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Oaxaca y su caja fuerte: impudicia burocrática

En la sección Diez Comunicación por el 21 enero 2013 a las 12:11 pm

A Reserva

Oaxaca y su caja fuerte: impudicia burocrática

Si los salarios que se destinan a la alta                                                        burocracia fuera la medida del desarrollo, Oaxaca sería del primer mundo.

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ

Oaxaca ha tenido los pasados dos años, a luz vista, un gobierno trivial, ineficiente y con mucha más pena que gloria. Eso lo sabe quien vive en Oaxaca –en cualquiera de sus regiones- y enfrenta día a día la inoperancia cotidiana que insulta la dignidad ciudadana y rompe el sesgo de la apatía frente a la creciente inseguridad, la falta de oportunidades, el desempleo,

la insuficiencia o nula prestación de servicios públicos, el imperativo incierto de la justicia y sus privilegios, la informalidad de la economía promovida desde el Estado, la indignante escalada de la Sección 22 del SNTE en acuerdos y cochupos que denigran cada vez más la educación pública con la complacencia del gobierno, los pésimos servicios de salud o en más casos de los que se quisiera la falta de acceso a ellos, impunidad y corrupción cínica y ofensiva y claro la crítica pobreza y la creciente desigualdad.

Los entrecejos en el ejercicio del poder se pliegan a profundidad cuando de dinero se trata. Las historias de abuso, enriquecimiento ilícito e inexplicable, pago de cuotas y favores, compra de medios de comunicación, refuerzos al culto de la personalidad del todo poderoso y otras bajezas se vislumbran siguiendo la ruta del dinero.

Es evidente, las estadísticas son francas, no mienten, Oaxaca es uno de los estados más pobres de la república mexicana, como asentó hace menos de seis meses el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Gerardo Albino González, frente al representante del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, afirmando que la marginación y pobreza extrema se refleja en 172 municipios, siendo San Juan Tepeuxila la más pobre de las localidades del país.

Por supuesto este reconocimiento no implicó un mea culpa del gobierno, solo fue para efectos de convenir más recursos emergentes, que con desfachatez argumentan serán para programas de combate a la pobreza y con ello poder atender el rezago que se está viviendo en Oaxaca.

Pues sí que resulta insolente que un gobierno que confiesa la pobreza de su pueblo se adjudique en nómina de funcionarios las más altas remuneraciones como pago de su incompetencia, implícita procazmente en su declaratoria de pobreza, con la finalidad obscena y demagógica de aplicar programas contra la pobreza.

Las siguientes cifras que se informan son las dictaminadas por la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación y autorizadas por el pleno de la Cámara de Diputados del Estado para el ejercicio 2013, como ejemplo de la falacia que ha significado “el cambio democrático” del gobierno de la paz y el progreso. Y si como afirma el gobernador de Oaxaca Gabino Cué gana un “salario” de 105 mil pesos mensuales, entonces muchos otros en su gobierno ganan más que él.

Habría que empezar por los partidos políticos, semilleros naturales de personajes habilitados en la función pública, siete nacionales y dos más estatales, a todos se les entregan 90 millones 533 mil 775 pesos de pesos, precisando que son PRI, PAN y PRD los que se llevan más de dos terceras partes de este recurso, además, claro, del presupuesto que se les asigna por la federación.

Las y los diputados reciben una dieta de 54 mil 711 pesos sin contar sus bonos extras, recuperación de gastos y patrocinio parlamentario, se les asignan hasta cinco y en algunos casos más asesorías cuya remuneración mensual es de 13 mil 849 pesos cada una, pueden ser incluso su personal doméstico, parientes o pareja en turno sin problema alguno. Hay quienes solo consiguen alguna credencial electoral, lo que es suficiente para recibir el recurso de algún fantasma o aviador.

La Auditoría Superior del Estado que es el órgano técnico del Congreso que tiene a su cargo la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de los Poderes del Estado y Municipios, su presupuesto se cocina aparte, y resulta que el auditor Carlos Altamirano Toledo, de origen perredista, gana la friolera de 109 mil 963 pesos, cuota importante que asegura la obediencia del auditor a los designios del gobernador, igual que lo hacía la ex auditora Lizbeth  Caña Cadeza con su jefe Ulises Ruiz ¿Cuál cambio?

En el poder judicial el escandalo es mayúsculo, resulta que el presidente magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, recomendado especial de quien fue suplente de Gabino Cué Monteagudo en el Senado al asumir el cargo de gobernador, sin experiencia judicial alguna, igual que los presidentes del Tribunal Superior que nombraban los gobernadores priistas, gana más que el mismo gobernador: 171 mil 716 pesos mensuales, claro que hay que considerar el peso mediático de su padrino. Lagunas Rivera gana casi cinco veces más que lo asignado a las y los jueces y diez veces más que un secretario de acuerdos o uno de estudio y cuenta en los que recae buena parte del trabajo judicial.

En la Secretaría de Administración los altos funcionarios, léase el secretario Alberto Vargas Varela, que gana 133 mil 923 pesos en contraste con las decenas del personal de confianza y por contrato, cuyo sueldo oscila entre cinco y ocho mil pesos mensuales. Eso sin contar su falta de humanidad y soberbia del funcionario capaz de darle la espalda a quien fuera uno de sus mejores amigos en otros tiempos y que enfermo le solicitó ayuda.

La recién creada Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, tiene asignado un presupuesto salarial casi de lujo, el Defensor Arturo Peinbert, obtiene cada mes 116 mil 800 pesos en contraste con el sueldo del intendente que percibe ocho mil 827 pesos. Este señor ni su boda tuvo que pagar, pues fue un regalo del gobernador a la novia que es su queridísima secretaria privada.

El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Alberto Alonso Criollo, gana 123 mil 663 pesos. En 2013, año de elecciones intermedias, deberá justificar su autonomía y eficacia.

Las percepciones a altos funcionarios de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca explican la guerra campal a la que están dispuestos a someterse por ganar la rectoría, incluyendo personajes que parecían profesionistas desinteresados de la educación y que sin recato se han deschongado por acceder al poder universitario, para ser de los 10 que ganan 181mil 221 pesos, encabezados claro está por el rector. Ello significa obtener más ingresos que cualquier funcionario público de “primer nivel” del gabinete estatal. Sin duda, ser rector es un gran negocio para toda la vida, una especie de seguro, ya que siguen obteniendo “un pago” indefinidamente por la nada despreciable suma de 110 mil 847 pesos mensuales; también sucede que un ex director de escuela o facultad en esta universidad gana más que aquellos que están en funciones; aberraciones que no suceden en ninguna universidad del mundo. Tal vez esta situación propicia que la avaricia rebase las expectativas de calidad académica que hace mucho quedó distante, los resultados están a la vista desde hace décadas.

La disimilitud del presupuesto a los organismos autónomos se refleja ofensivamente en el carácter asistencialista de este gobierno que otorga un presupuesto gigantesco de 378 millones 490 mil 437 pesos para gastos del DIF fundamentalmente discrecionales ¿qué significa esto? Usted imagínese lo que quiera.

La cortedad de la visión del gobierno ciudadano se concretiza en el aberrante y disminuido presupuesto que se destina a Ciencia y Tecnología, con tan solo de cuatro millones 598 mil 56 pesos en comparación al presupuesto referido al turismo hasta ahora dirigido con políticas ramplonas de 315 millones115 mil 724 pesos que se contradice con el menor presupuesto que a la lengua, cultura e identidad indígena se le haya asignado, la insultante cifra de tan solo 864 mil 510 pesos, en una entidad que promueve el turismo fundamentalmente basado en la identidad indígena.

En el rubro de la obra pública e infraestructuras de destinaron un mil 172 millones 986 mil 45 pesos, cifra que se manipula y disfraza en los contratos de asignación directa, permitiendo la indeseable e inhumana “lista de raya” donde se contrata por la dependencia que jefatura el millonario empresario constructor Netzahualcóyotl Salvatierra a cientos de trabajadores eventuales con salarios de hambre y sin ninguna seguridad social. Tal vez es la práctica en sus constructoras pero alguien debería informarle que además de ser un ilícito está implicando responsabilidad en su función pública.

Claro es que las remuneraciones dignas deberían garantizar el buen desempeño en el servicio público, no siendo así, resulta una verdadera afrenta a un pueblo empobrecido que sigue esperando el cambio prometido que no se asoma y, evidentemente, se enriquecen quienes ostentan el poder político que además en una pésima planeación financiera atentan al sentido común, regateando el derecho a una vida digna que el Estado tendría que garantizar no sólo al funcionariato sino a toda la población.

Canalgentelibre.com

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