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Protección de periodistas y personas defensoras de DDHH en alerta máxima

En la sección Libertad de Expresión y Periodismo por el 10 octubre 2018 a las 8:43 am

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez*
Se acaba el gobierno de Enrique Peña Nieto, con ello los motivos políticos para proteger a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos, prueba de ello es el hecho que desde el primero de octubre, el fondo público que financia el Fideicomiso del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se encuentra en ceros, porque ni la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mucho menos las diputadas y los diputados federales, quienes por ley aprueban el presupuesto de la Federación, tuvieron el interés de etiquetar los recursos para este fondo, a pesar que durante los últimos tres años, diversas organizaciones de la sociedad civil les insistieron de esa necesidad.
Ese fondo es administrado por un fideicomiso público, creado para pagarle directamente a la empresa que proporciona las medidas de seguridad a las personas beneficiarias del Mecanismo, pero a pesar de que el presidente de la República se comprometió a destinar recursos extraordinarios para que operara el Fideicomiso durante los últimos tres meses del año, ese presupuesto no ha llegado.
Las nuevas medidas de seguridad que se aprobaron durante la sesión de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección durante la última semana de septiembre, simplemente no se materializarán, porque no hay dinero para pagarle a la empresa, la cual también irá dejando de prestar servicios y pagar otros compromisos, como parte de las medidas de protección encomendadas, como es pagar refugios a personas desplazadas, alimentación, transportes, gasolina, escoltas.
Recordemos que el Mecanismo de Protección no fue un proyecto político de Enrique Peña Nieto, se tuvo que hacer cargo de él por presión política internacional e interna y fue el resultado de políticas públicas de protección las cuales se vio obligado generar Felipe Calderón Hinojoza, ante el incremento de asesinatos de periodistas en el país.
A mediados de 2012, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual contempla la operación de un Mecanismo de Protección, cuya operación estaba soportada por un Fondo público, cuyos recursos iniciales se garantizaron, al etiquetarse los mismo, pero el cambio de gobierno y la falta de conocimiento como hacer efectiva la protección, el tema solo quedó en el discurso, tanto por el gobierno saliente, como por el entrante.
Fue hasta finales de 2013, luego de muchos experimentos en materia de política pública, a costa de la seguridad, salud física y emocional de varias víctimas, que se decidió que una empresa privada proporcionara las medidas de protección, porque el gobierno mexicano es incapaz de ello.
Durante los ejercicios fiscales de 2014 a 2018 el presupuesto para ese Fideicomiso fue descendiendo considerablemente. A partir de finales de 2016 los recursos del fideicomiso se agotaban antes de que terminara el año, por lo que la Secretaría de Gobernación negociaba con Hacienda para obtener una transferencia extraordinaria.
El discurso sobre la Libertad de Expresión y la protección a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos, siguió en la agenda de quienes hacen política desde las cámaras de diputados y senadores, Secretaría de Gobernación y Presidencia de la República, pero la voluntad política no se vio reflejada ni en el presupuesto ni en el mejoramiento de las leyes y en el diseño y aplicación de políticas públicas eficientes para combatir la violencia contra los gremios de periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos.
Los recursos del Fideicomiso son exclusivamente para pagar medidas de seguridad a una empresa privada, por lo que la operación del Mecanismo es financiada con recurso de los rubros de gasto corriente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pero ante el raquítico presupuesto para promover y defender derechos humanos, así como los sistemáticos recortes presupuestales, las personas beneficiarias, así como analistas de riesgos y todo el personal de la institución resienten los efectos, que se traducen en un deficiente servicio institucional.
El Mecanismo de Protección y toda la política pública sobre la materia está al punto del colapso, a lo que se suma, que el Consejo Consultivo del Mecanismo no reúne los requisitos de legitimidad al no tener representación del gremio periodístico en activo.
Ante esta situación de crisis, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución que tiene uno de los nueve lugares con voz y voto en la Junta de Gobierno, solicitó a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “la implementación de medidas cautelares para impedir la desprotección por falta de recursos económicos de 727 personas beneficiarias amparadas por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDDHP)”
El organismo público nacional defensor de derechos humanos destaca que dichas medidas administrativas y económicas tienen como finalidad “evitar la consumación irreparable de violación a los derechos humanos o la producción de daños de difícil o imposible reparación”.
Al conocer que la SEGOB y la SHCP “hasta ahora han incumplido, al no tenerse elementos que acrediten lo contrario, su compromiso de asignar 75 millones de pesos al Mecanismo para mantener medidas de protección por el resto de este año, la CNDH considera que se actualizan los elementos de gravedad, urgencia e inminente daño irreparable, al posibilitar que se vulneren los derechos fundamentales de las personas beneficiarias y en algunos casos también de sus familiares, llamó a las citadas instancias a honrar el compromiso público que en ese sentido hicieron el pasado 19 de septiembre”.
La CNDH se pronunció en distintas ocasiones sobre la situación que enfrenta el MPPDDHP, “cuyo fideicomiso contaba con recursos suficientes para los primeros meses del presente año, situación ante la cual el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, solicitó mediante oficio de fecha 28 de agosto al Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, que destinara recursos necesarios para que el Mecanismo estuviera en posibilidad de proteger a sus beneficiarios durante 2018, y se programara oportunamente el presupuesto para 2019”.
Hay que recordar que el pasado 19 de septiembre, en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Mecanismo, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, “señalaron públicamente que el Gobierno federal se comprometía a depositar, antes de finalizar el mes de septiembre, la cantidad de 75 millones de pesos al fideicomiso del Mecanismo para cubrir con las obligaciones de protección durante el resto del año”.
Pero la realidad es otra, la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo, adscrita a la Secretaría de Gobernación, ha informado a los demás integrantes de la Junta de Gobierno, incluida la CNDH, que “no se ha recibido ningún recurso en el fideicomiso, por lo que a partir del presente mes de octubre no será posible pagar a la empresa proveedora las medidas que día con día protegen a 727 beneficiarios, entre periodistas y personas defensoras, que en muchos casos dependen de las mismas para poder realizar sus actividades”.
Para la CNDH “es lamentable que, pese a la situación de riesgo que enfrentan periodistas y personas defensoras en el país, de lo que oportunamente ha informado este Organismo Nacional, y que está establecido en la ley, el Gobierno federal no asuma con total seriedad y compromiso la tarea de proteger a quienes integran ambos colectivos, y de cuya labor depende que la sociedad cuente con información suficiente sobre distintos temas o que se constituyen en la voz de diversos colectivos y temáticas que buscan reivindicar y garantizar los derechos de todas y todos en el país”.
*Periodista y consejera suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

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