La impunidad y la ética periodística
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
El 18 de noviembre de 2017, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, en la ciudad de Mérida, Yucatán, sostuvo que ese organismo público nacional defensor de derechos humanos comprobó que ”las autoridades federales y estatales no han cumplido con su deber de prevenir, investigar y sancionar los crímenes contra comunicadores».
La aseveración anterior la fundamentó en ”el análisis de 176 averiguaciones previas relacionadas con homicidios, desapariciones y atentados contra instalaciones de medios de comunicación de las cuales, sólo en 10% de los casos existe sentencia condenatoria y en el 90% restante, impera la impunidad».
El ombudsperson nacional destacó que ”la falta de adecuada procuración de justicia para identificar a los responsables y sancionarlos genera un clima de impunidad creciente que se traduce en patente para que se les hostigue, como este Organismo Nacional lo dio a conocer en la Recomendación General 24 Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México».
Tanto la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, como la Fiscalía Especial de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), podrán decir que los asesinatos de José Guadalupe Chan Dzib y Rubén Pat Cahuich son muy recientes y que por ello no tienen resultados de las indagatorias, pero hay muchas otras agresiones al gremio periodístico de Quintana Roo que han llegado a una u a otra fiscalía y la omisión es la misma, se abstienen de investigar y cuando lo hacen predomina la negligencia, las filtraciones, las malas prácticas y la falta de voluntad política para investigar de una manera seria, científica y profesional como lo indican los estándares internacionales en la materia.
Por ejemplo, desde el 22 de diciembre de 2009 se abrió una investigación por el asesinato de José Alberto Velázquez López, perpetrado en la ciudad de Tulum, Quintana Roo, frente a las puertas del periódico Expresiones de Tulum, donde laboraba. Sin embargo, las autoridades de procuración de justicia, en todo momento se han negado a agotar la línea de investigación relacionada con su trabajo periodístico. Ahora el caso está en reserva porque el Ministerio Público se dedicó a indagar en otras líneas, sin que hayan concluido alguna.
Quienes en ese entonces tenían la responsabilidad de investigar, intentaron vincular al periodista con tráfico de drogas, venta ilegal de terrenos y una relación extramarital, pero se negaron a investigar las amenazas que recibió Velázquez López un mes antes de su asesinato, incluso fue lanzada una bomba molotov a las puertas de su centro de trabajo.
En la averiguación previa existen testimonios de la presunta vinculación de estos hechos con personajes de la vida política local y estatal que se disputaban el control político de la zona, información que no fue considerada por el Ministerio Público.
Después de decenas de otros agravios a periodistas de Quintana Roo, documentados por el gremio periodístico estatal, por organizaciones civiles estatales y nacionales y por organismos internacionales como, la Casa de los Derechos de Periodistas A.C., la Organización de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Reporteros sin Fronteras, se concluye, que impera la impunidad, sin importar el grupo político que gobierne.
Ahora tenemos a una tercera familia de luto, a un gremio periodístico sumido en la autocensura, en la incertidumbre, en la zozobra y sin instituciones sólidas que les garanticen su Derecho a la Información como lo establecen los artículos primero, sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Desde las filas del gremio periodístico y desde quienes hemos tomado la defensa de la libertad de expresión como una forma de vida, lo único que pedimos en el caso de los asesinatos de José Alberto Velázquez López, José Guadalupe Chan Dzib y Rubén Pat Cahuich, que las fiscalías investiguen sin sesgos políticas o de discriminación o estigmatización.
Si queremos vivir en estado de derecho que abone a la pacificación de este país no podemos defender los casos a ultranza, ni mucho menos plantear hipótesis que se asuman como verdad, lo que se exige es justicia, que se investiguen los móviles y que se castiguen a las personas responsables.
Es reprobable que en un país que se dice democrático, 90 por ciento de los delitos cometidos contra la Libertad de Expresión no se castiguen, lo que contribuye a la impunidad y a la corrupción.
Los asesinatos, de José Guadalupe Chan Dzib y Rubén Pat Cahuich, obligaron al equipo de información y redacción de la página en Facebook Playa News Aquí y Ahora ”hacer una pausa» en la operación de ese medio de comunicación, el cual al día 24 de julio de 2018 tenía más de 189 mil seguidores, una audiencia que ahora quedará sin ese servicio informativo, independientemente de la concepción profesional o ética con la que desarrollaba su quehacer periodístico.
Desde hace varios aí±os he advertido la grave situación que vivimos mujeres y hombres periodistas en Quintana Roo, quienes hemos sido víctimas de delitos, de violaciones a nuestros derechos humanos y de abusos del poder, pero a pesar de la urgencia de haberse tomado cartas en el asunto, las autoridades, por caprichos políticos e ignorancia, optaron por dar marcha atrás a lo logrado.
Ahora corresponde a la FEADLE y a la fiscalía estatal aclarar los homicidios de José Guadalupe y Rubén y para ello requieren evidencias obtenidas apegadas al debido proceso, porque una de las debilidades de estas instituciones de procuración de justicia es la falta de credibilidad por parte de la ciudadanía, la cual se han ganado a pulso, por no cumplir adecuadamente con sus facultades constitucionales.
Esperamos que la sociedad, el gremio periodístico y las autoridades federales y estatales de Quintana Roo, actúen para detener la violencia, cada uno de estos actores tenemos mucho por hacer.
Para empezar el gremio periodístico se debe profesionalizar y así como utilizamos una libreta, una pluma, una grabadora o una cámara, debemos utilizar la ética, como herramienta indispensable en el quehacer periodístico.
Graciela Machuca
