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“Necesariamente incomoda” Corrupción y opacidad en el Congreso de Quintana Roo

En la sección Política por el 16 abril 2018 a las 10:40 am

 

 

Graciela Machuca Martínez—–

 

Teje Eduardo Lorenzo Martínez Arcila la trama legaloide que de tiempo a que se asuma como Diputado Federal Plurinominal, hasta donde le puede alcanzar la justicia.

 

La XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo  pasará a la historia, pero como la más opaca, improvisada, ineficiente y por violentar el principio de no regresividad de los derechos humanos que ha sido reconocido por el Estado mexicana al suscribir diversos tratados internacionales y  en las reformas constitucionales del 10 de junio de 2011.

 

Es un hecho que las personas que ocupan las curules en el Congreso quintanarroense no saben de derechos humanos ni éticamente están comprometidos con la eficiencia, pero para ello, del mismo erario público, se le paga a sus asesores, quienes deberían ser expertos en  derecho legislativo y en otras disciplinas y a ellos, por lo menos les deberían hacer caso, pero los resultados nos dicen lo contrario, ni las y los disputados, ni su cuerpo de asesores  tienen  conciencia de la enorme responsabilidad que tienen de trabajar para la ciudadanía desde el Poder Legislativo.

 

Para Quintana Roo es una vergüenza que el mismo Congreso del Estado se niegue a dar información sobre gastos sospechosos que ha detectado la misma ciudadanía y que el presidente del Congreso y su Oficialía Mayor, en lugar de transparentar la información, se dediquen a litigar su negativa, lo que demuestra que algo esconden.

 

El   diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, en su calidad de presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, dio instrucciones a sus subalternos para que en todo momento negarán información que es pública, pero que él considera de su propiedad, debido a que no está dispuesto a informar a la ciudadanía de la manera desaseada en que se gasta el presupuesto que proviene de los impuestos.

 

La ignorancia y la mala fe de quienes toman decisiones en el Congreso del Estado ha llevado a que un juez federal ordene que se hagan públicas facturas por más de cien millones de pesos, de gastos que supuestamente tuvieron  como destino la ayuda social.

 

Si esas facturas son entregadas a la asociación civil Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo A.C,, como lo ha ordenado el Juez Primero de Distrito en Quintana Roo,  la ciudadanía conocerá información que puede salvar la reputación de  las y los diputados,  pero como esto no es posible, la instancia respectiva del Congreso ya prepara un recurso para inconformarse con el amparo federal que otorgó el mencionado juez federal.

 

Somos tus Ojos por la Transparencia de Quintana Roo, no es la única organización ciudadana que tiene en la mira al Congreso estatal, también lo vigilan el Congreso Nacional Ciudadano, el Observatorio Legislativo, el Barzón Quintana Roo, así como medios de comunicación  nacionales e internacionales, pero a las personas que se contrataron con millonarios salarios anuales para legislar a favor de Quintana Roo poco les importa el escrutinio ciudadano, lo que quieren es seguir viviendo del presupuesto y prueba de ello, son las once solicitudes de licencia que presentaron igual número de diputadas y diputados para irse en buscar de un nuevo puesto de elección  popular.

 

Hasta el momento, siete suplentes ya tomaron protesta como titulares y empezarán con la curva de aprendizaje, porque los que se fueron no tendrán tiempo de enseñarles, ya que lo más importante para ellos es ganar la elección del primero de julio próximo, olvidándose del compromiso constitucional que adquirieron cuando rindieron protesta como integrantes de la XV Legislatura.

 

La negativa del Congreso de Quintana Roo a transparentar sus acciones son reiteradas, como se lo demostró al juez federal Somos tus Ojos, asociación civil que documentó  cuatro solicitudes de información en las que se requirió al Congreso poner a la vista las facturas y notas que comprueben el gasto en ayudas sociales del 2016 y el primer semestre del 2017, que suma alrededor de 100 millones de pesos.

 

Pero el responsable de la Unidad de Transparencia, Hassan Medina Rodríguez, por instrucciones del presidente del Congreso,  contestó que todas las facturas y notas del 2016 y del primer semestre del 2017 fueron enviadas a la Auditoría Superior del Estado, por lo que era imposible tener acceso a las mismas.

 

Además, se le ocurrió a este señor, condicionar el pago de cuatro mil 913 pesos para que la asociación tuviera acceso a dichos documentos. Primero, la solicitante no pidió copias, sino solo consultar las facturas y en segundo, ¿si dijo que ya no  tiene las facturas en su poder, para qué cobrar para poder mostrarlas?

 

“Ante la respuesta del Congreso, Somos Tus Ojos interpuso un amparo en noviembre pasado, concediéndole el Juez la razón a esta organización al considerar que la Unidad de Transparencia no justificó por qué no tiene en sus archivos las notas o facturas que entregó a la Auditoría Superior, es decir, por qué no conservó los archivos, como se lo ordena la propia Constitución mexicana en su artículo sexto; asimismo, el Juez federal consideró que la Unidad de Transparencia tampoco justificó por qué debe cobrar 4 mil 900.13 pesos a la asociación Somos Tus Ojos para ponerle a la vista las facturas y notas del segundo trimestre del 2017, si esta asociación no pidió la reproducción ni la entrega de los documentos, sino sólo consultarlos”, de acuerdo a un comunicado de la citada organización civil.

 

Este escándalo de corrupción y opacidad coincide con el inicio de las campañas electorales y que impactará en la conciencia del electorado, un conglomerado ciudadano que cada día exige más información pública difundida por los medios de comunicación y si estos no tienen la capacidad para coadyuvar a que el Derecho a la Información sea garantizado, la misma ciudadanía cuenta  ya con herramientas para exigirle a la clase política gobernante que cumpla con la transparencia, pero además, que explique los criterios técnicos, sociales y políticos que la llevaron a tomar determinada decisión en el ejercicio del presupuesto.

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