Uber no garantiza seguridad

POR ESTO

CHETUMAL, 17 de abril.- Mientras que en Quintana Roo se pretende abrir espacio a Uber mediante una consulta popular, a nivel federal y en otros estados del paí­s se lucha por la regulación estricta de ésta y otras plataformas digitales de transporte (llamadas Empresas de Redes de Transporte), derivado de las numerosas quejas en el servicio y delitos cometidos por los choferes, aunado a que esta empresa no se responsabiliza de los servicios brindados y tampoco garantiza la seguridad de sus usuarios.
Por esa falta de capacidad para brindar un servicio seguro, así­ como sus desventajosas polí­ticas de ”usos y condiciones» en las que no asume ninguna responsabilidad hacia los usuarios, también existen paí­ses donde a la empresa Uber le retiraron los permisos para operar o está sujeta a una regulación mayor.
Pero en Quintana Roo no se ha tomado en cuenta lo que sucede en otras ciudades del mundo y del paí­s respecto a la regulación de Uber y otras como Cabify, sino que usando la consulta popular del próximo 1 de julio se puede llegar a permitir que los choferes de estas empresas con matriz en el extranjero operen sin necesidad de tramitar una concesión, ni someter a los conductores y automóviles a ninguna regulación, a diferencia de lo que sucede con los taxistas locales.
La consulta popular se hará en el municipio Benito Juárez el dí­a de la jornada electoral, siendo Cancún la ciudad donde Uber quiere iniciar operaciones, lo cual es más riesgoso en el norte del estado, donde permean el narcotráfico y otros crí­menes de alto impacto, ya que la empresa digital de transporte no se hace responsable del servicio otorgado ni garantiza la seguridad de sus usuarios.
Los filtros de seguridad de Uber son insuficientes, ya que prácticamente cualquier persona puede llegar a ser conductor, únicamente teniendo que presentar su carta de antecedentes no penales y pasar un sencillo formulario.
En una ciudad como Cancún, un destino donde la inseguridad y la violencia han ido en crecimiento, donde las ejecuciones y otros delitos de alto impacto son cosa de todos los dí­as, la entrada de Uber sin mayor regulación significa un riesgo para la ciudadaní­a, además de que podrí­a facilitar la operación del crimen organizado, razón por la cual necesita un análisis más a fondo en lugar de reducirlo a una simple consulta popular.
Uno de los casos más sonados de inseguridad de los servicios de transporte prestados por plataforma digital, que traspasó fronteras y conmocionó a personas de todo el paí­s, fue el de Mariana Castilla, joven estudiante de Puebla que fue violada y asesinada en el lapso que habí­a solicitado este servicio en septiembre del 2017, por el conductor de la unidad de servicio privado de transporte de la empresa Cabify.
Ante el brutal crimen, el gobierno de Puebla canceló el registro a Cabify debido a irregularidades, como el hecho de que la empresa nunca se enteró de que el asesino de Mariana Castilla habí­a sido detenido meses antes por robo de hidrocarburos.
En noviembre de 2017 se publicaron las reformas a la Ley de Transporte de Puebla, en donde se estableció que los choferes de las ERT deberán realizar exámenes toxicológicos y psicométricos cada seis meses; luego de cumplir con los requisitos se le devolvió el registro a Cabify.
Existen estados donde Uber ya opera y actualmente se busca reforzar su regulación y el de otras ERT, pues se ha reconocido la deficiencia de sus servicios y la falta de seguridad para los usuarios, entre éstos se puede mencionar la Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Yucatán, San Luis Potosí­, Colima, Puebla, Sonora y Tijuana.
Como parte de estas regulaciones, que varí­an dependiendo el estado, se establece un número limitado de vehí­culos, la renovación anual para prestar el servicio, crear un padrón de personas morales que utilicen dichas aplicaciones, cobrar una aportación por cada viaje, pasar revista, que los choferes sean sometidos a exámenes toxicológicos y que estén certificados en igualdad de género, así­ como el uso de vehí­culos con un costo arriba de los 200 mil pesos.
Asimismo, hubo regiones donde la entrada de Uber generó inconformidad entre los concesionarios del servicio tradicional, que es el taxi, quienes comenzaron a protestar contra la nueva competencia por sentir que era desleal y amenazaba sus ingresos, ya que las plataformas digitales de transporte no estaban sujetas a las mismas obligaciones que los taxistas.
Por esta razón, los taxistas de Quintana Roo se oponen a la consulta popular que determinará la entrada de Uber al estado, pues si bien no están en contra de la competencia de esta tipo de empresas, quieren que lo hagan en las mismas condiciones que los demás transportistas, empezando por el uso de concesiones.
Uber tiene cobertura en más de 600 ciudades de todo el mundo, aunque opera con ciertas limitantes, además de que existen regiones donde se le reconoce como empresa de transporte; tal y como lo indicó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que resolvió que Uber es una empresa de transporte y no solamente una aplicación digital que ayuda a conectar choferes con usuarios, por lo que tiene que empezar a ser regulada como tal.
A finales de septiembre del 2017 la empresa Uber perdió su autorización y dejó de prestar sus servicios en Londres, luego de que Transport for London (TfL), el organismo que controla el transporte público de la capital británica, denegó la solicitud de renovación de licencia de la empresa estadounidense al considerar que no era un operador seguro ni adecuado.
La empresa de transporte también dejó de operar en Dinamarca en marzo del 2017, aunque en este caso lo hizo por decisión propia, ya que no querí­a acatar las leyes en materia de transporte que lo obligaban a instalar en los vehí­culos sensores de asiento, taxí­metros y cámaras de vigilancia. Uber no quiso cumplir con estas disposiciones y prefirió irse de esa nación.
Asimismo, con una desventajosa polí­tica de sus servicios, donde opera, Uber deja en total indefensión a todos sus usuarios, pues no se hace responsable de ningún daí±o material, fí­sico o cualquier otra afectación que surjan al momento de contratar el servicio de transporte.
Los desventajosos ”términos y condiciones» de Uber en su punto cinco seí±alan lo siguiente: ”Uber no garantiza la calidad, idoneidad, seguridad o habilidad de los terceros proveedores. Usted acuerda que todo riesgo derivado de su uso de los servicios y cualquier servicio o bien solicitado con aquellos será únicamente suyo».
El mismo punto indica: ”Uber no será responsable de daí±os indirectos, incidentales, especiales, ejemplares, punitivos o emergentes, incluidos el lucro cesante, la pérdida de datos, la lesión personal o el daí±o a la propiedad ni de perjuicios relativos, o en relación con, o de otro modo derivados de cualquier uso de los servicios, incluso aunque Uber haya sido advertido de la posibilidad de dichos daí±os. Uber no será responsable de cualquier daí±o».
Aunque Uber es una empresa digital de transporte y por tanto los choferes son sus empleados, en sus ”términos y condiciones» no los reconoce de esta manera, ya que desde el segundo punto deja muy en claro que el usuario reconoce que ”Uber no presta servicios de transporte de ningún tipo o de logí­stica o funciona como una empresa de transportes y que dichos servicios de transporte o logí­stica se prestan por terceros prestadores particulares independientes, que no están empleados por Uber ni por ninguno de sus afiliados».
Todo lo anterior lo alega esta Empresa de Redes de Transporte (ERT) para evadir la ley y su responsabilidad cuando así­ sea necesario, con lo que se reconoce que esta empresa puede dar un buen o mal servicio; además de que no es segura y tampoco quiere serlo, lo que ha resultado en un gran número de quejas por parte de los usuarios y delitos cometidos por los choferes.
Además del lamentable caso de Mariana Castilla en Puebla, son conocidos otros casos de asaltos cometidos por choferes de Uber en el centro del paí­s, que han motivado que en el Senado de la República se haya presentado en octubre de 2017 una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para establecer que las empresas de redes de transporte sean vigiladas por la Profeco.
Pero mientras Uber sigue generando polémica y es considerado inseguro en otros lugares, en Quintana Roo se le abre una oportunidad para operar libremente, sin necesidad de tener concesiones o regulaciones sobre el tipo de unidades y sus choferes, a través de la consulta popular que se hará el próximo 1 de julio en el municipio Benito Juárez.

Graciela Machuca

admin

See author's posts