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CAMPAÑA “POR UN ESTADO QUE CUMPLA CON LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES”

En la sección CLADEM por el 15 mayo 2013 a las 7:39 am

¿Por qué esta campaña?

Los Estados de América Latina y el Caribe tienen una gran deuda pendiente con los derechos humanos de las mujeres. Para su cumplimiento, esta campaña busca incidir políticamente en los diferentes gobiernos.

Las deudas son múltiples y abarcan desde reformas legislativas para lograr la plena igualdad formal, hasta la implementación de políticas para alcanzar la igualdad real en el acceso a recursos económicos, en el derecho a vivir una vida sin violencia, en el goce de los derechos sexuales y reproductivos y educación no sexista y antidiscriminatoria, entre muchos otros.

Al hablar de estas deudas, nos referimos a las obligaciones pendientes que tienen los Estados, derivadas de recomendaciones, sentencias, observaciones finales y otros mecanismos del derecho internacional, emitidos por órganos internacionales para que cumplan con los derechos de las mujeres.

Instantáneas de la realidad de América Latina y el Caribe

Leyes discriminatorias. En las legislaciones nacionales se mantienen normas que discriminan a las mujeres, como eximentes de pena para violadores que ofrecen matrimonio o realizan un “acuerdo” con la víctima (Argentina; Bolivia); diferentes edades en hombres y en mujeres para contraer matrimonio (Bolivia, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Venezuela) y mayores derechos en el matrimonio para los varones (Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana).

Instancias de las mujeres. En aquellos Estados que han consagrado el principio de igualdad y otras normas contra la discriminación, se enfrentan serios obstáculos para su efectiva implementación. Los mecanismos internos para la promoción de la igualdad de género no tienen el más alto nivel en la jerarquía gubernamental. En la mayoría de los países, estos espacios carecen del poder de decisión y de recursos financieros adecuados, por lo que sus posibilidades de incidir en políticas y programas son mínimas. En épocas de crisis, los programas para las mujeres son los más afectados pues son los primeros en cerrarse.

Recursos económicos. La gran mayoría de los responsables de las políticas macroeconómicas permanecen ciegos al hecho de que las desigualdades son cada vez mayores en América Latina y el Caribe y que esta situación agudiza las tensiones sociales y el clima de violencia estructural en contra de las mujeres. Las estrategias de lucha contra la pobreza diseñadas en la región no abordan de manera adecuada las dimensiones de género de la pobreza; no están concretamente dirigidas a las mujeres, ni promueven su participación en las consultas previas a su formulación.

Resulta preocupante el elevado nivel de pobreza entre las mujeres, en especial las rurales, indígenas y afrodescendientes. Las mujeres son más de 40% de la fuerza de trabajo y 43% de la mano de obra agrícola del mundo. Aunque ello debería posicionar a las mujeres en igualdad con los hombres, esto no se cumplirá sin revisar las normas, costumbres y prácticas discriminatorias que las mantienen como ciudadanas de segunda categoría.

Vida libre de Violencia. Muchos países sólo han regulado la violencia en la esfera doméstica y de manera deficiente, ya que mantienen leyes de violencia intrafamiliar “neutrales” en términos de género, que consideran a la violencia como un problema menor, pese a que la Convención de Belém do Pará obliga a los Estados a dictar una normativa adecuada, que proteja a las mujeres de todo tipo de violencia en tres esferas: doméstica, estatal y comunitaria, y que la considere una violación a los derechos humanos, empleando la debida diligencia para su investigación, sanción y erradicación.

Algunos Estados han adoptado el Pluralismo Jurídico, reconociendo la justicia indígena o justicia originaria campesina como una forma de solución a las dificultades de acceso a la justicia para las comunidades indígenas y como una valoración de sus costumbres y tradiciones ancestrales (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú). Lamentablemente, en ningún país se han tomado medidas interculturales para armonizar las leyes con las de las comunidades indígenas ni para proteger los derechos humanos de las mujeres de pueblos originarios.

En los escasos países donde se han comenzado a documentar los femicidios (Argentina, Costa Rica, Guatemala, México, Perú), ya sea por parte del Estado o de las organizaciones de mujeres, se observa que este fenómeno no ha disminuido y que las medidas de prevención, cuando existen, son escasas e inefectivas. Muchas de las mujeres que murieron habían denunciado agresiones en repetidas oportunidades sin que se tomaran las medidas oportunas para evitar su muerte.

Derechos sexuales y derechos reproductivos. En muchos Estados de la región la mortalidad materna se ha incrementado, sobre todo entre las mujeres pobres, de zonas rurales e indígenas y de ascendencia africana. Entre los factores que generan esto destacan los deficientes servicios para la salud sexual y reproductiva, la falta de equipamiento para la realización de exámenes y el insuficiente personal en los hospitales y centros de salud.

En muchos Estados existen programas de planificación familiar y educación sexual muy bien diseñados pero su ejecución es ínfima por falta de los recursos económicos y humanos. Además son preocupantes las presiones de sectores conservadores. Así, el embarazo adolescente, los embarazos no deseados y la educación sexual desde temprana edad aún son asignaturas pendientes sobre las que los Estados tienen la obligación de responder.

En cuanto a la anticoncepción oral de emergencia, en tres países de la región (Costa Rica, Honduras y Panamá) no hay formas de acceder al producto, ya que ni siquiera se vende. En el caso de Honduras, su venta fue prohibida mediante el Acuerdo Ministerial 2744, mientras que en Costa Rica y Panamá no existe producto registrado.

Aunque los comités que dan seguimiento a los tratados internacionales recomiendan revisar la legislación que criminaliza el aborto, éste es una de las principales causas de muerte materna. Hay resistencia para analizar esta problemática desde la dimensión de derechos humanos y como un problema social y de salud pública. Las presiones de corrientes religiosas conservadoras bloquean el debate de este tema que afecta a las mujeres, principalmente adolescentes, jóvenes, pobres e indígenas. En cinco países (Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana) el aborto está prohibido en toda circunstancia, lo que condena a proseguir embarazos o recurrir a abortos inseguros y consolida el estereotipo de las mujeres como reproductoras.

Aun en los casos en que está permitido, exigir el aborto legal se hace muy difícil en muchos países y es frecuente que los hospitales públicos se nieguen a realizarlos (entre otros: Argentina, Brasil, Colombia, Perú y algunos estados de México).

El VIH-SIDA avanza de manera acelerada en la región y cada vez son más mujeres con pareja estable y adolescentes las afectadas. No obstante, los recursos asignados por los Estados a la prevención de esta pandemia no guardan relación con la magnitud del problema. Resulta aún más preocupante que no existan estudios que provean información sobre la incidencia del VIH y el SIDA en la población rural, indígena y afrodescendiente.

Educación. Cladem ha impulsado la Campaña “Por una educación no sexista y antidiscriminatoria”, frente a la persistente falta de acceso a la escuela por parte de las niñas y las adolescentes, pero sobre todo por los contenidos educativos que perpetúan los estereotipos de género. Preocupa, asimismo, la creciente privatización de la educación y la baja en asignación de recursos. Aunque en el mundo la matrícula universitaria se compone de mitad de hombres y mitad de mujeres, el acceso a la educación básica en los pueblos indígenas mantiene rezagadas en la región hasta a 70% de las mujeres.

Por ello exigimos:

  • Garantía de igualdad entre mujeres y varones; con la eliminación de normas y prácticas discriminatorias, y la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW en aquellos países que aún no lo han hecho.
  • Impulsar la igualdad y el reparto de responsabilidades en las tareas de cuidado para erradicar la pobreza, mediante la garantía de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.
  • Garantía de una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas.
  • Autonomía sexual y autonomía reproductiva. Acceso a recursos y servicios de salud sexual y reproductiva.
  • Acceso a una educación laica, intercultural, no sexista y no discriminatoria.

Alianzas:

  • Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) http://www.pidhdd.org/v2/
  • Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) http://www.escr-net.org/
  • Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora http://www.mujeresafro.org/

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