EXIGE JUEZ CAREO A NIí‘A INDIGENA DE 8 Aí‘OS CON AGRESOR PEDOFILO DE 55.(seguimiento)

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Martha Juárez/Roberto Lemus/ Graciela Machuca



Durante la noche se levanta se mira en el espejo y se talla la cara con rabia como si tratara de limpiarse algo, pensativa e irritada. Aurora, una nií±a indí­gena de ocho aí±os de edad  de complexión delgada, tez morena, ojos café claros y cabello lacio ha pasado de una vida tranquila, abrigada por el carií±o de sus padres al sobresalto de los recuerdos que le quitan el hambre, el sueí±o y le provocan pesadillas.

Todo comenzó cuando un médico radiólogo de 55 aí±os de edad la obligo a mirar videos pornográficos con rostros de caricaturas y cuerpos de adultos, cuando acudió acompaí±ada de su madre y le dio 20 pesos para que guardara silencio porque es para”las nií±as que se portaban bien».

Aurora fue con su madre al Hospital General de José Marí­a Morelos para hacerse unas radiografí­as, sin embargo, cuando la nií±a fue llamada a tomarse las placas el médico le prohibió entrar con su hija y le ordenó que se quedará en la sala de espera con el argumento de que no podí­a entrar con su hijo que llevaba en brazos.

Durante el estudio el radiólogo trato de hacer que la madre se saliera de la sala de espera para ir a hacer un trámite oficial para no pagar el costo del estudio, situación que puso en alerta a la madre, ya que además el especialista entraba y salí­a de la sala de rayos x con una actitud nerviosa. Finalmente salió la nií±a y al preguntarle la madre qué habí­a pasado guardo silencio y se mostraba callada y pensativa.

Pasaron varios dí­as hasta que por fin, la pequeí±a se atrevió a narrar a su madre lo que habí­a pasado en el consultorio del radiólogo pero antes le pidió que no la regaí±arán, ese momento la madre descubrió que tení­a 20 pesos y la nií±a le explicó que se lo habí­a dado el médico porque era bueno y era para las nií±as que se portaban bien.

Finalmente Aurora explicó que el médico la habí­a obligado a mirar videos con caras de caricatura y cuerpos de adultos donde ”hací­an cosas feas», así­ como fotografí­as de nií±os teniendo relaciones sexuales en distintas posiciones y diferentes escenas que la perturbaron.

El 25 de mayo cuando se giró la orden de aprehensión en contra de David Muí±oz Quijano autoridades de la procuradurí­a le dieron el ”pitazo», y esto le permitió borrar cerca de dos mil archivos con material pornográfico, sin embargo, durante las indagatorias de la Procuradurí­a encontraron las documentales y comprobaron que coincidí­an con las descripciones que hizo la menor de las imágenes a las que estuvo expuesta por el pederasta.

Durante las diligencias la policí­a judicial confirmó que las declaraciones de la nií±a coincidí­an con más de dos mil imágenes de pornografí­a que tení­a el acusado en su computadora personal que fue confiscada en su consultorio.

Durante la detención del radiólogo se confirmó que viví­a con una menor de 14 aí±os de edad, con la que se casó cuando apenas tení­a 12 aí±os de edad, ya que a los 13 aí±os  tuvo al hijo de ambos, lo que viola el código de Procedimientos Penales en Quintana Roo y se tipifica como delito de violación. Este delito involucra a varias personas desde personal del Registro Civil de esa localidad, padres de la menor que permitieron que la nií±a tuviera un esposo y relaciones sexuales, así­ como personal del Hospital General de esa localidad que permitieron que diera a luz sin dar vista al Ministerio Publico.

Pero además las indagatorias judiciales revelaron que el médico habí­a tenido anteriormente por lo menos tres matrimonios, todos con nií±as menores de 15 aí±os de edad. Pero se habla de que en ese mismo poblado hay por lo menos otros dos menores agraviados, sin embargo, sus padres se han negado a denunciar por temor a represalias en su contra y de sus familias

El director de Salud de Felipe Carrillo Puerto, el doctor Samuel López Arrollo también es seí±alado por los familiares de la afectada como cómplice al encubrir al radiólogo y de utilizar sus influencias para protegerlo. Se tiene conocimiento de que en el municipio de José Marí­a Morelos se interpusieron dos denuncias por el mismo delito, pero gracias a las influencias y sobornos de sus protectores no fueron consignadas las averiguaciones previas y todo se arregló ”bajo la mesa».

Desde esa fecha la vida de esta familia indí­gena se transformó por el temor a que el agresor no fuera castigado por la protección de las autoridades locales y de personas influyentes de la zona quie pagan fuertes sumas de dinero para guardar silencio, entre ellas su abogado defensor el ex presidente municipal de José Marí­a Morelos, Eliseo Bahena.

Desde mayo pasado los traslados al municipio de Felipe Carrillo Puerto han sido frecuentes a pesar que representan fuertes gastos para dar seguimiento a la denuncia penal por pornografí­a infantil asentadas en el expediente número 77/2012 en contra del radiólogo David Néstor Quijano.

Sin embargo, fue hasta que el padre de familia denunció los abusos del radiólogo pederasta en medios de comunicación locales y en el Facebook puso al juez penal de primera instancia, Ramón Jesús Aldaz Bencomo en el ”ojo del huracán» por ordenar con un citatorio a la nií±a de ocho aí±os carearse con su agresor de 55 aí±os de edad y le advirtió que en caso de no presentarse se pedirí­a el apoyo de la fuerza pública.

Como resultado de lo anterior la titular de la Procuradurí­a de Justicia del Estado, Blanca Imelda ívila Várguez le hizo un fuerte reclamo al padre de familia por haber exhibido este caso de pornografí­a infantil ante los medios de comunicación, lo que derivó inicialmente en agilizar las investigaciones para la integración del expediente y de que el juez girara la orden de aprehensión en contra de la agresor y después en exhibir la mala actuación del juez Aldaz Bencomo.

Especialistas aseguran que en este caso no sólo se trata de la falta de sensibilidad y conocimiento del juez para evitar confrontar a una pequeí±a de ocho aí±os frente a su agresor durante un careo, sino que también la responsabilidad recae sobre el fiscal de la Procuradurí­a de Justicia de esa zona, ya que está encargado de la defensa de la pequeí±a agraviada por no apelar el citatorio para el careo.

El apartado B del artí­culo 20 de la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos eleva al plano de la garantí­a constitucional los derechos de la ví­ctima y del ofendido por el delito, a fin de estos derechos se ejerzan durante los procedimientos penales. De acuerdo con el inciso c) seí±ala que los menores de 18 aí±os no serán obligados a carearse con el inculpado, tratándose de los delitos de violación o secuestro y cuando sean menores de edad.

Por lo anterior la actuación del fiscal de la Procuradurí­a de Justicia de Felipe Carrillo Puerto y del juez penal de primera instancia, Ramón Jesús Aldaz Bencomo fueron irregulares y violan los derechos de la menor agredida.

El 18 de septiembre pasado la psicóloga del DIF Felipe Carrillo Puerto, Citlally Carrillo Carrillo advirtió que la pequeí±a no está en condiciones para enfrentar cualquier situación que consista en revivir o recordar hechos pasados, ya que provocarí­an en la menor un estado de mayor inestabilidad emocional y retrocederí­a en el avance del proceso terapéutico en el que se percibe una notable mejorí­a.

Graciela Machuca

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