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Dragado clandestino de Ultramar

En la sección Turismo sin Fronteras por el 18 julio 2018 a las 9:02 am

POR ESTO

El dragado a escondidas que comenzó a efectuar la naviera Ultramar en Punta Sam, ya le habría sido negado por las autoridades federales en materia ambiental desde el año pasado, y a pesar de ello procedió a hacerlo bajo el completo amparo de la impunidad y la protección de la directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde Magaña.
A principios del presente año, Germán Orozco Sarro, propietario de la naviera Ultramar presumió la llegada de tres embarcaciones de carga, una de ellas bautizada como “Ultracarga III”, para cubrir la ruta Punta Sam-Isla Mujeres y viceversa, a sabiendas de que todavía no obtenía los permisos para su operación.
Incluso, por el gran calado de dicha embarcación, era necesario que al menos en Punta Sam se efectuara un importante dragado que de hacerlo sobre el muelle principal de concreto, donde opera actualmente la empresa de transbordadores, generaría un conflicto con este servicio.
Por esa razón y en acuerdo con la titular de la Apiqroo, Alicia Ricalde Magaña, le permitieron que hiciera un dragado “clandestino”, es decir, por las tardes-noches que ya no hay actividad en Punta Sam para no generar problemas.
Esto, a pesar de que las autoridades ambientales no habían otorgado el permiso correspondiente, del cual se sabe, desde el año pasado, que le habría sido negado a Orozco Sarro, pero ante la insistencia y la amistad con Ricalde Magaña permitió que trabajaran a escondidas e instalara unos tubos, absorbían la arena del área que requerían abrir para hacerle creer a la autoridad ambiental que el ferry “Ultracarga III” podía operar sin necesidad de un dragado formal.
A decir de prestadores de servicios turísticos, que suplicaron el anonimato, el trabajo clandestino que hizo la empresa Ultramar, durante algunas semanas, generó que la arena que extraían para abrir el canal fuera depositada en un área de pasto marino, el cual fue ahogado por el mismo sedimento.
En ese sentido, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recibió una denuncia incógnita que obligó a la dependencia a efectuar una inspección, y tras ello procedió a aplicar una sanción de dos millones al empresario que quiere ampliar su emporio naviero con la entrada del ferry “Ultracarga III”, aprovechándose de la relación que lo une con la directora de la Apiqroo que le ha dado todas las facilidades para poder entrar a Punta Sam.
Es importante destacar que desde la administración federal de Vicente Fox Quezada Germán Orozco Sarro ha contado con todo el respaldo del gobierno federal, y sólo en acciones donde se evidencian públicamente los abusos, es que algunas instancias como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y ahora la Profepa se ven obligados a actuar en consecuencia.
Sin embargo, una de las dependencias que se ha convertido en cómplice de los abusos de dicho empresario ha sido la propia Capitanía de Puerto, instancia que ha pasado por alto el cúmulo de irregularidades que a diario cometen todas las embarcaciones de la naviera Ultramar que prestan el servicio tanto en Cancún e Isla Mujeres, como de Playa del Carmen a Cozumel.

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