Otra vez el periodismo de luto: en BCS asesinan a Rafael Murúa; la SEGOB corresponsable, sabí­a de las amenazas y no hizo nada para protegerlo

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21 enero, 2019 0 Por J. JESíšS LEMUS

Tras casi 24 horas de estar desaparecido fue encontrado muerto el periodista Rafael Murúa Manrí­quez, quien era director de la radio comunitaria Radio Kashana 93.3 FM en Santa Rosalí­a, cabecera municipal de Mulegé en el estado de Baja California Sur.

Este es el tercer periodista asesinado en lo que va de la administración presidencial actual, luego de los homicidios de Jesús Alejandro Márquez Jiménez, en Tepic, y Diego Garcí­a Corona, en Ecatepec, además de ser el segundo periodista asesinado en Baja California en menos de dos aí±os.

El cuerpo del periodista de 34 aí±os de edad, presentaba varias lesiones de arma blanca a la altura del tórax, y se presume que su muerte no haya ocurrido en el lugar en donde fue encontrado, además de que en el lugar se encontraban diseminados al menos tres pequeí±os envoltorios de mariguana.

Rafael Murúa habí­a denunciado desde hace al menos 2 meses una serie de amenazas de muerte, las que aparentemente provení­an de un funcionario de la administración municipal de Mulegé, luego que el periodista denunció actos de corrupción que involucraban al presidente de esa localidad, José Felipe Prado Bautista, del Partido Nueva Alianza.

”Me están advirtiendo que me van a asesinar. Y es información que viene de una casa de uno de los coordinadores del gobierno municipal» dijo el propio Rafael Murúa al solicitar la intervención del Mecanismo Federal de Protección de Periodistas, en el mes de noviembre pasado.

El Mecanismo Federal de Protección Sabia de las Amenazas, y no lo Protegió

Sin embargo, el Mecanismo de Protección de Periodistas no le brindó las medidas de seguridad necesarias, pese a que estas fueron nuevamente solicitadas en el mes de enero de este aí±o, en donde un funcionario de ese organismo solo le indicó que su caso ”serí­a evaluado».

El caso de Rafael Murúa Manrí­quez estaba programado para ser revisado por la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Periodistas apenas para el mes de febrero próximo, por lo que algunos funcionarios de esa dependencia podrí­an ser llamados a cuentas por la Fiscalí­a General de la Republica (FGR), por su negligencia y omisión.

La pasividad de los funcionario del Mecanismo de Protección a Periodistas también quedó expuesta tras la desaparición de Rafael Murúa, cuyo hecho fue denunciado por compaí±eros del mismo desde el sábado 20 de enero por la noche, sin que el organismo dependiente de la SEGOB haya solicitado la inmediata intervención de la Fiscalí­a Especializada de Atención a Delitos cometidos contra la Liberta de Expresión (FEADLE) de la FGR.

Su Labor Periodí­stica y el Activismo, Principales Lí­neas de Investigación

Según la versión recabada por Zenzontle400, emitida por amigos y un familiar de la ví­ctima, Rafael Murúa salió de su domicilio en Santa Rosalí­a la tarde-noche del pasado sábado, argumentando que saldrí­a a caminar, que era un hecho muy usual en él, pero ya no regresó.

Al filo de las 3 de la tarde de ayer domingo, su auto, un vehí­culo Nissan, Altima, color blanco, de modelo atrasado, fue localizado sobre la calle 11, casi esquina con la avenida Constitución, en la zona urbana de Santa Rosalí­a, pero no se encontraron rastros del paradero del periodista.

Fuer hasta casi tres horas después que pobladores de la comunidad de San Ignacio dieron aviso a la policí­a municipal de Mulegé sobre la presencia del cuerpo de un hombre sin vida; el cuerpo se encontraba en una brecha, a la altura del kilómetro 40 de la carretera Mulegé-Guerrero Negro.

La primera hipótesis planteada por elementos de la policí­a ministerial de la Procuradurí­a de Justicia del Estado (PGJE), que fueron consultados por Zenzontle400, plantea la posibilidad de que el periodista haya sido secuestrado en Santa Rosalí­a, llevado a la fuerza a algún sitio dentro de la zona urbana de localidad donde fue asesinado, para posteriormente abandonar su cuerpo en el sitio donde se encontró.

Hasta el momento la principal hipótesis de la agresión a este comunicador refiere la posibilidad de que hay sido asesinado en función de su labor periodí­stica, pues no se sabe de conflictos interpersonales que haya tenido con alguien.

Además, no se descarta la siembra de evidencias por parte del o los autores del crimen para desviar el curso de la investigación, como es el caso de los tres envoltorios de mariguana encontrados en la escena del crimen, toda vez que el comunicador ”no era adicto a ningún tipo de estupefacientes», según las versiones de su cí­rculo más cercano.

Le Preocupaba la Mina ”El Boleo»

Rafael Murúa Manrí­quez, igual que en el caso de otros periodistas ejecutados, combinaba su labor periodí­stica con la del activismo social: era presidente de la Asociación Civil Ondas en La Paya, un organismo no lucrativo con el objeto de difundir información a partir de una visión ciudadana, desde donde tocaba y promoví­a temas culturales, polí­ticos, ambientales y de derechos humanos.

En septiembre del 2017 fue invitado por la embajada de Estados Unidos en México —según lo escribió él mismo en su perfil de Facebook-para hablar ”sobre la situación de riesgo que vivimos en México y Baja California Sur». Se reunió con Mark Green, Presidente de la Agencia Internacional de Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional (USAID).

Lo tocado en esa reunión, solo él lo supo, pero para nadie es desconocido que a Rafael Murúa le preocupada particularmente la operación de la mina ”El Boleo», la que desde hace ocho aí±os explota más de 15 mil hectáreas de suelo dentro del municipio de Mulegé, de donde se extrae cobre, cobalto, zinc, y manganeso.

La operación de la mina, propiedad de Minera y Metalúrgica del Boleo S.A.P.I. de C.V., de capital coreano, fue en repetidas ocasiones blanco de los seí±alamientos del periodista por la afectación ambiental y por el mal trato laboral que reciben más de 14 mil trabajadores de Santa Rosalí­a que se emplean en ese lugar.

La FEADLE Atraerá la Investigación

Tras su asesinato, Rafael Murúa Manrí­quez deja una viuda y dos huérfanos, en tanto las autoridades estatales tratan de develar las causas del crimen; la FEADLE de la FGR anunció la atracción de las investigaciones para el pronto esclarecimiento de los hechos, de este que es el primer homicidio de un periodista en lo que va del aí±o y el tercero en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Del 2017 a la fecha, el estado de Baja California Sur ya se apunta a convertirse en una de las entidades del paí­s más peligrosas para ejercer el periodismo. El 14 de abril del 2017 fue asesinado en La Paz, Maximino Rodrí­guez Palacios de Baja California Sur, y ahora fue el turno de Rafael Murúa, en Santa Rosalí­a.

De acuerdo al informe oficial del Mecanismo Federal de Protección de Periodistas, hasta septiembre del 2018 ya eran nueve hombres y tres mujeres periodistas los que estaban acogidos a la protección oficial tras haber recibido amenazas o ataques que ponen en riesgo sus vidas, a causa de su labor periodí­stica.

Actualmente hay cuatro hombres y dos mujeres periodistas que están a la espera de que la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección les otorgue medidas cautelares para preservar su integridad ante el riesgo de las amenazas de muerte, vertidas contra ellos.

Graciela Machuca

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