Patricia Colchero Aragonés
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martinez
A consecuencia del trabajo periodístico que realizo en Quintana Roo, Yucatán y Campeche, así como por mis actividades de defensora de derechos humanos he sido objeto de múltiples agravios tanto de personas servidoras públicas como de particulares, en contubernio con las primeras y al estar en peligro mi integridad física, mi vida, y la de mi familia, tuve que recurrir al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que depende de la Secretaría de Gobernación.
Tuve que recurrir a esa instancia federal porque la XV Legislatura del Congreso de Quintana, de manera retrógrada y violando abiertamente el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el 10 de junio de 2011 decidió abrogar la ley que nos daba la posibilidad de contar con un sistema institucional de protección a quienes ejercemos la Libertad de Expresión, por medio del periodismo, y ejercemos nuestro derecho a defender derechos humanos.
En ese caminar en busca de justicia y de protección, fuera de los límites de Quintana Roo, conocí a una mujer convencida de la defensa y protección de los derechos humanos y profesional en su trabajo como servidora pública.
Me refiero a la maestra en Estudios Políticos y Sociales, Patricia Colchero Aragonés, quien se desempeí±a como jefa de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
También tiene la responsabilidad de estar al frente de la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al ser beneficiaria de este organismo, tuve la oportunidad de tratar con ella como persona y como servidora pública y a quien ahora le extiendo mi más amplio reconocimiento y respeto, porque ante las adversidad que implica ser beneficiaria del Mecanismo, su atención siempre ha sido por respetar la dignidad de las personas que recurrimos a esa instancia gubernamental.
Desde el 25 de noviembre de 2016 se hizo cargo tanto de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos como del Mecanismos de Protección y de muchas otras tareas que tiene como integrante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Su trabajo ha sido arduo y profesional, sin embargo, la estructura de la misma institución, la colaboración interinstitucional y las limitaciones presupuestarias han impedido que cumpla con todas las metas planteadas, sin embargo, soy de las personas beneficiarias convencidas de que a más de una persona se le ha salvado la vida al ingresar al Mecanismo, aunque algunos no tuvieron la misma suerte.
La Coordinación Ejecutiva Nacional hace lo que le corresponde con los recursos que tiene a su disposición, pero se tiene que enfrentar, y lo sentimos en carne propia las personas beneficiarias, a la descoordinación institucional de la Junta de Gobierno y a la falta de capacidad de las dependencias y del Consejo Consultivo que la integran.
Al respecto, la ley que creó el Mecanismo dice que en la sesiones deben estar servidores públicos de nivel de subsecretaría o su equivalente, con la finalidad que puedan resolver asuntos graves y urgentes en función a sus facultades por el rango que tienen, pero rara vez se ve en las sesiones de la Junta de Gobierno a un subsecretario, algunos solo llegan a la sesiones plenarias especiales para salir en la foto y siempre envían a las mesas de trabajo a subalternos que carecen de facultades legales, criterios técnicos y derechohumanistas para determinar las medidas de protección que salven la vida de una persona o disminuyan su nivel de riesgo.
Un caso grave que se debe atender de inmediato es lo que deja de hacer la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), una institución que a pesar de contar con una encomienda constitucional, se niega a cumplirla y no investiga, como lo ha demostrado un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su actual titular, cuando tomó posesión del cargo, dijo que si en tres meses no mejoraba el actuar de la fiscalía, se iba, ya pasó más de un aí±o, la eficiencia no aparece por ningún lado y él sigue en el puesto.
El Consejo Consultivo se ha ido convirtiendo en un ente sectario, con una mayoría de integrantes que desconocen en que consiste su papel como representes de la sociedad en ese órgano colegiado, además de tomar decisiones sin cumplir el requisito legal de fundarlas y motivarlas.
Desde mi experiencia, como periodista, defensora de derechos humanos y beneficiaria del Mecanismo de Protección considero que su eficacia tiene que partir de un rediseí±o en la política pública para garantizar la Libertad de Expresión y el derecho a defender Derechos Humanos en este país, las políticas deben ser de prevención, porque querer proteger a una persona defensora de derechos humanos o periodista cuando ya está sentenciada a muerte, es una tarea interminable y prueba de ello son los cientos de asesinatos, solo del aí±o 2000 a la fecha.
En medio de esta crisis política, técnica y presupuestaria del Mecanismo de Protección, Patricia Colchero Aragonés ha tenido que desempeí±ar su trabajo con profesionalismo y convicción.
Antes del 25 de noviembre de 2016 se desempeí±aba como directora general adjunta de Estrategias Operativas de Atención en Unidad de Derechos Humanos.
Es Maestra en Estudios Políticos y Sociales, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); licenciada en Ciencias Políticas por la Pacific Western University de California, Estados Unidos, se lee en la página web de la Secretaría de Gobernación.
Cuenta con amplia experiencia en la defensa y protección de los derechos humanos, y ha sido parte de organizaciones de la sociedad civil, trabajando en proyectos de desarrollo sustentable y procesos democráticos.
Fue titular y responsable de la creación de la Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde tiempo después asumió la dirección general de Quejas y Orientación. En 2007 recibió el nombramiento de Segunda Visitadora General.
Patricia Colchero Aragonés asumió la jefatura de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en sustitución de Sara Irene Herrerías Guerra, quien asumió la titularidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad en la Procuraduría General de la República. Enhorabuena. ¡í‰xito!
Graciela Machuca
