Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa:  Montesquieu—

Julian Santiesteban—

Antes de que concluya junio, la XV Legislatura realizará tres foros para analizar la Ley para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en un entorno nacional que ha exhibido la inexistencia de protección real al gremio y dejando en claro además que, mientras no haya voluntad real y todo se quiera resolver por la ví­a polí­tica, las agresiones y muertes de periodistas seguirán como hasta ahora.

Desconoce el escribiente si la determinación del gobernador, Carlos Joaquí­n González, de abrogar la ley estatal fue a sugerencia de alguien; pero se equivoca rotundamente la diputada Eugenia Solí­s al seí±alar que dicha norma fue utilizada para ”oprimir la libertad de expresión» durante la administración de Roberto Borge Angulo, pues aunque el ex mandatario incluyó en el proyecto artí­culos que anuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por ser violatorios de las garantí­as individuales, la norma nunca fue aplicada como tal porque no se promulgó, pero se le acomodó el mote ”Ley Borge» y eso la condenó.

Sin embargo, un dí­a después de anunciada la decisión en lo local, a nivel nacional fueron llamados los gobernadores y en una sesión extraordinaria de la Conago anunciaron la determinación de garantizar la protección a periodistas, los gobiernos estatales se comprometieron a crear fiscalí­as, a reforzar los mecanismos locales y homologar otros tantos con el federal; pero si algo ha quedado claro, incluso para organizaciones como Artí­culo 19 —que tantas conferencias de ”buena voluntad» ha dado recientemente en Quintana Roo-, es que los mecanismos estatales son insuficientes y que crear más mecanismos de protección no resuelven el problema.

Queda entonces claro que la tendencia es hacia homologar los criterios estatales con los nacionales, a que las instancias locales estén acotadas a la normatividad construida con base en los estándares federales e internacionales y tendientes a una protección efectiva, pronta y expedita… sólo que la ley que resulte será prácticamente igual a la que ya existí­a en Quintana Roo, sin los artí­culos que el preso Roberto Borge pretendió imponer —y que ya habí­a anulado la SCJN-, pues ese fue justamente el fundamento para su elaboración.

¿Y entonces de qué sirven la abrogación, los foros y la elaboración de una ley que resulte igual a la que ya existí­a? Pues para quitar un ”mote.» Ojalá a nadie se le ocurra bautizar a la futura norma como ”Ley Joaquí­n», pues si hay alternancia en las elecciones de 2022, pudiera estar destinada también a la abrogación; así­ se observa desde aquí­, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

P.d. Nos vemos en los foros.

Graciela Machuca

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