Democracia, libertad de expresión y la violencia contra periodistas en México
La silla rota
Sergio Jaime Rochín del Rincón
En los sistemas políticos de estructura democrática, el flujo de información y conocimiento no pude darse de manera únivoca y centralizada —a diferencia de los regímenes totalitarios?, pues en un orden genuinamente democrático, no resulta factible por definición, un control vertical de los medios comunicativos. El sistema democrático debe aspirar necesariamente a una redistribución más equitativa e igualitaria de todos los medios, una libre circulación de la información y el conocimiento, deben ser los ejes que permitan una real y concreta participación de la sociedad en el ejercicio de lo público. La democracia no puede ni debe buscar instaurar un orden hegemónico de la información, pues corre el riesgo de suplantar sus propios fundamentos igualitarios, basados en una idea de la ciudadanía participativa, donde el pueblo se ha de consolidar como el legítimo garante de las decisiones de un Estado que le representa. Es necesario entonces, recuperar la definición originaria del ideal democrático, pues parafraseando el artículo 3° constitucional [II,a]: la democracia no puede considerarse solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
En este sentido, resulta fundamental darle apertura al «ejercicio libre de la expresión pública», asumiendo que ésta, no es una concesión a la ciudadanía por parte de un Estado paternalista, sino un derecho efectivo garantizado constitucionalmente que debe ser salvaguardado por la instancias gubernamentales y de impartición de justicia. Actualmente, México es uno de los países de América Latina donde mayormente se encuentra vulnerado este derecho, pues la libertad de expresión resulta todavía afectada por distintas esferas sociales, políticas e institucionales que la limitan y obstruyen, impidiendo que en nuestro país se materialice una verdadera democracia, donde cada ciudadano pueda tener garantizado no sólo el acceso a expresar libremente su opinión, sino también, al de ser informado en apertura hacía una diversidad más amplía y horizontal de contenidos, discursos y propuestas. El ejercicio del periodismo es aquí un trabajo estratégico y fundamental.
Nuestro país tiene actualmente un alto índice de agravios cometidos contra periodistas, donde a partir de los parámetros internacionales, no existe una garantía real y concreta para el ejercicio de la libre expresión, tanto de periodistas, como de la ciudadanía en general. Los agravios que ahora referimos, no son ya los de una vieja estructura represiva y de censura protagonizada por el Estado, sino que son también, expresiones diversas y heterogéneas —muchas de ellas vinculadas al crimen organizado? que mediante prácticas diversas —algunas claramente violentas?, vulneran la integridad de las personas que dedican su vida a informar a la población del acontecer social, económico y político. El trabajo periodístico, queda así, atrapado y sancionado en medio de un campo político y económico de intereses, donde el Estado no pocas veces resulta cómplice de esta situación. Los periodistas e informadores en general, son un blanco a eliminar para aquellos que ven afectados sus intereses por los contenidos, noticias y datos que se difunden; la denuncia en medios comunicativos de cuestiones ligadas a la corrupción de funcionarios públicos, negocios ilícitos, transacciones financieras no reguladas, además de todo el abanico ilegal de prácticas ligadas al crimen organizado, es lo que motiva a distintos actores que pudieran resultar comprometidos, a cortar, interrumpir y eliminar el flujo libre de información, vulnerando en muchas de las ocasiones la integrídad física y humana de periodistas e informadores.
El papel político de los medios de comunicación es hoy innegable, por lo que debemos atender a las condiciones complejas con las que se tejen y articulan las relaciones entre el poder y la circulación de los contenidos. El Estado no debe restringir el libre ejercicio de la expresión y el acceso a la información por parte de la ciudadanía, de ser así, sólo podemos contemplar el mantenimiento de un sistema hegemónico sin funcionamiento democrático, que en todo caso, podríamos caracterizar como vertical e impositivo. Las instituciones del Estado deben así, de atender esta problemática, no sólo revirtiendo la tendencia histórica de las anacrónicas estructuras represivas y de censura contra la libre expresión, sino también, interviniendo legalmente para contener y disolver la violencia que actualmente recae sobre la sociedad, impidiendo que se desarrolle un verdadero orden democrático, sustentado en la equidad y la garantía a expresarse libremente y con acceso no corrompido a la información. Para ello, es necesario observar a profundidad como opera la lógica que articula los intereses de la criminalidad con los agravíos cometidos contra periodistas, pero también, del poder que le otorga su intervención y aparición en los medios, pues:
La reestructuración de las organizaciones mafiosas se ve reflejada también en su gestión, rentabilizable y eficáz, de la información brindada por los medios de comunicación en dos modalidades: primera, como publicidad no pagada y, segunda, como filtración de información de las estrategias desarrolladas por las fuerzas de justicia […] y sus departamentos anti-mafia. Así como la incorporación de los desarrollos tecnologicos que se usan mundialmente para gestionar la creciente mundialización económica. […] Estos criminales nacidos dentro de la sociedad del espectáculo consideran a los medios de información como un elemento fundamental de visibilización y estatus: dichos medios les brindan publicidad y legitimación gratuitas, por medios de la espectacularización de la violencia; además de la instauración y la proliferación de un miedo endémico que los criminales entienden como una forma más de la propagación de su poder y control sobre el territorio. […] Este proceso de atemorización civil que realizan los medios no requiere inversión directa ni de energía ni de capital por parte de los criminales. Sin embargo reporta grandes beneficios no sólo a ellos, sino a los medios en sí mismos, a los gobiernos y al mercado, poniendo en marcha un proceso de creación de capital por medio del imperio criminal que tiene como nación la economía.·[1]
Resulta bastante problemático elaborar un diagnóstico claro y sistematico sobre los vínculos, redes y tendencias que existen entre la información, la difusión de contenidos y los intereses del crimen organizado, sin embargo, debemos considerar la urgente necesidad de legislar en la materia; el mantenimiento del sistema democrático exige que se intervenga jurídicamente para recuperar el espacio público en nombre de la ciudadanía, que finalmente, es la más afectada por esta condición que restringe las libertades, y no sólo las de expresión, sino todos los derechos humanos, pues:
Los ataques a la libertad de expresión y la incapacidad del Estado para resolverlos, afectan no sólo a la democracia, sino al goce de otros derechos humanos por los cuales el Estado también es responsable. En un contexto de impunidad como el que prevalece en México, las violaciones a la libertad de expresión y prensa abren el paso a la conculcación de otros derechos reconocidos en la Carta Americana de Derechos Humanos, como son:
_ Derecho a la vida (Art.4)
_ Derecho a la integridad personal (Art.5)
_ Derecho a la libertad personal (Art. 7.1)
_ Derecho al debido proceso (Art. 8)
_ Derecho a la protección juducial (Art.25)
_ Derecho a la participación política. (Art.23)[2]
Por lo anterior, deducimos que el derecho a la libertad de expresión está atravesado por múltiples aristas que contemplan también otros derechos y garantías, situación que debe hacernos reflexionar sobre el papel estratégico que juega el oficio del periosmo en ese sentido; su condición vulnerable ante la situación actual de violencia y economía precaria, nos muestra una debilidad neurálgica en nuestro sistema democrático, el cual expone y potencia otras problemáticas que obstruyen de igual manera, el desarrollo libre y democrático del país.
La impunidad que impera debido a la incapacidad y/o falta de voluntad del Estado mexicano en investigar de manera eficáz las agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas, las legislaciones ambiguas e institucionales con falcultades limitadas, termina por incentivar a futuros agresores. Los medios de comunicación, principalmente a nivel local, deciden no dar coobertura a ciertos temas como medida de pretección. Incluso, algunos periodistas eligen no firmar sus notas y en los casos más extremos han optado por abandonar la profesión periodística. Esto permea un clima de autocensura que frena la generación e inhibe la difusión de información de interés para la sociedad.[3]
Estas barreras que coaccionan y limitan el libre flujo de información, sancionan a la ciudadanía en general, son agresiones directas a sus derechos como partícipes del sistema democrático, impidiendoles un acceso a contenidos que puedan comprometerle con un ejercicio más responsable e informado en el espacio de lo público. Mientras el Estado mexicano siga solapando e ignorando las agresiones contra periodistas y de la libertad de expresión en general, no podremos hablar de una sociedad plenamente democrática, informada e involucrada con el desarrollo social, económico y cultural del país, sino acaso, de un mero aparato procedimental, sin legitimidad ante las necesidades de la ciudadanía, y donde la burocracia deviene agravante del problema.
La presión social dentro del país, así como las recomendaciones internacionales, han insitido en la visibilización de la problemática que tiene por eje la vulnerabilidad del derecho a expresarse libremente y que se inserta en una lógica de afectación a otros derechos y garantías; por lo que actualmente, podemos hablar ya de pasos significativos en la legislación sobre la materia, entre ellos la reciente reforma al artículo 73 constitucional (fracción XXI), que otorga competencia a la Federación para atraer los casos de agravios contra la libertad de expresión, sin embargo, todavía persisten gran cantidad de huecos jurídicos que imposibilitan un ejercicio fáctico que atienda dicha situación; al respecto, tenemos que considerar los movimientos legislativos de los últimos meses, pero eso será el motivo de nuestra próxima entrega.
Graciela Machuca
