Pronunciamiento de la Casa de los Derechos de Periodistas: Carmen Aristegui

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México, Distrito Federal, 17 de marzo de 2015.

A la sociedad mexicana

Al gremio periodí­stico

A las autoridades de los tres niveles de gobierno

La Casa de los Derechos de Periodistas A.C. y su RED de Enlaces en el paí­s, se pronuncian enérgicamente por la serie de acontecimientos que derivaron en el despido de la periodista Carmen Aristegui y su equipo de colaboradores de la empresa MVS Noticias, con lo que se viene a materializar un acto de Estado y de grupos de poder en contra de la Libertad de Expresión.

Independientemente de las responsabilidades y derechos que tanto una parte como la otra aleguen en su defensa y que serán las autoridades judiciales o arbitrales las que lo resuelvan, lo cierto es que con la salida de Carmen Aristegui y de su equipo de trabajo se cierra uno de los pocos espacios radiofónicos que existen en el paí­s para ejercer la Libertad de Expresión y el periodismo.

Los argumentos que presenta la empresa MVS para rescindir el contrato a Carmen Aristegui y colaboradores, no contempla un elemento fundamental en el quehacer radiofónico en México, el cual consiste en que como concesionaria de radiodifusión, esta empresa utiliza un bien de la nación, propiedad de todo el pueblo de México y que por lo tanto está obligada a usarlo en beneficio de éste, priorizando sus intereses, independientemente del fin lucrativo que el Estado mexicano le concesionó.

La Casa de los Derechos de Periodistas A.C., desde el aí±o 2010, desde su fundación, ha documentado agravios al ejercicio periodí­stico y a la Libertad de Expresión y a la violencia extrema contra el gremio periodí­stico tenemos memoria de las agresiones en contra de trabajadores de medios de comunicación directamente por agentes del Estado y de sus aliados, como es en este caso representantes de medios de comunicación con los cuales el binomio Prensa-Estado no se ha diluido desde el siglo XX a pesar de que la sociedad del Siglo XXI exige otro tipo de periodismo y relaciones transparentes entre instituciones gubernamentales y empresas de medios de comunicación, ya que estos son financiados, en su mayorí­a, con recursos públicos que deben estar sujetos al escrutinio de la sociedad.

Cada agresión que sufre una persona trabajadora de los medios de comunicación es un atentado a la democracia, pero también una oportunidad para la búsqueda de nuevos espacios y formas creativas de ejercer el periodismo y un reto para comprometernos con la profesionalización del ejercicio periodí­stico, para la defensa de los derechos de periodistas y por garantizar y hacer realidad los derechos de las audiencias.

La crisis que se vive en el paí­s nos obliga a realizar un balance integral y un ejercicio de autocrí­tica sobre las formas en que ejercemos el periodismo y las deficiencias del gobierno mexicano para garantizar la Libertad de Expresión.

El caso de Carmen Aristegui y su equipo de trabajo, se suma a la serie de agresiones a periodistas que hemos documentado en la CDP, como los de la Revista Contralí­nea, Enrique Pastor Cruz Carranza, Israél Ruiz Zepeda, entre otros, que enfrentan un acoso sistemático por su quehacer periodí­stico o el de Gregorio Jiménez de la Cruz y Moisés Sánchez Cerezo, asesinados en el estado de Veracruz, por las mismas causas.

Moisés Sánchez Cerezo, es el periodista asesinado en el municipio de Medellí­n de Bravo en el estado de Veracruz en el mes de enero de 2015.

Mientras que durante 2014 fueron asesinados ocho periodistas, el hijo de un periodista y dos personas más que ejercí­an su derecho a la Libertad de Expresión por medio de redes sociales y la radio, mientras que continúa desaparecido Julián Bacasegua Castro en Sinaloa, desde mediados de 2014.

Este organismo civil conformado por periodistas y abogados, que tienen la encomiendan de defender y promover los derechos de periodistas y en particular, proporcionar protección a periodistas en riesgo, considera que en México se vive un clima de terror, no solo para quienes ejercen el periodismo, sino en general para toda persona que ejerce su derecho a la Libertad de Expresión.

La CDP, constituida en el aí±o 2010, manifiesta que en México, se vive una severa crisis en materia de Derechos Humanos, ya que la violación de los derechos fundamentales es sistemática y las instituciones de procuración y administración de justicia han sido incapaces de garantizar investigaciones cientí­ficas de los hechos violentos que han enlutado a miles de hogares desde hace más de una década.

En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó más de 800 agravios a periodistas del aí±o 2000 al 2013 y resaltó en su Recomendación Especial número 20, la falta de efectividad de las instituciones de procuración y administración de justicia para dar con los responsables de agresiones a periodistas y su respectiva sanción.

Para el gremio periodí­stico mexicano, los estados de Veracruz, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Puebla, Campeche y el Distrito Federal, son los más peligrosos para ejercer nuestra profesión.

En la capital del paí­s, es el caso de la revista Contra Lí­nea uno de los más graves, el cual ha tenido que llegar a instancias internacionales ante la cantidad de agresiones, ataques, allanamientos, robo a sus oficinas y bloqueo de publicidad que padecen 45 trabajadores.

Destaca Veracruz por los crí­menes en cuatro aí±os del gobierno de Javier Duarte Ochoa, durante el cual han sido asesinados diez periodistas y ahora el periodista Moisés Sánchez Cereso, se suma a la lista de secuestrados.

A esto hay que agregar, lesiones, amenazas, ataques cibernéticos, entre otras violaciones a los derechos humanos de quienes buscan ejercer el derecho a la Libertad de Expresión.

Tal es el caso del director General de los diarios El Heraldo de Córdoba y El Heraldo de Orizaba, Israel Ruiz Zepeda, quien después de terminar su relación comercial con el diputado local Eduardo Sánchez Mací­as, ha sido objeto de amenazas, hostigamiento y acoso judicial, por el simple hecho de ejercer su libertad de expresión por medio de dos periódicos que con los que busca dar a sus lectores y anunciantes pluralidad en la información.

En Luvianos, Estado de México, el primero de agosto 2014 fue asesinado Juan Diego Bení­tez de 12 aí±os, durante un atentado en contra de su padre, el colega Indalecio Bení­tez, fundador de una radio comunitaria.

Por la Casa de los Derechos de Periodistas A.C.

Graciela Machuca

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