Paspartú….. Urge intervención de CNDH en torno a Ley de Salud Mental de Yucatán
Graciela Machuca Martínez—–
El día 27 de agosto de 2018, el entonces gobernador del estado de Yucatán, Rolando Rodrigo Zapata Bello, publicó en el Diario Oficial de aquella entidad la Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán, la cual entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2019 según el primer artículo transitorio de dicho ordenamiento.
Hasta allí la información es legal y formal, sin embargo, la alerta, por urgencia y gravedad, empieza a sonar cuando se escuchan las voces de personas expertas en salud mental y en derechos humanos, porque quienes redactaron y avalaron dicha ley no tienen más interés que responder a las políticas comerciales de las voraces farmacéuticas.
Las personas que promovieron la referida ley se olvidaron que en este país hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos el día 10 de junio de 2011 y por lo tanto no se puede retroceder en esa materia y si lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es suficiente para proteger los derechos de las personas, para eso están los tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos, que son reconocidos como ley interna por el Artículo Primero Constitucional.
Estadísticas oficiales nos han venido informando que Yucatán es una de las entidades con mayor incidencia en suicidios, principalmente entre adolescentes y jóvenes, lo que se ha convertido en un asunto de salud pública, pero a las y los legisladores de Yucatán, así como al ex gobernador y autoridades de salud, no se les ocurrió el diseí±o de otra política pública, más que llevar a una ley, acciones retrogradas como la hospitalización psiquiátrica de aquellas personas que den muestras de tener una enfermedad mental. Estos recursos fueron usados en el Siglo XIX.
Las violaciones a los derechos humanos en Yucatán, que se han llevado a la ley, son de tal magnitud que requieren la intervención urgente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y aquellas otras instituciones que tengan la facultad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por medio de una acción de inconstitucionalidad para que esta ley pueda ser abrogada.
Virginia González Torres, secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental (CONSAME), entre las anomalías detectadas en la ley destaca que las nií±as, nií±os y adolescentes podrán ser recluidos en el Hospital Psiquiátrico de Yucatán, cuando se les detecte alguna enfermedad mental o se presuma que la tienen, lo que es ”una grave violación a los derechos humanos».
Los autores de esta ley son el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Díaz Suárez, presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Yucatán y el psiquiatra Arsenio Rosado Franco, subdirector de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) y quien durante cinco aí±os se desempeí±ó como director del Hospital Psiquiátrico de Yucatán, acusado de autorizar tratamientos a pacientes con electroshocks y medicamentos no autorizados.
La ley en mención fue elaborada y aprobada sin consultar a la actual directora del Hospital Psiquiátrico de Yucatán, Jessica Andrade Márquez, así como a otras 524 personas expertas en salud mental y derechos humanos que suscribieron una carta solicitando la intervención de diversas instancias para evitar que esta aberración jurídica llegue a concretarse.
Los autores de la ley argumentan que se llevaron tres aí±os en elaborarla y consultar a quienes tenían que consultar, pero se olvidaron de consultar a la directora del psiquiátrico, la servidora pública que se encargaría de aplicar dicha norma.
La titular del Consejo Nacional de Salud Mental considera que esta ley, de entrar en vigor a partir del primero de enero del aí±o próximo, ”respondería a intereses económicos por parte de la industria farmacéutica», ya que los menores ingresados al psiquiátrico serían usados como sujetos de prueba en el desarrollo de nuevos medicamentos, ”como ha ocurrido en aí±os anteriores mientras Rosado Franco fungía como director del Hospital Psiquiátrico de Yucatán».
Los seí±alamientos que se hacen en contra de Rosado Franco son graves y se debería abrir una carpeta de investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), además, porque en el campo de la salud, se sabe y se tienen evidencias que quienes se dedican a la Psiquiatría velan por los intereses de los laboratorios que por la salud de las personas. Sin entrar a la discusión si la Psiquiatría es una disciplina de la medicina o solo una plataforma comercial de las trasnacionales que dominan el mercado de la medicina. El tema da para mucho y las personas que estén interesadas pueden consultar sobre porque la Asociación Americana de Psiquiatría es la instancia que decide a través del DSM cuáles son las enfermedades Mentales en el mundo, así como aquellos expertos en estudios sobre el poder que cuestionan el papel de la Psiquiatría en la sociedad.
González Torres, durante una conferencia de prensa que ofreció en Mérida, sostuvo que además, de omitirse la consulta a personas expertas ”la ley presenta aberraciones», pues contempla tratamientos invasivos, como lobotomías que se practicarían en los infantes y no contempla los compromisos internacionales que México ha adquirido ante diversas instituciones que velan por los derechos humanos.
La experta en el tema mencionó que ”la comunidad psiquiátrica internacional busca que la gente ya no esté ahí de por vida, sino que se reintegre a la sociedad, y se oponen tajantemente a los hospitales psiquiátricos de nií±os».
Hay un artículo en la ley que está sumamente cuestionado con argumentos médicos y políticos. Se trata del Artículo 55 que dice: ”toda autoridad, actor social o líder comunitario que esté en contacto con personas que sugieran sintomatología de trastornos mentales, procurará la oportuna y debida atención de los mismos».
¿Para los autores de la ley, quienes son los actores sociales? Evidentemente que la clase política y por lo general no son profesionales de la salud mental. De allí el riesgo que representa la norma en manos de actores sociales, quienes con la mano en la cintura podrán decir que persona necesita tratamiento psiquiátrico y por lo tanto ameritar hospitalización que es lo mismo que encierro.
Especialistas consultadas al respecto han considerado que no cabe duda que quienes hicieron la ley son personas que ignoran lo que se debe hacer en materia de salud mental y cuestionan que la desinformación y falta de preparación de integrantes del Congreso de Yucatán pongan en riesgo la salud pública.
Por ejemplo, la jefa del Centro Comunitario de Salud Mental (CECOSAM), María del Pilar Bueno Muí±iz, reprobó el hecho de que se pretende internar en el Hospital Psiquiátrico ”Yucatán» a los nií±os y las nií±as de esa entidad ”lo que provocaría un mayor daí±o del que podría tener».
”A un infante se le debe de dar todas las oportunidades de desarrollo sin que exista la necesidad de estar recluido en un nosocomio, debido a que están en plena etapa de desarrollo».
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La victimóloga e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) María de la Luz Lima Malvido, lamentó lo ocurrido en Yucatán, pues en este tercer milenio se tiene un retroceso fenomenal, ya que ”legalmente se recurrirá a prácticas que ya fueron superadas de los estándares internacionales».
”Queriendo resolver un problema de la prevención del suicidio se hizo una política restrictiva de la libertad de los menores, el gobierno se precipitó al intentar resolver un asunto de fondo sobre salud mental».
”La falta de conocimiento o falta de perfil en salud mental del legislador, al copiar leyes absurdas y obsoletas, provocó un serio problema creyendo que sería la solución adecuada al problema». Esto dijo la experta en el tema.
Ahora, corresponde al Congreso reconocer que se equivocó y abrogar la Ley y generar políticas públicas con enfoque de Derechos Humanos, a la sociedad yucateca y nacional exigir que la Ley sea abrogada, a la CNDH y a la PGR actuar en consecuencia.
Graciela Machuca
