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Necesariamente Incómoda… La impunidad solo con Voluntad Política se puede combatir

En la sección Política por el 12 marzo 2019 a las 4:44 pm

Graciela Machuca Martínez*——

 

**Resultados de la investigación sobre homicidio de periodista en Sonora.

**Un trabajo eficiente de investigación permitió vincular a proceso a tres imputados.

**Periodista de Sonora denuncia acoso judicial y  desprestigio desde 2017.

 

 

La impunidad que existe en el país respecto a la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos por la negligencia y omisión de las autoridades estatales y federales encargadas de procurar justicia nos permite resaltar los contados casos, cuando se observa a simple vista que una fiscalía está haciendo el trabajo que la ley le señala.

Por ello, el trabajo que viene realizando  la Fiscalía General de Sonora, que encabeza  Claudia Indira Contreras Córdova, al investigar y lograr judicializar un caso, es de gran importancia para el gremio periodístico nacional que nos abre las puertas a la esperanza y que nos muestra que cuando se quieren hacer las cosas, se hacen.

El pasado 26 de febrero, la Fiscalía de Sonora logró la vinculación a proceso de Jorge Alberto, alías el Rambo, de 35 años, y José Carlos, el Junior, de 28, por su presunta participación en el atentado mortal que sufrieron el locutor Reynaldo López Salas, y del periodista deportivo, Carlos Cota Rubio.

De acuerdo a la Fiscalía, ambos están imputados por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en contra de Reynaldo López Salas, y la tentativa del mismo delito contra Carlos Cota Rubio, además de asociación delictuosa.

En la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, se informó que el juez Arnoldo Monge Ramírez, le otorgó a la Fiscalía General de Justicia del Estado un plazo de cuatro meses para realizar la investigación complementaria del expediente de los dos imputados.

La audiencia se realizó este 26 de febrero, y los dos permanecerán en prisión preventiva oficiosa. Además, el menor Jesús Adolfo, de 17 años, también fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, pero para este caso, la fiscalía solo tiene dos meses para concluir la investigación.

Recordemos que el pasado 21 de febrero se informó que la Fiscalía de Sonora tenía a siete personas detenidas, tres participantes directos en la agresión: José Carlos “N.”, Jesús Adolfo “N.”, “El Chucho”, y Jorge Alberto “N.”, “El Rambo”, así como el aseguramiento de tres vehículos, un arma de fuego, una granada de fragmentación, drogas y otros objetos.

Cuando el caso llegó al juez, solo se logró la vinculación de tres personas.

En su momento la fiscalía dio a conocer que tras la agresión con proyectiles de arma de fuego registrada el pasado sábado 16 de febrero a las 17:50 horas en Hermosillo, perdió la vida Reynaldo “N.” y resultó lesionado Carlos “N.”, ambos de 42 años, en bulevar Serna y calle California, en la colonia Las Pilas. “La cual fue dirigida a las víctimas por confusión quienes abordaban un vehículo Chevrolet Spark gris”, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, la cual tendrá que demostrar durante el proceso que se le seguirá a los imputados.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al condenar este nuevo atentado a la libertad de expresión, recordó que con el crimen del primero ya suman tres homicidios de periodistas en lo que va de 2019 y 144 desde 2000.

El organismo público nacional defensor de los derechos humanos, detalla que los delitos contra este sector,  alcanzan 90 por ciento de impunidad según datos de la Recomendación General 24 de la propia CNDH.

Ante esta situación, se solicitó a la Secretaría de Gobierno y a la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora ofrecer la atención médica y la seguridad a Cota, además de las medidas necesarias para salvaguardar la vida, seguridad y contención emocional para los familiares de ambas comunicadores.

A la Fiscalía de Justicia, en especial, le solicitó analizar en todo momento la línea vinculada con la labor periodística de las víctimas.

Personal de la CNDH viajó a Sonora, con el objetivo de recabar información correspondiente y “estará al pendiente de los avances de la investigación, al tiempo que se solidariza con el gremio periodístico del estado de Sonora”.

En Sonora, así como en el resto del país hay mucho por hacer, ya que apenas se estaba asimilando el asesinato de un comunicador más y las graves lesiones de otro, también en Sonora se dio a conocer el caso de otro periodista que sufre intimidación y acoso judicial.

Diversos medios de comunicación han difundido la información tanto nacionales como internacionales han difundido las versiones tanto del periodista como de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, quien  le inició una investigación al periodista, supuestamente por recibir dinero del Congreso del Estado de Sonora, sin  emitir las facturas correspondientes.

Al realizar un recuento del caso, presentó ambas versiones.

De acuerdo a la Plataforma Digital Proyecto Puente, Luis Alberto Medina, su director ha sido objeto de amenazas, campañas negras en redes sociales y acoso judicial por parte del Gobierno de Sonora.

El afectado recuerda que los ataques se incrementaron cuando su noticiario radiofónico fue sacado del aire por presiones de empresarios priistas en mayo de 2017.

Según Proyecto Puente, en septiembre del 2018 se presentó el primer intento de acoso judicial. El entonces Fiscal de Justicia, Rodolfo Montes de Oca, amenazó al periodista con investigarlo y procesarlo si continuaban las críticas hacia su gestión.

El segundo intento de acoso judicial fue el pasado 17 de febrero. Mediante redes sociales y grupos de Whatsapp circularon una denuncia anónima de militantes de Morena ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y la Fiscalía de Justicia por supuestos moches recibidos por el periodista a través de la empresa, Proyecto Puente. Dicho documento, de 9 hojas, contiene acusaciones sin sustento. Alega que no existe contrato de prestación de servicios entre el Congreso del Estado de Sonora y la empresa Proyecto Puente.

Durante año y medio, a partir de mayo del 2017, se han presentado 17 campañas negras, a través de redes sociales, con videos y publicaciones en Facebook, Twitter y Whatsapp, para desprestigiar a Luis Alberto, acusándolo de mentiroso, vendido e incluso ladrón. También, en diciembre del 2017, en las oficinas de Proyecto Puente en Hermosillo, se recibió una corona de muertos dirigida a Luis Alberto Medina para pedir que ya no hablara de la investigación que se acababa de publicar a nivel nacional: El desvío de recursos del concierto de Plácido Domingo y su destino no aclarado.

El miércoles 6 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción envió un citatorio a Proyecto Puente, para que en un término de 3 días se presenten documentos que comprueben pagos realizados por parte del Congreso del Estado de Sonora a la empresa, mediante un convenio de pauta publicitaria.

Diversos medios de comunicación del estado de Sonora aclararon en notas periodísticas que ninguna empresa periodística tiene convenios de publicidad con el Congreso del Estado, ya que cuando éste tiene necesidad de publicar alguna información le paga por mes a los medios a los cuales contrata, por lo que es evidente que se trata de una campaña negra contra Proyecto Puente. Lo más grave del asunto es que el citatorio al director de Proyecto Puente está fundada en una denuncia anónima.

 

*Consejera Suplente del Consejo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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