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Bacalar: otro paraíso de la venta ilegal de tierras ejidales

En la sección Política por el 13 julio 2017 a las 4:09 pm

Armando Galera—-
En Quintana Roo, la inseguridad jurídica y la inversión inmobiliaria depredadora y negociada de manera ilícita son de campeonato nacional.
Y Bacalar no sería la excepción: la actividad más redituable en ese Municipio es el fraude ejidal.
Se opera a través del despojo y venta de tierras de alta plusvalía. De hecho, la Procuraduría Agraria ha marcado al Ejido Aarón Merino Fernández del Municipio en mención, como uno de los que más denuncias tiene en el país por vender predios de manera delictiva.
Hoy día, ese núcleo ejidal tiene un reporte de 278 litigios por tierras ejidales, con más de 8 mil 700 millones de pesos en juego y casi 2 mil 500 hectáreas que fueron despojadas de sus legítimos dueños por su envidiable ubicación a la orilla de la Laguna de Bacalar.
Tales fraudes y conflictos agrarios tienen como protagonistas a las directivas ejidales, encabezadas por el exdiputado local Juan Manuel Herrera, Edmundo Gómez Trejo y el actual comisario ejidal, Román Guzmán González, una triada que controla ese poder inmobiliario de manera plenipotenciaria y casi vitalicia.
Estos tres personajes también han utilizado a los campesinos del Ejido para organizar manifestaciones en contra de las administraciones municipales o estatales en turno, exigiendo el pago de millones de pesos por concepto de seguros sobre presuntas cosechas siniestradas y programas de apoyo para el campo.
Y cada año, las autoridades han cedido a los chantajes mal disfrazados de demandas de los manifestantes con tal de mantener el orden en la zona (en tanto los campesinos han impuesto de manera impune la tradición del delito federal de cerrar carreteras hasta obtener una respuesta positiva, sin que los funcionarios responsables de Comunicaciones y Transportes los denuncien ante el Ministerio Público por esos atentados mayores contra las vías generales de comunicación), entregando en promedio hasta ocho millones de pesos al año, de los cuales sólo tres millones han parado en las manos de los trabajadores del campo (dos mil pesos por persona) mientras el resto se ha repartido como un botín entre la directiva del Ejido.
Así es como uno de los ejidos más ricos de la zona sur del Estado se ha convertido en el millonario negocio de un grupo de sólo tres personas.
Tierras en disputa
“Aquí si no te cuadras te quitan tus tierras”, dice en entrevista con Estosdías, José Cámara, hijo del ejidatario Luis Armando Cámara Baak, quien ha promovido recursos de amparo en contra del ahora exdirigente ejidal, Juan Manuel Herrera, por vender en forma ilegal terrenos de alta plusvalía a políticos, empresarios y familiares.
Su historia comienza en 2012, cuando don Armando Cámara, junto con otros ejidatarios, exhibió la manera fraudulenta en que Herrera llevaba las riendas del núcleo ejidal: Aprovechando su cargo como presidente de la Junta de Gobierno del Ejido (el Comisariado ejidal), autorizaba enajenaciones y venta de tierras en asambleas a las que sólo acudían sus principales allegados (que no superaban ni el 20 por ciento de los ejidatarios), cuando este tipo de operaciones debe estar legitimado por la mitad más uno del total de miembros.
“La mayoría de nosotros ni nos enterábamos de estas asambleas. No nos dábamos cuenta hasta que alguien tocaba a nuestra puerta diciendo que ya había comprado nuestras tierras, o de plano descubríamos que ya habían construido un edificio. Se amparaban en documentos avalados por esas asambleas ilegales, y entonces iniciaba un calvario de juicios y amparos para recuperar lo que era y es nuestro”, dice.
De acuerdo con don Armando Cámara, durante el tiempo en que Manuel Herrera estuvo al frente del Comisariado ejidal se realizaron al menos 28 asambleas de ese tipo para validar más de 79 transacciones de enajenación y venta de tierras, así como de cesión de derechos ejidales (en una asamblea se podían aprobar hasta 10 operaciones), involucrando más de 2 mil 700 hectáreas, lo que significó un negocio de poco más de 5 mil 700 millones de pesos.
Claro que ese dinero nunca lo vieron los ejidatarios, pues quedó en manos de unos cuantos. Este hecho fue denunciado por don Armando Cámara, pues también fue afectado, aunque desde entonces sufre el acoso del exdiputado del PRI y eterno aspirante al Gobierno de Bacalar.
“En el 2013, unos judiciales se llevaron a mi papá por el presunto intento de homicidio en contra de Juan Manuel Herrera. Estuvo un par de días en el Cereso; de inmediato fue absuelto por el juez segundo de lo Penal, Daniel Farah Godoy, pues los únicos testigos cayeron en contradicciones y eran además trabajadores de Juan Manuel Herrera, quien para ese entonces era legislador. Todo quedó asentado en la Causa Penal 361/2013”, comentó.
-Si se han llevado a juicio estas irregularidades, ¿cómo ha logrado seguir impune el excomisario ejidal?
-Porque se ha amparado con todos los políticos y dirigentes sindicales que ha favorecido con esta venta ilegal de tierras. Hablamos de personas de la talla de Efraín Villanueva Arcos, exsecretario de Gobierno; Pedro Peña Xicum, exoficial mayor de Gobierno; el exdirigente de los taxistas, Rubén Pelayo Kuc; y hasta la exalcaldesa de Tulum, Edith Mendoza Pino, se ha hecho de terrenos a la orilla de la laguna gracias a Juan Manuel Herrera”, puntualiza.
El fraude frustrado
En agosto de 2014, Juan Manuel Herrera estuvo a punto de ‘embolsarse’ más de 60 millones de pesos, producto de un añejo litigio con la compañía de Carlos Slim, Telmex.
Todo empezó hace cerca de 40 años, cuando Telmex ocupó unas tierras del Ejido Aarón Merino, a un costado de la carretera Bacalar-El Cafetal, para colocar una antena de telefonía. Debido a que los terrenos eran de escaso valor, no se concretó algún contrato de arrendamiento o venta, pues al final serían los ejidatarios los más beneficiados.
Nadie le dio importancia al asunto. Pero en el 2006, y ante los constantes robos del cobre de la instalación, la compañía telefónica decidió cercar los alrededores de la misma. Fue entonces cuando el ejidatario dueño del terreno acusó a la empresa de despojo, iniciando un procedimiento legal en su contra.
El ejidatario en cuestión no era nadie más que Juan Manuel Herrera, quien aprovechando ya su poder al frente del Comisariado interpuso un recurso ante el Tribunal Federal Agrario para recuperar su terreno, así como cerca de 60 millones de pesos por resarcimiento de daños.
Para ello utilizó a los campesinos, a modo de realizar manifestaciones y plantones en apoyo a su causa particular. Pero no fue sino hasta agosto del 2014 cuando el Tribunal Federal Agrario emitió su fallo a favor del líder ejidal, autorizando que embargara el edificio de la Central Telmex Chetumal para asegurar los 53 millones 670 mil 600 que exigía como indemnización.
“Creo que nunca pensaron los de Telmex que la justicia llega, pero siempre llega”, dijo en ese entonces el líder ejidal.
Sin embargo, poco le duró el gusto a Juan Manuel Herrera, pues tres meses después, el 10 de noviembre, el Tribunal Unitario Agrario anuló la sentencia anterior luego de que Telmex demostrara que el predio donde se encuentra la antena no es ejidal desde 2009, tal como se exhibe en el título de propiedad 55169 inscrito en el Registro Público de la Propiedad en Chetumal.
Resulta que en el 2009, Juan Manuel Herrera decidió titular la propiedad donde se encontraba la antena en cuestión. Su objetivo era vender el predio una vez que ganara el litigio. Pero no contaba con que, al hacerlo, el predio dejaba de encontrarse en el régimen de propiedad ejidal para ser propiedad sujeta al régimen jurídico de propiedad particular o privada. Por tanto, el Tribunal Agrario carecía de competencia legal para dictar un fallo al respecto.
Y así fue como el exdiputado local perdió 60 millones de pesos que prácticamente ya tenía en la bolsa.
El de Bacalar, un núcleo ejidal problemático
Estosdías consultó ante la Procuraduría Agraria el estado del Ejido Aarón Merino Fernández: 278 litigios tiene reportados dicho núcleo ejidal por la posesión de tierras, representando el 45 por ciento de su extensión territorial.
Por dicha razón, la dependencia reveló a este semanario que el Ejido del Municipio de Bacalar está boletinado como uno de los que más irregularidades tienen en el país, sobre todo por vender tierras de manera ilegal.
Incluso la Procuraduría Agraria alerta para no adquirir terrenos de este Ejido, ante la falta de certeza jurídica de sus tierras.
Y es que la salida de Juan Manuel Herrera no cambió el rumbo de las operaciones irregulares del Ejido. Su sucesor y también allegado, Román Guzmán González, realiza las mismas prácticas oportunistas y delictivas.
Un ejemplo es el juicio 132/2015-44, interpuesto ante el Tribunal Agrario Distrito 44, con sede en Chetumal, en contra de Ramón Guzmán González, por quedarse con un derecho agrario de otro ejidatario, de iniciales F.G., mismo que avala 100 hectáreas con un valor aproximado de 80 millones de pesos, incluyendo 300 metros de orilla de la Laguna de Bacalar.
Ramón Guzmán también está involucrado en el presunto desvío de mil 800 millones de pesos de recursos que nunca llegaron al Ejido para inversión productiva, según lo declaran los propios ejidatarios, quienes apuntan a que la malversación del dinero fue posible gracias a la estrecha relación que tenía Guzmán con César Armando Rosales Cancino y Luis González Flores, el primero delegado federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el segundo de la Secretaría estatal de Desarrollo, Rural e Indígena (Sedari), durante la administración del entonces gobernador, ahora preso, Roberto Borge.
Román Guzmán enfrenta 18 litigios por permitir el despojo de derechos y tierras ejidales para poderle vender a terceros. El más reciente se encuentra fechado el 16 de febrero pasado, al favorecer al subdirector de la CAPA en Bacalar, Jorge Calderón Gómez, sobrino político del actual munícipe bacalarence, Alexander Zetina Aguiluz, para adueñarse de un predio marcado como Lote 4, Manzana 242, mismo que se encuentra frente a la Laguna de Bacalar.
Dicho predio le corresponde a la familia de ejidatarios Kuc Arriaga, la cual acusa a Román Guzmán de haber manipulado documentos ejidales para que pareciera que hace 15 años se lo vendieron a la esposa del funcionario de la Comisión estatal de Agua Potable y Alcantarillado, María Elena Franco Gamboa.
El Ejido, negocio de unos pocos
De acuerdo con la Procuraduría Agraria, este tipo de fraudes se cometen con relativa facilidad debido a que los dirigentes del Ejido se aprovechan de que, por ley, las tierras ejidales no tienen un certificado de la parcela, lo que hace fácil ceder los derechos sobre la misma aunque eso no tenga efectos legales ante terceros para una venta o una permuta.
Es decir: los dirigentes agrarios pueden expedir un documento donde certifiquen la transacción por la tierra, pero al carecer de valor jurídico sin el respaldo de la asamblea, pueden vender la misma tierra una y otra vez.
A ello se suma el hecho de que con extrema simpleza la dirigencia ejidal puede expedir documentos de compra-venta de terrenos avalados por asambleas realizadas a modo, con la participación de los allegados a los líderes agrarios. En esas asambleas se puede aprobar la cesión de derechos de ejidatarios que no están presentes, por lo que pueden pasar meses o hasta años para enterarse que perdieron sus derechos.
Claro que al haberse realizado de manera apócrifa, los agraviados pueden respaldarse en juicios agrarios, aunque los mismos pueden a veces tardar años en resolverse.
Mientras tanto, Juan Manuel Herrera y Román Guzmán continúan haciendo de las suyas con el Ejido Aarón Merino; no sólo con el tráfico de tierra, sino utilizando a los ejidatarios y sus familias como medio de presión para obtener ganancias.
Durante la administración del alcalde José Alfredo Contreras Méndez, Román Guzmán organizó diversas manifestaciones en su contra con el objeto de exigir cerca de un millón 200 mil pesos para supuestos apoyos al campo. A pesar de que el dinero les fue entregado al término de la gestión de Contreras, el Comisariado ejidal aún no ha dado informes sobre su destino.
Y el pasado 6 de julio, Juan Manuel Herrera y Román Guzmán bloquearon el paso de los camiones recolectores de basura del Ayuntamiento de Bacalar hacia el relleno sanitario, argumentando que los terrenos por los que acceden los vehículos pertenecen al Ejido y por tanto deben pagar una indemnización de cinco millones de pesos.
Por su parte, el Ayuntamiento de Bacalar ya trabaja con su departamento jurídico para interponer una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario en contra de ambos personajes, sobre la base de que, en marzo de 2013, Antonio Un Puc, propietario del predio en disputa, sostuvo un “Convenio de servidumbre de paso” con el Ayuntamiento de Bacalar para permitir el paso de los camiones de basura.

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