DDHH y el patriarcado en Quintana Roo

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Necesariamente Incómoda—-

Graciela Machuca Martinez—–

 

La violencia contra las mujeres es una de las caracterí­sticas que distingue al estado de Quintana Roo  en el contexto nacional e internacional, pero tal parece que a las autoridades de procuración y administración de justicia poco les importa. Las cifras de casos de mujeres violentadas se pierden en las páginas de las secciones de nota roja de la prensa estatal o regional, así­ como  las denuncias constantes que leemos, oí­mos y vemos en las redes sociales.

A las mujeres en Quintana Roo nos están matando y eso poco importa para  instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalí­a de delitos cometidos contra las mujeres, la Fiscalí­a General del Estado, así­ como una de las encargadas de prevenir esta situación, la Secretarí­a de Seguridad Pública.

A esta indolencia gubernamental hay que sumar la cultura machista, patriarcal, de privilegios de unos contra la falta de derechos de las otras.

Mientras en Quintana Roo siguen matando a mujeres, las destrozan a golpes y las acosan por todas las calles, hay hombres y mujeres, que desde sus privilegios de hombres o de mujeres empoderadas por la polí­tica se niegan a reconocer el fenómeno de la violencia contra las mujeres y se dedican a denostar a quienes con valentí­a se atreven a protestar, a exigir  justicia para que la impunidad se destierre de esta zona del Caribe Mexicano.

Esos hombres y  esas mujeres que prefieren  reví­ctimizar a las ví­ctimas  que buscar una explicación y una solución al problema, también se dedican a denostar a las personas que se han comprometido con la defensa de los derechos humanos, particularmente de las mujeres.

La defensa de los derechos humanos, es un derecho humano que tenemos todas las personas y que está consagrado en instrumentos de Derecho Internacional que México ha suscrito y por lo tanto, nadie nos lo puede negar.

En Quintana Roo, a quienes se han echado a cuestas la defensa de los derechos humanos se les criminaliza, se les agrede, se les amenaza, pero lo más grave es que desde el mismo Congreso del Estado de Quintana Roo de este  se les negó el derecho a ser protegidas de esta violencia sistemática, desde el momento que quienes integran la XV Legislatura abrogaron la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Quienes defienden derecho humanos en Quintana Roo, así­ como las personas periodistas tienen que defenderse por sí­ mismas y acudir a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, porque quienes legislan y dicen defender al pueblo, sin importarles el principio de no regresividad de los derechos humanos optaron por dejarlas sin protección, desde ahí­ se ha albergado la corrupción y la impunidad.

Conforme pasan los meses nos percatamos que todo fue un plan preconcebido. Dejar sin protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas para vulnerar más sus derechos y negarles la oportunidad de ejercer sus  actividades de manera profesional. Sin la ley las personas defensoras de derechos humanos quedan en estado de indefensión al momento de  defender derechos humanos y por ende son ví­ctimas de violencia.

Ahora que las activistas comprometidas con los derechos de las mujeres han salido a las calles para exigir justicia en el caso de Addisbel se han levantado voceros y voceras del machismo a seí±alar con dedo inquisidor, a quienes lo único que piden es justicia, como enemigas de las buenas familias y de las buenas costumbres.

Mientras hay una mujer que se debate entre la vida y la muerte, así­ como evidencias de quien es el responsable, esas personas que se han convertido en defensores de la impunidad, ahora alegan el principio de presunción de inocencia, sin importarles, la corrupción, las malas prácticas que se dejaron ver cuándo ni la policí­a ni la Fiscalí­a actuaron profesional y éticamente para liberar al imputado.

A quienes tienen el propósito de criminalizar la actividad de las personas defensoras de los derechos humanos en México, hay que recordarles o informarles que este clima de violencia se está generalizando en México y que los motivos de esta violencia también se están viendo en Quintana Roo.

El informe denominado Basta de Asesinatos , una compilación sobre agresiones a personas defensoras de derechos humanos en América Latina, realizada y editada por Front Line Defenders, en el capí­tulo sobre México, resume que durante 2017 ”fueron asesinados/as 48 DDH;214 el 58% formaba parte de estas cuatro categorí­as principales: DDH de la libertad de expresión y el periodismo (10); de los derechos de los pueblos indí­genas (6); del derecho al territorio o a la tierra (6) y del derecho a un nivel de vida digno (6). Los estados con el mayor número de asesinatos de estas personas fueron Guerrero (8), Jalisco (6), Oaxaca (6), Michoacán (6)».

La organización irlandesa Front Line Defenders sostiene en el referido informe que ”estos crí­menes tuvieron lugar en 16 de los 32 estados, incluido en Ciudad de México. Un elemento importante de estos crí­menes es la combinación entre lo delictivo y lo polí­tico».

Los agravios contra las personas defensoras de derechos humanos  y periodistas también incluyen amenazas, agresiones fí­sicas, acoso judicial, espionaje, ataques digitales, entre otros, que vulneran sus derechos a defender derechos humanos y a ejercer el periodismo, como una función social.

La agresión contra personas defensoras de derechos humanos forma parte de un sistema para acallar voces y para ello son utilizadas otras voces, que en muchos de los casos ni cuenta se dan de que son manipuladas. Cuando este juego de censura no les funciona utilizan a los  sicarios.

En conclusión podrí­amos decir que es el Estado el ente principal agresor con su inmenso poder económico corruptor el que violenta a las mujeres atreves de sus múltiples formas de utilización de recursos.

Graciela Machuca

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