golpe de Estado constitucional
||Share on facebook Se han utilizado las instituciones exactamente para lo que no están diseí±adasADOLFO P. SALGUEIRO | EL UNIVERSALsábado 23 de junio de 2012 12:00 AMEl jueves nos sorprendió la noticia de que el Congreso paraguayo había iniciado un procedimiento de juicio político al presidente Fernando Lugo con motivo de un desgraciado episodio en el que una combinación de fuerzas policiales y militares participaron en un confuso evento que dejó como saldo dos decenas de muertos. A la hora de escribir estas líneas aún no se sabe mucho ni de la marcha ni del resultado del procedimiento pero ello no impide hacer algunas consideraciones que pueden ser útiles para el análisis de lo de allá y, principalmente, de lo de acá. Aclaramos que no conocemos los vericuetos de la Constitución paraguaya ni de los reglamentos que rigen el funcionamiento del Poder Legislativo de aquel país. Sí sabemos que el Senado es adverso al presidente Lugo y que ese ha sido uno de los motivos por los que se ha retrasado la aprobación del Protocolo de Adhesión de Venezuela a Mercosur, ultimo trámite faltante. Sin embargo en eventos de importancia política las primeras herramientas a las que hay que recurrir son la razón y el bien común, por encima de consideraciones que también deben tener su lugar en un Estado de Derecho como lo es -afortunadamente- Paraguay. Lugo tiene legitimidad de origen por haber sido elegido en elecciones limpias reconocidas por todos. Además tiene legitimidad de ejercicio por cuanto ha demostrado vocación democrática en lo que va de su mandato. Que apoye o no a Chávez no tiene incidencia en la consideración anterior. Lugo destituyó al ministro del Interior y a los jefes policiales y militares involucrados en el desgraciado episodio de violencia. Lo hizo en forma decidida y contundente aun antes de abrirse investigación alguna. El caso de marras tuvo lugar el día 15 de los corrientes, hace apenas seis días, por lo que no parece ni lógico ni mesurado ni bien inspirado un procedimiento «express» que pueda culminar en la destitución del Jefe del Estado sin haber acudido a los mecanismos políticos y jurídicos de diálogo y/o investigación que pudieran ayudar a arrojar luces sobre el tema sin necesidad de someter a un país con una joven y aún endeble democracia a tensiones de este calibre. Se han utilizado las instituciones exactamente para lo que no están diseí±adas. Llama la atención también el doble estándar con que los «revolucionarios» y rebeldes del continente , quienes hasta ayer nomás denigraban de la intervención extranjera en asuntos internos de los países, hoy estén invocando esos mismos mecanismos para dar el apoyo institucional y de peso que merece un Jefe de Estado sometido a un verdadero golpe de Estado constitucional. ALBA, Unasur, Alí Rodríguez y demás habladores de paja esta vez encontraron que el protocolo de Ushuaia y la Carta Democrática y los Derechos Humanos a la legítima defensa merecen la protección del sistema interamericano sin que ello sea dictado «del imperio». ¡Bien por ellos porque actuaron a la altura! Pero seguramente tendrán ahora que buscar argumentos más novedosos y originales para ocultar la evidente contradicción. Y ojo con este caso. ¡No sea que maí±ana la Asamblea le haga algo similar a Capriles!
Graciela Machuca
