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A TIRO DE PIEDRA: LA LEY DE PERIODISTAS Y LA DECISIÓN SALOMÓNICA

En la sección Libertad de Expresión y Periodismo, Política por el 26 junio 2017 a las 12:18 pm

Por Julian Santiesteban

Cuando una contradicción es imposible de resolver salvo por una mentira, entonces sabemos que se trata de una puerta
Simone Weil

La actual Ley para la protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo será actualizada, no abrogada, en ese sentido parecen ir las conclusiones de los tres foros realizados por la XV Legislatura, pero para que la norma tenga aplicabilidad real debe construirse un mecanismo estatal efectivo que brinde protección real a los sujetos de derecho, pues en caso contrario equivale a no contar con norma alguna, o que el órgano aprobado no sirva absolutamente para nada.

Ya durante más de dos meses, periodistas de toda la entidad han manifestado posturas que parecen encontradas, pero que en el fondo pugnan por encontrar medidas reales de protección a quienes nos dedicamos al oficio. En el último de los foros, realizado en Cancún el sábado anterior, algunos compañeros plantearon que la discusión nacional se enfila a desaparecer los mecanismos estatales, pues ha sido en las entidades federativas y desde los gobiernos locales de donde surgen los principales agravios hacia los periodistas; luego entonces, que sean las mismas entidades las que ataquen y defiendan a los profesionales de la comunicación parece una contradicción en sí misma.

En los dos anteriores, sin embargo, se destacó la importancia de no abrogar y solamente actualizar la ley vigente, pues tomar esa vía legislativa garantiza contar con una ley moderna, avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en concordancia con la normatividad federal, ante lo cual sólo haría falta la voluntad real del gobierno estatal de brindar mecanismos de protección a los periodistas, independientemente de la tendencia que exista a nivel nacional, pues en el fondo lo que debe destacar es el desempeño de cada gobierno, y el de Carlos Joaquín González, se ha comprometido a brindar protección real, así que, a casi un año de haberse iniciado, debiera tener la oportunidad de probar su dicho, a través de la aprobación de un mecanismo estatal eficaz. Esa sería la decisión salomónica más útil y en concordancia con la exigencia de periodistas de toda la entidad.

Porque aprobar una ley y no construir las instancias necesarias de protección equivalen a hacerla letra muerta desde un principio. Ciertamente, en la norma que se apruebe por parte del Congreso de Quintana Roo, deberán contemplarse los mecanismos de coordinación con las autoridades federales, pero no puede pedirse por decreto que el estado se excluya de una de sus obligaciones fundamentales que es proteger a sus ciudadanos, ese sí sería un contrasentido real a la existencia de una norma, por ello deberán ser los legisladores cuidadosos. Primero, con la ley actualizada quitarle el mote de “Ley Borge”, pero además garantizar su aplicabilidad efectiva.

Luego entonces, las posturas de los periodistas deben servir como orientadoras para actualizar la ley, pero también es fundamental atender las de los defensores de derechos humanos y ambos sectores sociales demandan y merecen protección del estado, la realidad nacional muestra que los gobiernos estatales son los que más los agreden, y por ello la administración de Carlos Joaquín González debe demostrar que su discurso es real y que construirá un mecanismo fuerte, con procesos administrativos ejecutivos, sin cuerpos burocráticos obesos que impidan las decisiones expeditas; pero también todo lo contrario, pues el rumor existe de aprobar una ley y crear sólo una “oficina de representación” que se vincule con las instancias federales, sin que haya aplicabilidad en lo local, ese es también un exceso indeseable, pues equivale a dejar las cosas como se encuentran actualmente, sin voluntad y aplicación real.

La tarea no parece sencilla a nivel legislativo, pero tampoco es tan complicado, pues los periodistas y defensores de derechos humanos han planteado un objetivo común: se requiere protección efectiva y voluntad política real de acabar con los ataques desde el gobierno; si el gobierno ha dicho que la tiene y la ley será actualizada, pues ahora falta construir las instancias que hagan real y aplicable el discurso; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

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