Poner un freno al crimen
Era de esperarse, la delincuencia organizada llegó a Quintana Roo desde hace tiempo, aunque las repercusiones más graves se han sentido en los últimos tres o cuatro aí±os. Por eso extraí±a que se hayan tardado tanto para reformar el Código de Procedimientos Penales del Estado e imponer penas más severas a los delincuentes, en especial a quienes secuestren a otra persona.
Desde el aí±o 2008, el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Luis González Flores, intentó que se aprobaran dichas reformas, pero las fracciones parlamentarias diferentes al PRI se opusieron, en una actitud por lo menos irreflexiva.
En caso de que se reforme el Código de Procedimientos Penales, los secuestradores podrían recibir condenas de cadena perpetua, además de que en algunos casos, serían sujetos a prisión hasta por 25 aí±os. Esas penas son lo menos que se merecen quienes atentan contra la integridad física y la dignidad de las personas.
El momento que vivimos los quintanarroenses en materia de seguridad es muy grave, en los últimos días se han cometido varios secuestros en los que no se conoce el paradero de las víctimas.
Impactante fue también el caso de la mujer que de milagro se salvó de morir luego de haber sido secuestrada junto con otras personas que no tuvieron la misma suerte que ella.
Los criminales han encontrado un verdadero filón de oro en Quintana Roo y aunque al principio se hablaba de que en el sur del Estado eran muy esporádicos los casos delictivos atribuidos a la delincuencia organizada, hoy la realidad nos alcanzó.
La otrora tranquilidad de Chetumal es cosa del pasado, los índices de criminalidad van en aumento, sobre todo en delitos que antes no se cometían como el secuestro, los levantones o los asaltos a comercios o casas habitación.
El efecto cucaracha nos está afectando muy seriamente, se supone que el combate al crimen organizado en otras partes del país, ha provocado que los delincuentes se trasladen a nuestro Estado para cometer sus fechorías, pero además influye la creencia de que, en particular en la zona norte, se pueden obtener enormes ganancias al secuestrar a empresarios adinerados.
El éxito turístico innegable de Quintana Roo, atrajo desde hace aí±os a los delincuentes que habían operado con un bajo perfil, pero que ahora realizan sus actividades ilícitas de manera más temeraria, quizá ante la percepción de que las leyes aquí como en todo el país tienen sus bemoles.
Y es que según datos de especialistas en criminalística, sólo un tres por ciento de los delitos denunciados ante las autoridades correspondientes, terminan en sentencias condenatorias, lo que convierte al crimen en una actividad no sólo lucrativa, sino prácticamente segura para realizar.
Reformar la ley para imponer penas más severas a los secuestradores es una medida plausible, la sociedad lo reclama con urgencia ante las graves amenazas a la seguridad de los quintanarroenses; sin embargo, mucho habrá de hacerse para que quienes apliquen la ley no terminen protegiendo a los delincuentes.
Ejemplos de cómo jueces y Ministerios Públicos, en contubernio con los criminales tuercen la ley hay muchos y hasta ahora, son muy pocos los casos en que estos funcionarios han sido sentenciados. Entonces hay que empezar porque la ley se cumpla pareja, no sólo para los delincuentes, sino también para aquéllos que traicionan la confianza depositada en ellos por la sociedad.
Por Jorge Cruz Escalante
Graciela Machuca
