Poder Judicial contra la Fiscalía General
POR ESTO
Poder Judicial del Estado contra la Fiscalía General del Estado, enfrentados por el caso de Héctor Manuel C. F, (a) ”El Diablo», quien denunció a más de 40 funcionarios de tortura y abuso de autoridad.
Fue el Poder Judicial del Estado, quien ordenó que se ejerciera acción penal en contra de los funcionarios, para que se libraran las respectivas órdenes de aprehensión.
Esto, después de que ”El Diablo» presentara un recurso de inconformidad, pues la dirección de Asuntos Jurídicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, determinara no procedente la denuncia.
Sigue la tensión al interior de la Fiscalía General del Estado, ante la incertidumbre de no saber cuándo serán cumplidas las órdenes de aprehensión que fueron solicitadas en contra de más de 40 policías ministeriales, agentes del Ministerio Público del Fuero Común y oficiales secretarios.
Hoy se sabe que quien ordenó que se ejerciera acción penal en contra de los funcionarios, fue el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
Y es que de acuerdo con personal de la Fiscalía General del Estado, cuando Héctor Manuel C. F. (a) ”El Diablo» presentó la denuncia por tortura y abuso de autoridad, la dirección de Asuntos Jurídicos abrió el expediente correspondiente.
Al notar las inconsistencias que existían abiertamente en la declaración de ”El Diablo» y dado a que estaba relacionado con un grupo de la delincuencia organizada, el Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la dirección de Asuntos Jurídicos, determinó el no ejercicio de la acción penal, por lo que el expediente no sería turnado ante un juez.
El entonces procurador de justicia del Estado Gaspar Armando García Torres, dio el visto bueno al no ejercicio de la acción penal en contra de los funcionarios.
Sin embargo, ”El Diablo» interpuso un recurso de inconformidad ante la Sala Constitucional y Administrativa del Poder Judicial del Estado, dirigido en ese entonces por Fidel Villanueva Rivero, y fue ahí; donde la Sala revocó el no ejercicio y ordenó que se ejerciera acción penal en contra de los funcionarios.
Aunque todavía no se cumple alguna orden de aprehensión en contra de los involucrados, muchos de los funcionarios ampararon desde tiempo atrás al enterarse de la resolución del Poder Judicial del Estado.
Graciela Machuca
