Necesariamente Incomoda: Poder Judicial de Quintana Roo en la zozobra y en la desconfianza

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Graciela Machuca Martinez ——
A un aí±o dos meses, ocho de agosto de 2017, que el pleno del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo eligió como su presidente a José Antonio León Ruiz para el periodo 2017-2022, tal parece que el Poder Judicial quintanarroense está invernando, porque la sociedad quintanarroense no ve ningún cambio en la administración de justicia.
Han pasado 13 meses y dí­as desde que dejó el cargo de magistrado presidente, Fidel Villanueva Rivero, 30 de agosto de 2017, pero su forma de trabajar, sus compromisos polí­ticos y económicos, siguen presentes en la administración de Justicia de Quintana Roo, desde la Tercera Sala Especializada en Materia Penal Tradicional, y con ello la impunidad.
Villanueva Rivero, acusado de cometer acciones y omisiones, que podrí­an tipificarse como delitos no ha sido investigado y al contrario se le permite que siga traficando con influencias, a través de sus compaí±eros magistrados, jueces y demás personal judicial.
Si en Quintana Roo se administrara justicia para los polí­ticos, como si fueran cualquier otro mortal, ya se tuvieran luces sobre la acusación de desvió de 30 millones de pesos que hizo en contra de Villanueva Rivero, el diputado Alberto Vado Morales.
El propio León Ruiz, al tomar posesión del cargo, declaró que realizarí­a auditorí­as a la administración de su antecesor, sin embargo, hasta el momento, por opacidad o por que no se realizaron, se desconocen los resultados de esas investigaciones internas.
Hay que recordar que Antonio León Ruiz, fue electo para presidir el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, luego de que la XV Legislatura dio marcha atrás a reformas legales que integrantes de la XIV Legislatura aprobaron para permitir que Villanueva Rivero pudiera reelegirse por seis aí±os más y así­ garantizar impunidad para el gobierno saliente.
El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, llegó con luz verde del nuevo gobierno y con el apoyo de un amplio sector del Poder Judicial, así­ como por profesionales del derecho, además, de ser identificado con la exmagistrada presidenta Lizbeth Song Encalada, de quien fue su secretario particular, en algún momento de su carrera profesional. Sin embargo, esa buena estrella y condiciones polí­ticas se han ido apagando por la calidad de los resultados en su encargo.
Además, de las evidencias de corrupción e impunidad que le heredó su antecesor y quien las fue acumulando desde el 8 de agosto de 2011, León Ruiz no ha podido enfrentar el problema de la escasez de defensores de oficio, pues a mediados de este aí±o solo contaba con medio centenar de abogados públicos, para atender a una población aproximada de mil imputados.
La falta de habilidades en la administración pública del Poder Judicial y de capacidades para argumentar y pelear en el Congreso del Estado un mayor presupuesto, ha originado que el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo opere por inercia, hacia donde lo lleve el viento, ya que su presidente hace todo, menos dirigir a este Poder del estado y por omisión o falta de capacidades también puede incurrir en responsabilidades penales y administrativas, pero lo más lamentable es que sus incapacidades ponen en riesgo la libertad, incluso la integridad personal de quienes se ven involucradas en un proceso judicial.
Hay que recodarle al León Ruiz que el Artí­culo 97 de la Constitución Polí­tica del Estado de Quintana Roo establece: ”Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en el Tribunal Superior de Justicia, Tribunales y Juzgados, que lo ejercerán en el lugar, grado y términos asignados por esta Constitución y su ley reglamentaria correspondiente».
Además, seí±ala la Constitución local que con excepción de lo establecido en la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos, ”corresponde a los Tribunales y Juzgados del Estado conocer, en los términos de las leyes respectivas, de las controversias jurí­dicas que se susciten entre los poderes del Estado, respecto de materias de constitucionalidad y legalidad local; el Estado y los Municipios; el Estado y los particulares; entre los Municipios del Estado, los Municipios y los particulares; y los particulares entre sí­».
Además, el mismo artí­culo constitucional establece que ”la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial del Estado, con excepción de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura, en los términos que seí±ala esta Constitución y la ley respectiva. El Poder Judicial del Estado, tendrá la obligación de proporcionar a los particulares, los medios alternativos de solución a sus controversias jurí­dicas, tales como la conciliación o el arbitraje, de acuerdo a procedimientos de mediación, así­ como los procedimientos y eficacia de sus acuerdos y resoluciones. Además tendrá la obligación de proporcionar los servicios de defensorí­a pública y de asistencia jurí­dica a los sectores sociales desprotegidos. Para tal efecto las leyes respectivas establecerán las facultades e integración de las instituciones que de acuerdo a su competencia brindarán estos servicios. El Sistema de Justicia Indí­gena se ejercerá por las autoridades, de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indí­genas, en los términos que disponga la ley de la materia».
Es de vital importancia que el magistrado presidente León Ruiz recuerde que cuando tomó posesión del cargo protestó guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y ahora que ya le debió darse cuenta de la realidad, de la importancia de su cargo, debe cumplir con el mandato constitucional que tiene. Se supone que como experto en Derecho, esto lo deberí­a tener muy claro, pero los resultados de la administración de justicia en Quintana Roo, dicen lo contrario.

Graciela Machuca

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