que ha ganado la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes en perjuicio de los ejidatarios.
La propuesta del gobierno federal es convertir en accionistas a los ejidatarios de al menos nueve ejidos de Quintana Roo para que aporten sus tierras, mientras que la organización civil Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, dio a conocer un estudio en el que sostiene que el proyecto del Tren Maya no contempla la indemnización, a pueblos, que en su mayoría se les deben indemnizaciones desde hace 50 años por la expropiación de sus tierras para la construcción de carreteras como la Chetumal-Cancún.
Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad realizó una investigación a cargo Isabel Mateos y Lucía Vergara sobre los adeudos que el gobierno federal tiene con nueve ejidos por donde han pasado obras carreteras, para lo cual se expropiaron tierras que hasta el momento no han sido pagadas conforme la ley de la materia y al contrario la Secretaría de Comunicaciones y Transportes optó por litigar los casos para evitar pagarle a los ejidatarios.
De acuerdo a la investigación de Mateos y Vergara el Tren Maya tendrá una longitud de mil 525 kilómetros a lo largo de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Propietarios de un total de 11 ejidos afectados, en Quintana Roo, entre éstos Bacalar, Chunyaxche, Chetumal, Cancún, Chacchoben, Carrillo Puerto, Xmaben, población en su mayoría indígena maya, “están preocupados porque, al igual que la carretera, el proyecto del Tren Maya se ha planeado sin su consentimiento”.
Los ejidatarios están preocupados que ocurra con el Tren Maya, lo que hace 50 años, “cuando comenzó la construcción de la carretera 307, en el período del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970)”, que no se cumpla con las reglas de expropiación e indemnización de los terrenos.
El gobierno federal tendría que expropiar 253 kilómetros que corresponden a estos ejidos, según la Ley Agraria (1936), la cual determina las condiciones para la ocupación de territorios para el aprovechamiento de infraestructura; sin embargo, pese a que es la tercera intervención en esa área—primero la construcción de la carretera 307, luego su ampliación entre 1999 y 2008 y ahora el Tren Maya—, en el Registro Agrario Nacional no existen expedientes que constaten, de nueva cuenta, la expropiación, de acuerdo a la investigación de Mexicanos contra la Corrupción.
Los Tribunales Agrarios han reconocido los derechos de los ejidatarios y, en todos estos casos han exigido al gobierno federal que se realicen los procesos expropiatorios y se haga el pago justo por el uso de sus tierras.
La dependencia encargada de solventar el adeudo histórico con los ejidatarios es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con quien mantienen el lío legal al que han invertido tiempo y dinero. El resultado de estas demandas interpuestas por los ejidos del sur de Quintana Roo, obliga a la federación a pagarle a los ejidatarios, pero a la fecha no se han cumplido las sentencias.
Durante estos años de litigios, los ejidatarios se han organizado para que sin importar quién los represente o cuál sea el gobierno local o federal que deban enfrentar, puedan seguir con la defensa legal de sus derechos.
Los ejidatarios, que siguen una lucha legal por el pago de las tierras y exigen ser consultados, de lo contrario continuarán su exigencia con protestas.
Chacchoben: La comunidad de Chacchoben cuenta con 18 mil hectáreas otorgadas en 1941 y de las que son propietarios 300 ejidatarios. En enero de 2013 los ejidatarios promovieron una acción legal por el pago e indemnización de 81 hectáreas que ocupa el paso de la carretera federal 307. En 2018, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) ofreció 22 mil pesos por el total de las 81 hectáreas que se utilizaron para la carretera. Por lo que se inconformaron los ejidatarios, lo que provocó que el Tribunal Agrario, ordenara al INDAABIN, un segundo avalúo a favor del Ejido. En esta segundo, el instituto aumentó 11 mil 500 pesos al precio de las 81 hectáreas, es decir de 22 mil a 33,500 pesos. Oferta que rechazaron, por lo que el Tribunal volvió a pedirle al INDAABIN un tercer avalúo, el cual, hasta el momento no se ha entregado.

Profesor Graciano Sánchez: Este ejido fue de los últimos en sumarse a las demandas por indemnización. Su proceso legal comenzó en 2014 y se encuentran en espera de su primer avalúo.
Felipe Carrillo Puerto: Con el proyecto de ampliación de la carretera iniciaron las exigencias de los ejidatarios por el pago de indemnización que les correspondía. Y, sin que se solucionara el conflicto, en 2012 la SCT inició otro proyecto ahí mismo: el libramiento Carrillo Puerto, con el que se pretendía que los vehículos que viajan de Chetumal a Cancún y que pasan por la carretera federal 307 no cruzaran por esa ciudad, ahorrando así hasta 10 minutos. El INAADBIN ofreció 11 millones por la indemnización y expropiación de las tierras, cifra que fue rechazada por el ejido. Ante las protestas de los ejidatarios que impedían la construcción del libramiento, la SCT ofreció un pago previo, a cambio de que retiraran sus plantones, y en cuanto hubiera un nuevo avalúo la SCT finiquitaría su deuda. Sin embargo, aunque los ejidatarios cumplieron su promesa, la dependencia interpuso un amparo solicitado al Tribunal que reconociera como pago único los 11 millones, considerando que la carretera tenía un fin social. En noviembre de 2018, el Tribunal dio la razón a la Secretaría, por ello los ejidatarios interpusieron una nueva demanda a fin de que se les pague a precio actual.
Xmaben y Anexos: A diferencia de los otros, el poblado también conocido como Señor, está representado por la Procuraduría Agraria lo que tampoco ha sido una garantía en favor de los ejidatarios, pues la dependencia ha jugado un papel más a favor de la SCT. No tienen informes puntuales, les retardan y escatiman la información.
Chunyaxche: En 2012 los ejidatarios interpusieron su primera demanda contra la SCT reclamando la restitución de 66 hectáreas, mismas que corresponden al tramo de la carretera federal 307. En 2015 el Tribunal Agrario Distrito 44 emitió una resolución, en la cual ordenaba a la SCT a iniciar el proceso de expropiación. En 2016, el Tribunal Agrario ordenó a la dependencia informar cada 15 días sobre las acciones empleadas para expropiar e indemnizar las tierras. La SCT no ha cumplido ni con la expropiación ni con informar sobre sus acciones. El ejido aun se encuentra en espera de su primer avalúo.
Ver investigación completa de Mexicanos contra la Corrupción: https://contralacorrupcion.mx/trenmaya/?fbclid=IwAR3heqYlxQf0emHaaN-5o7v_yt0HopD6Um4axWqmYJ9ENAZYnuiOik8jVDQ

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