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Necesariamente Incómoda

En la sección Libertad de Expresión y Periodismo, Política por el 31 agosto 2018 a las 12:12 pm

Graciela Machuca M*

–Asesinatos de periodistas sin respuesta del Estado mexicano.
–Quintana Roo, foco rojo y la responsabilidad del congreso local.
–Demagogia del gobierno federal en torno al Mecanismo de Protección.

Sin duda, en México seguiremos contando uno a uno los casos de personas periodistas asesinadas porque ni el gremio periodístico ha dado muestras de unidad y fortaleza, ni el Estado mexicano tiene el mínimo interés de resolver a fondo este asunto, mientras cientos de familias se quedan en la orfandad o con la esperanza de que algún día aparezcan sus seres queridos que se encuentran desaparecidos en Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Michoacán o Tamaulipas, solo por mencionar algunos estados, donde más de una treintena de periodistas se encuentran desparecidos.

2018 ha sido un año fatal para el periodismo quintanarroense, porque en unos cuantos meses ya suman tres periodistas asesinados, sin que las autoridades de procuración de justicia del ámbito federal y estatal ofrezcan avances de las investigaciones de los dos primeros casos y ahora se suma el lamentable asesinato de Javier Rodríguez Valladares, camarógrafo del Canal 10 de TV que opera en Cancún.
Los hechos ocurrieron durante la tarde del miércoles 29 de agosto, cuando Rodríguez Valladares se encontraba reunido con una persona, al parecer en tratos para la compra-venta de un automóvil y en ese momento ambos fueron asesinados a balazos, A Javier también le fue robado su teléfono celular y su vehículo.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo, a las pocas horas emitió un comunicado por medio del cual afirmó que el periodista asesinado se encontraba fuera de su horario laboral y sin uniforme de la empresa para la cual laboraba, por lo que los hechos no tienen nada que ver con la libertad de expresión, Boletín que el propio fiscal circuló.

En Quintana Roo, la institución de procuración de justicia solo está para criminalizar a las víctimas y para justificar su incapacidad para investigar con base en métodos científicos y con ética profesional.

Las amenazas, el hostigamiento, las campañas de desprestigio, la agresión física, los ataques cibernéticos en contra de periodistas, no solo han quedado en eso, porque la lista de atentados fatales va en aumento, como ocurre en otras entidades del país.

El 30 de junio de 2018 fue asesinado en Felipe carrillo Puerto, José Guadalupe Chan Dzib, colaborador del periódico digital Playas News; el 24 de julio siguiente asesinaron a Rubén Pat Cauich, director de Playa News en Playa del Carmen. A esta historia hay que agregar que en diciembre del 2009 fue asesinado Alberto Velázquez en Tulum, director del diario Expresiones.

Este 30 de agosto, Día Internacional de la Desaparición Forzada, se recuerda que está en calidad de desaparecido Oscar Díaz Peniche, exdirector de Novedades de Quintana Roo y Grupo Turqueza.

Sobre estos atentados a la libertad de expresión, ni la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado, ni la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) han dado muestras de eficacia en su trabajo de investigar tanto las causas como la identidad de los responsables materiales e intelectuales.

La indignación, el miedo, el terror y la desesperanza nos corroe el alma, el espíritu, la vida, cuando comprobamos, una vez más, que a las autoridades de procuración de justicia no les importa la integridad física y emocional de las mujeres periodistas y de los hombres periodistas, porque prefieren que haya silencio, terror, muerte, olvido, antes de que salgan a la luz públicas sus actos de corrupción e incapacidad.

En Quintana Roo, cuando la XV Legislatura local decidió abrogar la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con la complicidad de personas que se dicen integrantes del gremio periodístico oficial, se envió un mensaje políticamente claro, en el sentido de que quedaba el campo libre para asesinar periodistas, porque al poder Legislativo, no le interesa lo que suceda con el gremio periodístico y los resultados ya los tenemos a la vista: tres periodistas asesinados, uno en junio, otro en julio y uno más en agosto.

Ahora, espero la respuesta de quienes promovieron que la ley de protección se abrogara, quienes sin conocer de los principios de progresividad y no regresividad de los derechos humanos avalaron su abrogación, motivados por un impulso netamente visceral respaldados en el poder. El poder Legislativo decidió ese acto criminal y por ello tiene la responsabilidad de lo que está sucediendo, porque las legisladoras y los legisladores faltaron a su promesa de hacer cumplir la Constitución, entre sus obligaciones estaba la de fortalecer esa ley y generar políticas públicas de prevención contra la violencia contra periodistas.

Del gobierno federal, hay mucho que decir, pues a pesar de operar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ni a la Cámara de Diputados ni al presidente de la República, mucho menos a los secretarios de Gobernación en turno, les interesa que la protección sea eficaz.
En la misma tarde que asesinaron a Javier Rodríguez Valladares en Cancún, Quintana Roo, desde la Ciudad de México, un colectivo de organizaciones civiles dedicadas a promover la libertad de expresión, emitieron un pronunciamiento para exigir al Estado mexicano mayores recursos para el referido mecanismo de protección. Días antes hicieron lo propio la oficina en México del alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Dicho pronunciamiento sostiene que por segunda ocasión el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo), informa que los recursos para implementación de medidas se han agotado, poniendo en un mayor riesgo a las 702 personas que actualmente son beneficiarias de esa institución.
El Espacio OSC se suma a la exigencia de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), haciendo un llamado al Gobierno mexicano para destinar recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del Mecanismo, el cual tiene como objetivos implementar medidas de prevención, preventivas y urgentes de protección para garantizar la vida, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

El Mecanismo ha expresado contar con una insuficiencia presupuestal en el fideicomiso del “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, por lo que dichos recursos podrían agotarse en las próximas semanas, generando un incumplimiento en la implementación de medidas de personas que actualmente son beneficiarias, así como impidiendo que nuevas personas en riesgo fueran protegidas adecuadamente. Si bien el citado Fondo no financia todas las medidas de protección, sí aquellas destinadas a personas defensoras y periodistas que, de acuerdo al análisis de riesgo, mantienen un mayor nivel de riesgo por lo que se requieren medidas más drásticas.

*Graciela Machuca Martínez, consejera suplente del Consejo Consultivo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; corresponsal en Quintana Roo del Noticiario Detrás de la Noticia y Directora de la Revista Maya sin Frontera que se edita en Quintana Roo.

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