15 aí±os de total impunidad

Alrededor de 15 aí±os han pasado de completa impunidad para la inmobiliaria Bonfil Nueva Alternativa de Quintana Roo, creada durante la administración del ex gobernador Joaquí­n Ernesto Hendricks Dí­az para disponer a su antojo de 2 mil 168 hectáreas con un valor superior a los 17 mil millones de pesos.
Y aunque desde un principio hubo ejidatarios que se dieron cuenta del gran fraude, todo lo que hicieron en su momento no tuvo fuerza suficiente porque dicha sociedad mercantil continuó comercializando las tierras de Bonfil al mejor postor que fueron las desarrolladoras donde se edificaron los fraccionamientos residenciales y las ganancias de ello sólo se distribuyó entre el gobierno del estado, algunos comuneros y quienes han estado al frente de dicha inmobiliaria.
Sin embargo, no todo está perdido porque hace algunos aí±os, un grupo de comuneros decididos a hacer frente a toda esta situación, se armó de valor e interpuso una serie de demandas tanto mercantiles como penales en contra de la inmobiliaria y quienes han estado detrás de su negra operación.
El pasado sábado, en la asamblea ejidal, la directiva que encabeza Luis Martí­nez Rocha, ante la presión de los comuneros, se negó a recibir unos documentos que presentó el tesorero de la inmobiliaria, José Bernardino López Contreras, debido a que no estaba completa, además de que existe una auditoria al respecto, además de que eso lo tendrí­a que haber llevado el comisario de la inmobiliaria, Benito Estrada, a quien le corresponde darle la cara a los comuneros, pero justamente para esa asamblea se reportó enfermo.
Cabe decir que López Contreras fue el presidente del comisiariado ejidal en la administración pasada, lo que refleja que el botí­n de las transas que ha hecho la inmobiliaria, se la reparten entre algunos cuantos, pero a los verdaderos ejidatarios no los han tomado en cuenta.
Y es que, el mayor conflicto que existe dentro del ejido Alfredo V. Bonfil, es el que tienen con el exgobernador de Quintana Roo, Joaquí­n Hendricks Dí­az, por el fraude en la venta de 2 mil 168 hectáreas con un valor de 17 mil millones de pesos.
Todo comenzó en el 2002, durante el sexenio de Hendricks Dí­az, cuando el entonces gobernador les ofreció comprar más de 2 mil hectáreas para un proyecto de desarrollo de Cancún.
Para ello, el exgobernador creó, a través de su operador de negocios inmobiliarios privados, director del instituto estatal de la vivienda (Inviqroo, que luego serí­a el IPAE) y uno de sus más cercanos colaboradores y socios, Francisco Garibay Osorio, la inmobiliaria Bonfil Nueva Alternativa de Quintana Roo, S.A. de C.V. (Gestora Bonaqroo), así­ como una sociedad entre el Gobierno del Estado, el Ejido Alfredo V. Bonfil, Bonaqroo, el Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) y la ex Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (Corett) hoy Insus (Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
En menos de un mes, antes de iniciar el 2003, se desincorporaron 2 mil 168 hectáreas del Ejido para ser entregadas a la gestora Bonaqroo con participación del IPAE y de la Corett, por medio de convenios gubernamentales estatales.
A los ejidatarios, les dijeron que cada hectárea la venderí­an para desarrollo inmobiliario, con un precio variante según la zona, pero que oscilarí­a entre uno y cinco millones de pesos. Por cada venta, el 70 por ciento de las ganancias se entregarí­an al Ejido y el 30 por ciento al Gobierno estatal.
Sin embargo, el Gobierno del Estado sí­ recibió su correspondiente 30 por ciento. El problema es que al Ejido nunca se le entregó su parte del 70 por ciento y en su lugar, el dinero terminó en manos de la Bonaqroo.