Miradas de reportero: Enojos de periodistas por politiquerí­as de Carlos Joaquí­n y Eruviel

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Por Rogelio Hernández López—-

La última semana de mayo continúo expresándose el ambiente nacional de enojo de periodistas. Michoacanos se desplazaron a la Ciudad de México para exigir apoyo por la aparición de Salvador Adame; en decenas de portales comenzó el recuento de los dí­as de impunidad que lleva el crimen de Javier Valdez. En particular llamaron la atención los documentos de colegas de dos estados: uno de Quintana Roo donde seí±alan a Carlos Joaquí­n por querer abrogar la mejor ley estatal de protección a periodistas; el otro del Estado de México donde se evidencia el incumplimiento de Eruviel ívila.

Carlos Joaquí­n fomenta la división.

De Quintana Roo, mujeres y hombres de cinco organizaciones enviaron al Congreso de la Unión, al Congreso local y a otras personalidades un documento de 5 cuartillas donde destacan entre otras cosas que el Gobernador inició la abrogación de la ”Ley de protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas» porque lo presionaron cuatro periodistas que se aliaron con él para servirle en su campaí±a electoral, sin importarle tirar a la basura trabajo de seis aí±os de varias decenas de colegas que promovieron esa ley con asesorí­as especializadas..

Sostienen que única razón de fondo es que cuatro periodistas, sin analizar realmente la ley ”la calificaron como ”Ley Borge» con una carga de prejuicios y otras emociones… y nos descalifican porque no quisimos convertirnos en activistas de la campaí±a del actual mandatario pero además ellos saben bien que creamos organizaciones y promovimos leyes para protección de todo el gremio».

Explican que, a la ley que se pretende abrogar es mejor que otras trece ya vigentes, incluso que la similar del Distrito Federal. íšnicamente la faltaba que el Congreso del estado introdujera dos cambios que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la mejorarí­an

”Pero la presión pública de cuatro periodistas y su advertencia de que recibirí­an el apoyo de Artí­culo 19 para denunciar internacionalmente, al parecer amedrentó al gobernador y echó reversa a pesar de que funcionarios de su gobierno habí­an iniciado trabajos con expertos y periodistas de Chetumal para identificar los cambios necesarios para mejorarla y preparar la iniciativa de reforma (adecuación); incluso habí­an ya estaba abierto el proceso para formar el Consejo Consultivo del mecanismo de protección a periodistas.

Explican que el 5 de enero los firmantes del documento le presentaron a operadores polí­ticos de Carlos Joaquí­n Gonzalez dos recomendaciones para integrar la iniciativa de reformas seí±aladas por la SCJN. Los promotores fueron: Javier Chávez Ataxca Presidente de Periodistas del caribe AC, Antonio Cabello Nieto, Presidente por un Periodismo Libre Mirada Interactiva AC, Zuleika Cáceres C Cantón, Presidenta de Mujeres Periodistas de Quintana Roo AC, Esteban Guarneros Aragón Presidente del Colegio de Profesionistas en comunicación del Estado de Quintana Roo AC, Graciela Machuca Martí­nez, Enlace de la Casa de los Derechos de Periodistas AC. Informan también que quien la recibió oficialmente fue Miguel Ramón Martin Azueta, titular de la Oficina del Gobernador en la Oficialí­a de partes del Gobierno de Quintana Roo.

Pero Carlos Joaquí­n se echó para atrás.

En el documento de queja de las y los periodistas, emitido a fines de mayo, se incluye una larga cronologí­a de los trabajos que algunos de ellos iniciaron desde 2011, trabajos que dieron como resultado que en Quintana Roo se hiciera un marco jurí­dico para beneficio de los periodistas que ninguna otra entidad tiene:

Por ejemplo. Reformas al Código Penal del estado para sancionar a quienes agredan al ejercicio del periodismo y que dan derecho a fiscalí­as especializadas, la ley de protección integral que incluye nueve derechos de periodistas (más que ninguna ley estatal; un mecanismo de protección y polí­ticas de fomento para capacitación profesional continua; una tercera ley es del premio estatal que fomenta las buenas practicas.

Pero quieren abrogar la ley principal, justo cuando los gobernadores comienzan a moverse para tener mecanismos de protección, fiscalí­as e incorporar a esos trabajos a los periodistas y no dividirlos y alejar a la mayorí­a de ellos como está haciendo el de Quintana Roo. Eso no es hacer polí­tica para la mayorí­a sino para conveniencia para sí­ mismo, comenta este reportero. Cualquier diccionario califica eso como politiquerí­a.

El incumplimiento de Eruviel

En el Estado de México, más de 50 periodistas participaron en la redacción de un documento que demanda una ley y un sistema de protección al periodismo y que entregaron a cada uno de los candidatos a gobernador. Todos lo recibieron y, como andaban en campaí±a electoral, ofrecieron que atenderí­an la demanda y la suscribirí­an.

El texto no refiere que en el Congreso del Estado hay tres iniciativas de ley de protección y que la más reciente, fue de Eruviel ívila. Esa, por llegar al Congreso desde la oficina del gobernador parecí­a de segura aprobación, porque además así­ lo prometió públicamente varias veces, pero quedó en eso, en promesa en tiempos preelectorales. Promesa a sabiendas que no se cumplirá también es contrapolí­tica.

La propuesta de las y los colegas del Estado de México tiene diez puntos muy precisos, porque sus redactores conocen bien los procedimientos de gobierno y legislativos. Lo siguiente es sinopsis de cada propuesta:

  1. Reiniciar la discusión en el último trimestre de 2017 de una Ley de Protección.
  2. En la metodologí­a de discusión deben incluirse como agenda mí­nima la formulación y fomento de los derechos del periodista, así­ como los protocolos y mecanismos para su protección.
  3. … generar una polí­tica pública transversal en materia de libertad de expresión. (con) protocolos y mecanismos (creados incluso antes de la ley) y que sean difundidos entre periodistas.
  4. Capacitar a libertad de expresión a servidores de ”las dependencias y áreas gubernamentales enfocadas a la seguridad pública, procuración y administración de justicia…y se incluya como capacitadores a organismos no gubernamentales, propuestos por los periodistas.

5 …que la Contralorí­a del Estado de México vigile se cumpla esta capacitación

  1. Que adopte una polí­tica más activa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y disminuya su ”negligencia de para atender la violencia y vulnerabilidad contra periodistas y ciudadanos…
  2. Que haya gobierno abierto y de total acceso a la información pública…
  3. Construir puentes de comunicación con instituciones de educación superior para la generación de propuestas y proyectos académicos
  4. El ejecutivo estatal debe contar con un órgano de permanente monitoreo, consulta, análisis y evaluación de las actividades en materia de libertad de expresión, que incluya la participación de los periodistas.
  5. Gestionar ante la Procuradurí­a General de la República (PGR) que la Fiscalí­a Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, instale tres delegaciones en el estado de México  -en la zona norponiente y oriente del Valle de México, así­ como en el Valle de Toluca-,

Alienta la iniciativa y conocimiento del tema que mostraron las y los colegas como los que se activaron en estas dos entidades. Seguramente lo harán otros, donde los gobernadores también incumplieron el convenio con el Mecanismo federal de Protección que firmaron en 2012 y 2013 o que incluso tienen leyes que no han reglamentado, como Hidalgo, San Luis Potosí­, Colima y otros.

Graciela Machuca

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