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Necesariamente Incómoda: Resolución judicial no avala opacidad en el Congreso

En la sección Política por el 12 junio 2018 a las 4:32 pm

 

Graciela Machuca Martínez—–

 

Hace más de seis meses, cuando la asociación civil Somos tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo solicitó información pública al Congreso del Estado para conocer a detalle en qué se gastaron cerca de 102 millones de pesos de la partida de  Ayudas Sociales, durante el segundo semestre de 2016 y primero de 2017, lo que buscó fue ejercer un derecho humano contemplado en el Artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A pesar de la existencia de  una resolución del Juez Primero de Distrito con sede en Chetumal, quien otorgó el amparo de la justicia federal a la peticionaria, aún esa información vital para la sociedad quintanarroense sigue bajo llave, debido a que el amparo solo atendió el asunto de forma y no de fondo.

Somos tus Ojos, aún tiene otros recursos legales para seguir buscando derribar los muros de la opacidad y de los criterios patrimonialistas sobre la información pública gubernamental que existe en el Congreso de Quintana Roo, donde la burocracia y el cuerpo legislativo trabajan bajo el principio de máxima privacidad y no de máxima publicidad como lo dice el mandato constitucional.

El  22 de mayo de 2018, el juzgado federal de referencia emitió un acuerdo por el que da por terminado el caso  en esa instancia y manda el expediente al archivo por un periodo de tres años, sin antes dar a conocer sus determinaciones en el sentido de que la autoridad del Poder Legislativo del estado de Quintana Roo, demandada para otorgar la información, “se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, ya que se parte de la premisa de que la concesión del amparo fue por aspectos formales (fundamentación y motivación) otorgándole libertad de actuación”.

Las autoridades responsables dejaron insubsistentes las respuestas a las solicitudes identificadas con los folios  00798017, 00797817 y 00797617, formuladas por la parte amparista y las substituyeron por otras ya fundadas y motivadas.

El documento judicial también señala que lo anterior queda evidenciado “con las constancias relativas que el Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, remitió, por tanto, las cuestiones a las que se refiere la petición de amparo, en cuanto a que no se cumplió el fallo protector por los motivos a que hace referencia en su escrito de mérito, aunque refiere vincularlos con la fundamentación y motivación del nuevo acto de autoridad, se advierte que están sustancialmente dirigidos a  impugnar aspectos de fondo, por tanto no  pueden ser abordados ni atendidos en esta determinación de cumplimiento”.

Se aclara que el Juzgado Primero de Distrito “se encuentra  impedido para atender cuestiones relacionadas con el fondo del asunto, cuando la materia de la protección constitucional versa sobre aspectos formales, como son la debida fundamentación y motivación”.

Por lo que determinó: “… en consecuencia, atentamente indíquesele a la parte justiciable que está en aptitud de hacer valer sus derechos, por los medios legales ordinarios correspondientes que establece la ley de la materia, o incluso, acudir de nueva cuenta al juicio constitucional”.

El eje rector de la transparencia con miras a combatir la corrupción en el principio de máxima publicidad, el cual se contrapone, solo por excepción a la reserva, por cuestiones claramente establecidas en la ley, pero el congreso del Estado de Quintana Roo, tiene que llegar hasta la judicialización de solicitudes de acceso a la información pública gubernamental para esconder algo.

Si las cuentas de la partida de Ayudas Sociales están claras, no hay necesidad de tratar de cubrirlas de opacidad con mandatos judiciales que no están diseñados con transparencia y desde la observación ciudadana. Por la rigidez y la cultura patrimonialista de instituciones como la judicial en México es que se diseñó y optó por un procedimiento administrativo que permitiera la flexibilidad para que la observación ciudadana incidiera en la cultura de la transparencia, pero como dice el refrán popular: cuando el río suena es que agua lleva.

Han pasado más de seis meses que Somos tus Ojos, ejerciendo un derecho constitucional, solicitó tener a la vista información detallada de cómo se gastaron esos 102 millones de pesos, pero lo único que ha encontrado por parte del Congreso es más y más opacidad.

La sociedad de Quintana Roo requiere tener acceso, invocando su Derecho de Acceso a la Información Pública Gubernamental,  “a las facturas, recibos y/o comprobantes del gasto de la partida “ayudas sociales” del Congreso de Quintana Roo, que en el 2016 ascendió a 55.8 millones de pesos, y que al primer semestre del 2017 ya sumaba 46.9 millones de pesos”, de acuerdo por lo expuesto por  Somos Tus Ojos, organización civil que  presentó un amparo, mismo que fue admitido con el número 814/2017 por el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Chetumal, el 30 de noviembre.

Se recurrió al amparo porque el Congreso declaró “inexistente” la información relativa “a los documentos que pudieran justificar el gasto en “ayudas sociales” del 2016 y del primer trimestre del 2017, así como por solicitar el pago de 4 mil 900 pesos para tener acceso a los documentos del gasto en apoyos sociales correspondiente al segundo trimestre del 2017”.

Las autoridades responsables fueron: el Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo, Hassan Medina; el Comité de Transparencia del Poder Legislativo, y la Directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad del Congreso del Estado, Ana María de la Luz Hernández Ayala.

Si este litigio continúa será porque el Congreso del estado de Quintana Roo no quiere hablarle con la verdad al pueblo.

 

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