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Incertidumbre legislativa en QR

En la sección Política por el 12 junio 2018 a las 9:15 am

POR ESTO

El Congreso del Estado está entregado y sometido a la administración estatal, nunca estableció un cambio como se esperaba dentro de ese poder, y actualmente existe una incertidumbre legislativa en Quintana Roo.
Esa es la conclusión establecida por el Observatorio Legislativo, al concluir el segundo periodo del segundo año de la XV Legislatura, donde no sólo no se han entregado resultados, sino que incluso se han llevado a cabo falsificaciones de documentos (como lo dio a conocer los diarios POR ESTO!) para justificar una aprobación de 2 mil 900 millones de pesos al gobierno del estado.
En conferencia de prensa, el presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, señaló que los dos años de trabajo de los diputados que conforman el Congreso del estado, no tiene resultados y perdieron la oportunidad histórica en convertirse en un poder independiente.
Asimismo recalcó que “con base a esto, ya podemos vislumbrar cuáles serán sus resultados finales, no sólo porque ya está cumpliendo las dos terceras partes de su periodo legislativo, sino porque además varios de sus integrantes electos por las dos vías ya no regresarán a sus curules para el siguiente periodo que inicia el 5 de septiembre del presente año y en el cual generalmente se ocupan de las aprobaciones de las leyes de ingresos de estado y municipios”.

Nulo cambio en el Poder Legislativo, entreguismo al gobierno en turno

De acuerdo con el análisis del Observatorio Legislativo, el segundo año de la XV Legislatura no tuvo resultados debido a que sus trabajos no se apegaron a la agenda que se elaboró por parte de los grupos políticos y menos por las propuestas de la ciudadanía.
De hecho, la agenda se construyó con base a intereses particulares, principalmente con impacto en la zona norte del estado y en específico Cancún, por las propuestas enviadas por parte del Ejecutivo.
Además de esto, la XV Legislatura perdió la oportunidad de convertirse en un poder independiente y hacer el real contrapeso a los otros dos poderes. A las iniciativas presentadas por el Ejecutivo no realizó ninguna objeción o incluso una revisión detallada y profunda sobre las consecuencias y trascendencia de las leyes y acuerdos aprobados. Por ejemplo, las de Movilidad, la de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y la aprobación del financiamiento por arrendamiento puro para equipamiento de seguridad en base a tecnología.
“Lo que nos demuestra esto es que se sigue entonces en la práctica política de una subordinación al Ejecutivo y dentro del propio congreso no se presentó ninguna oposición. Es cierto que se estableció el Sistema Estatal Anticorrupción, pero por una obligación constitucional que demandó la ciudadanía y que tenía plazo para cumplirse. Igualmente la Ley de Participación Ciudadana quedó muy limitada y sin evaluar sus procedimientos, tal es el caso de las consultas populares, que con el ejemplo de la solicitud presentada por el Ejecutivo para confirmar la aceptación o rechazo sobre tema del uso de plataformas digitales en servicios de transporte, se vio lo costoso que implicarán estos procedimientos”, destacó Eduardo Galaviz Ibarra.
Dentro del análisis del organismo no gubernamental se hace hincapié en que no se avanzó nada en gobierno y Parlamento Digital, lo cual se ha calificado como una simulación en materia de transparencia.
En ese punto, se mantuvo la información limitada en su página web, la base de datos duros financieros y de cuentas sigue en la opacidad.
“Esto es muy importante, ya que además de esta opacidad, hemos señalado que en comparación con la anterior legislatura su presupuesto se incrementó notoriamente, lo que la ha convertido en una de las más caras del país y sin una real rendición de cuentas”, añadió el entrevistado.
Falsificación de documentos oficiales

Recientemente, el Observatorio Legislativo había hecho la observación con respecto al decreto en donde el congreso autorizó un monto de 2 mil 900 millones de pesos para el arrendamiento de equipos de tecnología para seguridad.
Dentro del análisis, se hizo el señalamiento en torno a verificar la contratación y el registro de esta acción como una nueva deuda pública de acuerdo a lo que se establece en la ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios.
Esta iniciativa enviada por el Ejecutivo fue ingresada en la sesión 29 del 29 de mayo y aprobada en la sesión 30 del 30 de mayo con un aparente análisis de las comisiones involucradas.
“Además, un punto cuestionado en este proceso, es que en su procedimiento legislativo se basaron en una ley abrogada, y que al ser exhibido por un medio impreso (POR ESTO! de Quintana Roo) y se llegó al extremo de sustituir los documentos publicados en la página web del congreso el mismo día del señalamiento. Esto evidencia la falta de cuidado en la labor legislativa y del trabajo de los diputados”, explicó Eduardo Galaviz Ibarra.
Ante este contexto, el Observatorio Legislativo destacó que el trabajo del Congreso del Estado no se ha realizado con análisis de los impactos que estas disposiciones generarán a la ciudadanía, faltó profundidad y detenimiento en el estudio y capacidad para generar acuerdos entre todas las partes susceptibles de afectación, municipios, empresarios, sectores productivos, agrupaciones sindicales y ciudadanos.
Sólo un sometimiento al Poder Ejecutivo. La esperanza del cambio desaparece y la incertidumbre aparece.

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