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Ultramar: corrupción e impunidad

En la sección Turismo sin Fronteras por el 17 julio 2018 a las 9:13 am

POR ESTO

Bajo el amparo de la impunidad y la corrupción, la naviera Ultramar del empresario Germán Orozco Sarro se ha convertido en una constante violadora de la reglamentación tanto ambiental como de competencia en Quintana Roo y ha preferido pagar las multas que cumplir con las leyes, mismas que pisotea para atender sus intereses personales.
Desde el 2006 dicha empresa ha estado violentando la ley ambiental y el caso que más sonó en ese entonces, fue el asunto del muelle en Playa del Carmen, donde desde el inicio de su edificación, grupos de ambientalistas evidenciaron irregularidades para la emisión de permisos de construcción y de obtención de permisos locales y federales.
En todo momento, la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantuvo una supuesta “lucha legal” para tratar de conseguir la demolición de dicho muelle, pero esto nunca ocurrió bajo el argumento de que el daño ambiental ya era irreversible.
En el año 2016, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso multas por más de 45 millones de pesos a las empresas Golfo Transportación, Naviera Ocean GM y Ultramar, por incurrir en prácticas monopólicas absolutas en el mercado de transporte marítimo de pasajeros en el estado de Quintana Roo.
Dicha autoridad, estableció que tras el análisis del expediente DE-002-2014, el Pleno de la Cofece concluyó la existencia de elementos suficientes que permitieron determinar que los agentes económicos sancionados se coludieron entre septiembre de 2013 y noviembre de 2015 para fijar, elevar, concertar o manipular los precios de los servicios que prestan.
Pero antes, en el año 2011, dicha empresa junto a otras más, ya habían incurrido en prácticas monopólicas y la misma autoridad federal, por unanimidad de votos, resolvió multarlas por un total de 25 millones 750 mil pesos.
En esa ocasión, en la ruta Cancún-Isla Mujeres, los grupos económicos Transportes Marítimos Magaña y Ultramar elevaron los precios de sus servicios de manera conjunta y coordinada, al anunciar nuevas tarifas en las mismas fechas, en precios y categorías iguales e incluso en un formato común que contenía los logotipos de ambos grupos.
Esta fijación de precios, violó la fracción I del artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica.
Y así, es como ha se ha conducido la firma del empresario Germán Orozco Sarro, quien de hecho se ha visto beneficiada por la Administración Portuaria Integral (API) de Quintana Roo, bajo la dirección de Alicia Ricalde, quien a pesar de que supuestamente le retiró la exclusividad de los muelles en Cozumel, modificó las Reglas de Operación para permitir el arribo de las nuevas embarcaciones de Ultramar, incluso en Puerto Juárez y Punta Sam, así como en Isla Mujeres donde le permitieron a Ultramar pagar menos a la API por uso del muelle.
Pero ahora, ya en el 2018, la Profepa supuestamente sancionó a la mencionada naviera del polémico empresario Germán Orozco Sarro, por meter una draga sin permisos y extraer arena del espacio ubicado entre los dos muelles de concreto de la Terminal Marítima de Apiqroo en Punta Sam, como parte de las “adecuaciones” para que pudiese operar el ferry “Ultracarga III”, que a hasta la fecha permanece atracado en Isla Mujeres sin haber podido incorporarse a la ruta.

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