Asesinada en Honduras otra dirigente ecologista, compaí±era de Berta Cáceres

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114 activistas ambientales han muerto violentamente en una década en el paí­s centroamericano

J. M. AHRENS | EL PAíS

Honduras es un campo de muerte para los ecologistas. A los cuatro meses delasesinato de la lí­der ambientalista Berta Cáceres, otra dirigente de su organización ha caí­do. Es Lesbia Yaneth Urquí­a Urquí­a, de 49 aí±os, madre de tres hijos. Su cadáver fue hallado en Mata Mula, cerca de un basurero de Marcala, a 100 kilómetros de Tegucigalpa. Un machetazo en el cráneo, según las primeras versiones, puso fin a su vida.

El crimen se suma a una larga fila de cruces. En el paí­s centroamericano, según la organización Global Witness, han sido asesinados en poco más de una década 114 activistas ambientales. En la mayorí­a de los casos los homicidios quedaron impunes. Y las pocas veces que se llegó al final del túnel, las conclusiones fueron abismales. Así­ ocurrió con el caso de Berta Cáceres. La infatigable ecologista,premio Goldman Enviromental Prize (el Nobel verde), murió el pasado 2 de marzo de dos tiros en su casa de La Esperanza. Desde un principio las sospechas se dirigieron hacia la empresa DESA, responsable de la gigantesca presa de Agua Zarca, a la que Cáceres y su organización (COPINH) se oponí­an por vaciar el rí­o Gualcarque, sagrado entre los indios.

La existencia de un testigo y la presión internacional facilitaron la resolución del crimen. En mayo pasado, fueron detenidos por el asesinato el gerente de DESA, su jefe de seguridad, un mayor del Ejército y dos sicarios.

En el caso de Lesbia la autorí­a es aún un misterio. La mujer fue secuestrada un dí­a antes del hallazgo del cadáver. Habí­a salido en bicicleta a hacer ejercicio y cuando fue descubierta, presentaba signos de un ataque con machete. Al igual que Cáceres, se habí­a enfrentado a los proyectos hidráulicos que proliferan en Honduras. Entre ellos una obra vinculada a la presidenta de Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso, Gladys Aurora López, y su esposo.

El Consejo Cí­vico de Organizaciones Populares e Indí­genas de Honduras (COPINH), al que pertenecí­a la fallecida, responsabilizó de la muerte al Gobierno hondureí±o y apuntó directamente a la presidenta de Partido Nacional y su marido. ”Ellos son fuente permanente de amenazas y conflictos por los proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz», seí±aló en un comunicado. Este periódico trató sin éxito de recabar la versión de López.

Fuentes policiales citadas por Reuters indicaron que el crimen de Urquí­a, propietaria de dos hoteles y un mercadito, podrí­a enmarcarse en una disputa familiar o una extorsión. Los compaí±eros de la ví­ctima rechazaron esta hipótesis y recordaron que con Berta Cáceres la policí­a también quiso atribuir el asesinato a la delincuencia común. En un paí­s donde el 90% de los crí­menes queda sin resolver, otra ecologista ha muerto y aún no hay detenidos.

Graciela Machuca

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