Una nueva política social para los pueblos indígenas
José del Val Blanco
Confirma CONEVAL que en el caso de la población indígena, la pobreza pasó de 74.8% en el aí±o 2008 al 79.3 % en el aí±o 2010, y no sólo como más pobreza, sino como pobreza más profunda con base en el incremento del número de pobres extremos.
Esta situación nos lleva a abordar la perversa lógica de la ”pobretología» que caracteriza al Estado mexicano en las acciones y decisiones que se han aplicado en su relación con los Pueblos indígenas —y no sólo a ellos—, quienes, caracterizados como los más pobres de los pobres, son sujetos privilegiados de los ostentosos y mediáticos programas contra la pobreza, reconocidos internacionalmente por su efectividad, pero no por sacar de la pobreza a los pobres, sino por su función estratégica en mantener a los pobres siempre pobres con el menor costo financiero y político posible.
La desproporción descomunal entre la realidad de los Pueblos y las tesis jurídicas establecidas nos obliga, a mi juicio, a realizar una revisión crítica y autocrítica del trayecto y los resultados en los procesos de juridización a nivel internacional y nacional.
La revisión de todos los campos de realidad y espacios territoriales donde los pueblos indígenas desarrollan su supervivencia y continuidad están siendo sometidos a nuevas iniciativas de despojo, producto no sólo de las políticas de Estado, sino al debilitamiento del mismo y a su complicidad con las ofensivas financieras y productivas de las voraces empresas globales.
Se ha instalado en países de muy diversa ideología una deriva gubernamental, que sintomáticamente ha elegido el camino del extractivismo por encima o en contra del bienestar social y ambiental en general. Esta estrategia de desarrollo se basa en la intensificación de la transferencia y apropiación de los recursos naturales, disfrazados de comodities, apostando a los altos precios de las materias primas en los mercados globales, y frente a esta ofensiva la respuesta enérgica de las sociedades indias son intencionalmente tergiversadas, seí±alándolas como ejemplos del atraso, del anti progreso, y considerándolos, por lo tanto, un freno al crecimiento económico.
Como muestra está la ofensiva intensa y generalizada en el campo de la minería; entre los aí±os 2000 y 2009 se han concesionado 51 millones 99 mil 312.7 hectáreas de territorio nacional para 24,351 proyectos mineros, y entre 2010 y 2011, es decir ayer, se entregaron 1,512 nuevas concesiones por 50 aí±os a 293 empresas mineras extranjeras en el país, principalmente en territorios indígenas.
Los pueblos indios reclaman una nueva inserción en sus sociedades, un nuevo pacto social en el que las estructuras políticas de los estados reconozcan sus especificidades y derechos como pueblos autónomos y autodeterminados, sus posesiones y propiedades, y su derecho inalienable para establecer un desarrollo propio como sujetos políticos plenos.
Esta emergencia indígena establece su conceptualización y sus acciones frente al conjunto de ofensivas, y ya sea en el campo territorial, como en el simbólico o en el jurídico, su lucha tiene el enorme acierto de dar y esclarecer de manera integral el espacio, sentido y significado de su horizonte de negociación en la confrontación civilizatoria en el mundo contemporáneo.
Frente a este nudo conceptual desarrollista de la pobretología y los procesos excluyentes con que son tratados por los gobiernos nacionales, han aparecido las primeras expresiones formales de elaboración de una perspectiva propia de los pueblos indígenas para caracterizar sus expectativas de transformación, como el concepto de ”buen vivir» que se cristalizó en las constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), estas formulaciones estatales fueron posibles en razón de ser países con mayoría de población indígena, por su creciente protagonismo y por los activos movimientos ciudadanos y sectores políticos que los acompaí±an.
En el plano estructural, considero que es absolutamente imprescindible:
1.- La convocatoria del jefe del ejecutivo a construir un nuevo pacto social, cuyo objetivo sea el replanteamiento total de la estructura constitucional, y que derive en una nueva Constitución de la República Mexicana que reformule las reglas de la estructura político-social y la estructura misma del Estado mexicano, en beneficio de las mayorías con pleno respeto a la diversidad.
Que establezca, entre otras determinaciones, el reconocimiento y la codificación legal de los conceptos y derechos de reparación del daí±o histórico y restitución de potestad sobre el conjunto pleno de los recursos territoriales a los titulares de derecho en todos los territorios interculturales.
2.- Una simultánea remunicipalización territorial del país que ordene los espacios sociales y los territorios de los pueblos indígenas, y que reconstituya la estructura del orden municipal, ya sea como municipios monoculturales, o policulturales, dotando a cada municipio de los recursos, las funciones, las nuevas atribuciones y las históricamente conculcadas, que garanticen la concreción de la autonomía y la autodeterminación.
3.- Un nuevo federalismo que a partir del establecimiento del Estado del Anáhuac, como Estado 33 de la Nación, reordene las estructuras de poder federal, que se cristalizarían mediante la construcción de una nueva ciudad capital federal de México en el centro geográfico de territorio nacional.
4.- Se defina un proyecto nacional de interculturización de todos los sistemas y niveles educativos, hacia la construcción de una sociedad verdaderamente multicultural y multilingí¼e.
5.- Se establezca una ley nacional de urbanización planificada que dé coherencia a la ocupación del territorio nacional y que garantice principios de estabilización del deterioro de los recursos naturales como inicio de la recuperación.
En el plano coyuntural, en tanto se desarrollan las tareas estructurales, sería necesario y conveniente avanzar imperiosamente y poner en práctica:
1.- La creación de una institución que procure y garantice el ejercicio y cumplimento de los derechos de los pueblos indígenas, que subsuma o sustituya a la fallida y simuladora CDI por unaProcuraduría de los derechos de los pueblos indígenas, con capacidad y atribuciones de informar, evaluar, vigilar y sancionar en su caso el cumplimiento de los derechos, las acciones y el ejercicio de los recursos establecidos en los presupuestos nacionales, ejercidos por conjunto de las instituciones del Estado mexicano.
2.- La instauración de la Subprocuraduría de los Territorios indígenas, cuya función sea la de garantizar los derechos territoriales de los pueblos y vigilar, acompaí±ar y legitimar cualquier proyecto que involucre dichos territorios, garantizando la participación plena y justa en condiciones de asociación equitativa, con respecto a la planeación y desarrollo del proyecto, al reparto de beneficios y utilidades del mismo, garantizando la propiedad y potestad de los pueblos sobre su territorio y los proyectos que se realicen en los mismos.
3.- Una reforma jurídico-legislativa que establezca, en monto y procedimientos reglamentarios, un fondo multianual compensatorio, con carácter de justicia distributiva, y que establezca un horizonte real y verificable de avance hacia la igualación de las condiciones sociales de los pueblos indígenas a la media mexicana; es decir, que se haga realida del cumplimiento los derechos establecidos en la Constitución Mexicana.
4.- El establecimiento de un Plan Nacional de Educación Indígenagarantizando financieramente (a travésde becas de manutención suficientes y acompaí±amientos profesionales, con criterios restitutivos y compensatorios) la participación de los miembros de los Pueblos indígenas, dotando de recursos suficientes a las instituciones específicas y estableciendo cupos obligatorios precisos en todo el sistema educativo nacional. «¢
Graciela Machuca
