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Derechos Humanos la utopía oaxaqueña

En la sección Diez Comunicación por el 6 enero 2013 a las 5:35 pm

Mujeres y Política


Soledad JARQUÍN EDGAR

Esta columna debería estar dedicada a los buenos deseos que esperamos sucedan en los próximo meses de este 2013 que apenas inicia, sin embargo hemos postergado esa lista maravillosa de buenos deseos frente a los hechos que siguen demandando urgencia. Así, bajo la consigna de “mas vale tarde que nunca” dejaremos esa lista para la próxima.

Pues bien, recordarán ustedes el caso de María Elena López Bretón, quien debido a las exigencias laborales y hostigamiento de sus jefes inmediatos, nada más ni nada menos que en las oficinas del propio gobernador de Oaxaca, terminó por perder a su hijo, bueno pues todavía andan muchos cabos sueltos y a pesar de las recomendaciones y de los precedentes que este caso sienta, los servidores públicos protegidos por su jefe inmediato, léase Gabino Cué Monteagudo, no han sido molestado en lo más mínimo, contradiciendo de manera fehaciente lo que su gobierno pregona: la defensa de los derechos humanos.

El fin de año reciente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación que sin duda sienta precedente y que lleva al IMSS, entre otras cosas, a tomar la medida de poner la leyenda “expediente confidencial” cuando éste sea ginecológico y no se vuelvan a prestar los malos médicos a la manipulación de la información como sucedió con el caso López Bretón, sólo porque un funcionario de nombre Héctor Iturribarría Pérez, jefe de la Oficina de la Gubernatura, solicitó información al IMSS sobre la paciente, misma que habría sido falsificada y sobre todo exhibida sin la menor ética.

Este sería el segundo acto, porque el primero fue protagonizado por Jesuswaldo Martínez Soria, coordinador de Evaluación del Desempeño, quien lejos de escuchar que el embarazo de López Bretón era delicado y que demandaba de ciertos cuidados, se mostró desinteresado en que su subalterna tomara determinados cuidados, por el contrario, le exigió más, le dijo que si no podía que renunciara y hasta le reclamó por el hecho de estar embarazada. El resultado es el que ya conocemos.

Sin duda, tal y como se resolvió por la ahora Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en la recomendación 29/2011, era evidente la violación a los derechos humanos cometidos por servidores públicos oaxaqueños, sí , en específico por Jesuswaldo Martínez Soria, quien por cierto goza de una cabal ignorancia al olvidar los acuerdos que dentro y fuera del país ha firmado México para proteger los derechos humanos de las mujeres.

Ahora le tocó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitir una conclusión sobre el caso, con fecha 30 de noviembre pasado, en la que tanto el gobierno estatal como la Coordinación de Atención a Quejas y Orientación al Derechohabiente del IMSS aceptaron las propuestas de conciliación y solicita que informe de los avances en ese sentido.

El IMSS deberá girar instrucciones a los servidores públicos que tengan acceso a los sellos y papel membretado de uso exclusivo y oficial  para que le den el uso adecuado a efecto de evitar que vuelvan a ser “filtrada” información que sólo es de interés para el o la usuaria.

Además ordena se de vista al órgano Interno de Control en el IMSS para análisis y valoración en el procedimiento administrativo de investigación SI/149/12/OAX, a efecto de que se consideren y determine la responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron por facilitar sellos y papel membretado o falsificado el documento objeto de la queja presentada por María Elena López Bretón.

Y, por último, que gire un oficio al área correspondiente en que se valore la posibilidad de dar vista a la autoridad ministerial ante la probable falsificación de papelería del IMSS, por cuanto a la falsificación de firmas en el resumen médico que de la agraviada presentó por parte del personal del Gobierno del Estado, que en este caso sería Héctor Iturribarría Pérez, secretario Técnico del titular del Poder Ejecutivo (léase Gabino Cué Monteagudo).

En cuanto al gobierno estatal, la CNDH le ordena realizar los siguientes actos conciliatorios, primero que los servidores públicos se abstengan de solicitar, obtener y manejar información de trabajadores sin motivo ni fundamento.

En segundo lugar, se giren instrucciones a quien corresponda para que Héctor Iturribarría Pérez, secretario de Técnico del titular del Poder Ejecutivo, “evite ejercer con motivo de su cargo hostigamiento laboral o represalias” en contra de María Elena López Bretón.

Que se de vista de este documento a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para que inicie la investigación correspondiente en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, como es el caso de Héctor Iturribarría, quien solicitó y obtuvo del IMSS el resumen médico de María Elena López Bretón y que después exhibió ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Y, por ser necesario, lo cual es evidente, la CNDH solicita que se diseñen e impartan programas integrales de capacitación y formación en materia de derechos humanos dirigidos al personal directivo, con la finalidad de promover y fomentar la inclusión de las mujeres y se asegure en la planeación del presupuesto se incorpore la perspectiva de género, la transversalidad y se asegure la no repetición de este tipo de actos.

Tanto el IMSS como el gobierno de Oaxaca tienen 90 días para cumplir, es decir, les quedan más o menos 60 para hacer efectiva esta conciliación y cerrar una página por demás bochornosa en la historia de la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres, vista desde donde usted quiera y que nos vuelve a marcar que los derechos de las mujeres no son una prioridad, porque, sí así fuera, al menos los dos funcionarios hostigadores: Iturribarría Pérez y Martínez Soria estarían haciendo otra cosa y no en los cargos que ostentan dentro del gobierno de Gabino Cué que insisto sigue pagando publicidad gubernamental para decir que en Oaxaca se cumple con los derechos humanos, pero la evidencia habla por sí sola.

Sin duda, el esfuerzo realizado por María Elena López Bretón para llegar hasta las últimas consecuencias será recordado por todas las oaxaqueñas ya que ha sentado precedente, no es posible hablar de igualdad si todavía hay quienes creen que un embarazo impide el desarrollo y que por tanto una mujer embarazada estorba a los ocupados funcionarios.

Mucho cuidado deberán tener en el funcionariato, incluso para garantizar esos derechos, sean de confianza o sindicalizadas las mujeres que laboran en el gobierno, y por supuesto en la iniciativa privada, no vaya siendo que sigan despidiéndolas por ese motivo o les nieguen sus horas de lactancia porque es necesario “sacar un boletín” como sucede a las periodistas que prestan sus servicios en las oficinas gubernamentales.

María Elena López Bretón una ciudadana que cree en el ejercicio de sus derechos realizó toda esta encomienda y tramitología aún cuando ella misma afirma “el daño causado en mi vida es irreparable” y tiene toda la razón porque perdió un hijo que estaba por nacer y en eso tendrá un peso determinado la actuación de Perla Woolrich Fernández, titular de la Contraloría y Transparencia gubernamental, a quien por cierto la recordamos por su promoción permanente y a ultranza del derecho a la vida aún a pesar de la vida de las propias futuras madres por decisión e imposición. A ver si muestra los dientes, como ya lo señalamos la semana pasada.

www.caracolasfem.blogspot.com

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