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Golpe a opacidad de la XV Legislatura

En la sección Política por el 14 junio 2018 a las 9:25 am

POR ESTO

Por Miguel Ángel Fernández

CHETUMAL, 13 de enero.- Un nuevo golpe a la impunidad y opacidad del Congreso del Estado se registró luego de que el juez primero de distrito en Quintana Roo concedió un amparo a la asociación Somos Tus Ojos, para que la Unidad de Transparencia responda nuevamente y exhiba las facturas y recibos que amparan un gasto de casi 100 millones de pesos, supuestamente realizado en “ayudas sociales”.
Esto ocurre poco después de que quedará en evidencia una grave irregularidad en la que la XV Legislatura aprobara un arrendamiento por 2 mil 900 millones de pesos, cuando en su dictamen se justificó la anuencia en una ley abrogada. Lejos de reconocer su error, el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, ordenó bajar el documento y eliminar la hoja del error, pero quedó en evidencia que el dictamen vigente en el portal del Poder Legislativo fue creado cinco días después de su aprobación.
En un acto de prepotencia y soberbia, Martínez Arcila negó los hechos sin saber que el personal a su cargo dejó muchos rastros de la falsificación del documento, que fue editado el 4 de junio, cuando el dictamen original fue del 30 de mayo, lo cual se observa claramente en las propiedades del mismo.
Ahora, nuevamente se ha requerido al Congreso poner a la vista las facturas y notas que comprueben el gasto en ayudas sociales del 2016 y el primer semestre del 2017, que suman alrededor de 100 millones de pesos.
Para tratar de dilatar el tema y mantener en la opacidad el asunto, en diversas ocasiones el titular de la Unidad de Transparencia, Hassan Medina Rodríguez, contestó que todas las facturas y notas del 2016 y del primer semestre del 2017 se encontraban en manos de la Auditoría Superior del Estado, por lo que era imposible tener acceso a las mismas.
Ante la respuesta del Congreso, la asociación interpuso un amparo en noviembre de 2017, concediéndole el juez la razón a esta organización al considerar que la Unidad de Transparencia no justificó por qué no tiene en sus archivos las notas o facturas que entregó a la Auditoría Superior.
En el 2016, el gasto en “ayudas sociales” aplicado por el Congreso ascendió a 55.8 millones de pesos, y el del primer semestre del 2017 ya sumaba 46.9 millones de pesos. Con estos recursos supuestamente se pagaron accesorios y suministros médicos, estudios médicos, medicamentos, suplementos alimenticios, apoyos a la educación, apoyos al deporte, alimentación, despensas, hospedaje, transportación, herramientas, material de construcción, gastos funerarios, ataúdes y otros.
Sin embargo, existe una duda fundada sobre el verdadero uso y destino de estos recursos, pues como se recordará, la ciudadana Cecilia Sánchez Olais, con apoyo de Somos Tus Ojos, denunció a Ana María de la Luz Hernández Ayala, directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad del Congreso del Estado, por el presunto delito de peculado, luego de que en la sección de Transparencia de la página del Congreso, la denunciante encontrara su nombre en el padrón de beneficiarios de “ayudas sociales”, con un supuesto apoyo de “hospedaje” entregado el siete de noviembre de dos mil dieciséis, el cual la ciudadana nunca recibió.
La denuncia, con número de caso FGE/QR/SOL/10/6074/2017, fue turnada a la Fiscalía Anticorrupción, en donde el proceso se encuentra estancado.
La resolución del juez primero de distrito en Quintana Roo representa un nuevo golpe a la opacidad del Poder Legislativo y una oportunidad para obtener las facturas y notas que comprueben el millonario derroche y desvío de recursos cometido por los diputados de todos los partidos de la XIV y XV Legislatura.

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