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Mujeres y política Legislativo avanza, ejecutivo retrocede

En la sección Diez Comunicación por el 13 agosto 2012 a las 11:29 am


Soledad JARQUÍN EDGAR

Como anunciamos la semana pasada se aprobó el delito de feminicidio en Oaxaca, ahora hay que detener a los feminicidas para terminar con la impunidad, el manto negro que cubre a los victimarios y descubre las muchas fallas del sistema; además de reflejar el sitio que se designa a la vida de las mujeres y la justicia hacia ellas en la escala de valores de un estado que sigue siendo patriarcal.

Algo avanza y tras un año en la congeladora y “arduo” trabajo legislativo, finalmente se aprobó la iniciativa, el feminicidio ya es un delito, pero ¿qué cosa es el feminicidio?

De acuerdo con la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, quien introduce el término en México, se denomina feminicidio “al conjunto de hechos violentos misóginos contra las mujeres, que implican la violencia de los derechos humanos, atentan contra la seguridad y ponen en riesgo su vida. Culmina en la muerte de algunas mujeres. Se consuma porque las autoridades omisas, negligentes o coludidas con agresores ejercen sobre las mujeres violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuyen a la impunidad.

“El feminicidio conlleva la ruptura del Estado de derecho ya que el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de actuar con legalidad y hacerla respetar, de procurar justicia, prevenir y erradicar la violencia que la ocasiona. El feminicidio es un crimen de Estado”.

Así que en tanto el Legislativo avanza con el marco legal, en el Ejecutivo retroceden “años luz”, con acciones que en apariencia no tienen importancia, pero que nos muestran la “normalización” de la violencia contra la mujer y deja ver con claridad cómo en el funcionariato, sean hombres o mujeres, operan como si estuviéramos en la Era Cuaternaria en pro de la igualdad, si esta clasificación existiera.

De nueva cuenta, la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género y por quien elabora los boletines de prensa de esa dependencia, muestran lo que llamaría un claro ejemplo de lo que no debe ser un boletín de prensa, pero en cambio se acerca más a una nota sensacionalista y falta de escrúpulos, que estigmatiza y califica a las personas al pasar por los prejuicio que provocan el machismo y la misoginia.

Peor aún, la nota carece de los principios básicos del periodismo, violentando los derechos humanos de un niño de quien se menciona su nombre y se explica es producto de la relación incestuosa, pero además se revictimiza a las mujeres, además de culpabilizarlas indirectamente por no actuar de “manera correcta” para terminar con la violencia erótica que una tercera persona ocasionaba sobre ellas.

El boletín institucional titulado: Violador de sus hijas por 14 años; denuncia pudo haber cambiado la historia: PGJE. Luego una cita: “El atroz relato de una de las víctimas es un llamado a la conciencia para denunciar, delitos de esta índole pudieran evitarse con una sola denuncia a la autoridad” ¿De quién creen que es la cita? Por increíble que parezca, a menos que, quien elaboró el boletín se haya equivocado, la cita es nada ni nada menos que (fanfarreas por favor) de la subprocuradora de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Ileana Hernández Gómez. ¡Otra vez!

A mi y a muchas personas nos quedó claro: la institucionalización burocratiza, vuelve a las personas aburridas y muy peligrosas. No dicen que la ociosidad es la madre de todas las calamidades. Los muchos años que lleva al frente de la institución, en sus distintas versiones y periodos de gobierno (Murat-Ulises-Gabino), no han servido de mucho a la titular de esa dependencia para entender los efectos que la violencia de género provoca en las víctimas y su afirmación, antes que nada, revictimiza a la “ofendida 1”, “ofendida 2” y “ofendida 3” como les llaman en el cuerpo del boletín.

La narración que hacen en el boletín de prensa es el atroz y la pretensión de enaltecer la labor de la Subprocuraduría quien detuvo al violador es inaudita, sobre todo cuando se afirma que la historia de esa familia pudo haber cambiado sólo con la denuncia. Lo cierto es lo que la experiencia nos muestra que la realidad es otra, diferente al supuesto de la funcionaria. Recién la semana pasada y como resultado de un trabajo sobre violencia, pudimos constatar que la violencia erótica contra mujeres no se resuelve con la denuncia ante esa dependencia y que pasan años y años y los victimarios no son detenidos. Que para que haya justicia, los “investigadores” piden dinero que la mayoría de la gente no tiene y no está dispuesta a pagar, se llama corrupción y se traduce en impunidad. Ejemplos concretos hay muchos, las víctimas tienen nombre y apellido.

Esta simple afirmación de que la historia pudo cambiar si las victimas se hubieran atrevido a romper el silencio antes, nos habla de la falta de sensibilidad frente a un hecho de esta naturaleza por parte de la Subprocuradora Hernández Gómez, quien con sus dichos las culpabiliza y, por otro lado, muestra lo que afirmo arriba: no entiende nada de nada.

La violencia sexual o violencia erótica es una de las marcas de opresión de la violencia de género contra las mujeres y es, de acuerdo Marcela Lagarde, uno de los muchos cautiverios de las mujeres “privadas de la autonomía vital, de la independencia para vivir, del gobierno sobre sí mismas, de la posibilidad de escoger y de la capacidad de decidir sobre los hechos fundamentales de sus vidas y del mundo”.

No pueden, se paralizan, están cautivas simbólicamente al sufrir la violencia erótica que es “la síntesis política de la opresión de las mujeres. Porque implica la violencia, el erotismo, la apropiación y el daño”, añade la autora de Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas (UNAM 2003). Se les cosifica, dejan de ser sujetos con derechos para convertirse en objetos y “es el hecho supremo de la cultura patriarcal…uso de la mujer como objeto del placer y la destrucción”.

“…es la síntesis de la sexualidad dominante de una cultura que expropia, se apodera y conculca a las mujeres su cuerpo y su sexualidad…” El violador humilla y desvaloriza a la mujer, amenaza para evitar la denuncia, ella internaliza el miedo, “la violación deja una huella indeleble en el cuerpo y en la subjetividad de la mujer”.

Entonces, no se denuncia por miedo y el miedo puede perdurar muchos años por la forma en que las mujeres hemos sido educadas, porque lo primero que tendrán que enfrentar y resolver es que ellas nunca tuvieron la culpa, pero serán señaladas como responsables de lo que les ha ocurrido. No es simple entender.

En conclusión habrá que decirle a la subprocuradora Hernández Gómez –por segunda ocasión- que no es culpa de las victimas el no haber denunciado tras el primero ni el segundo, ni el décimo ataque. Que si una de ellas decidió denunciar a su victimario tras muchos años fue porque tal vez hasta entonces encontró el camino para hacerlo, porque rompió el miedo y ese es su mérito, considerando el contexto en el que se encuentra, sus condiciones sociales, económicas y las políticas públicas de procuración de justicia sin caminos de prevención, de eliminación y de erradicación de la violencia contra las mujeres.

Me parece inaudito el relato que contiene el boletín fechado el 9 de agosto pasado; me resulta increíble que una persona como la Subprocuradora Hernández Gómez no muestre ninguna sensibilidad y que desde la procuraduría se violenten los derechos humanos de un niño cuando frente a un  hecho criminal se da su nombre completo ¿hará algo la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca? ¿Por lo menos anotarán ese tipo de violaciones en algún cuaderno como hacían antes? ¿El IMO qué acción emprenderá frente a este tipo de comunicación oficial que violenta los derechos de las mujeres y que muestra la falta de conocimiento de la funcionaria sobre el tema que maneja? ¿Eso que se llama comunicación social del gobierno del estado o de Gabino Cué se enteraría de lo que pasó?

Cómo dejan a las “ofendidas 1,2 y 3” de quien no se da a conocer su nombre pero sí el lugar donde sucedieron los hechos, el nombre del victimario que es padre de las tres mujeres y con eso es suficiente para que todo el mundo sepa qué sucedió con ellas y se les señale dentro de su comunidad, porque habrá que decirlo, todavía falta la condena social.

No hay duda, el boletín de la PGJE es una clase práctica de lo que NO debe ser un boletín de prensa en el “año de la no violencia hacia las mujeres” que insisto, pomposamente, anunció el gobernador Gabino Cué, aunque que no se tengan intenciones, programas ni campañas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, porque lo que se ve no se juzga.

www.caracolasfem.blogspot.com

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