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Continuidad o Gatopardismo

En la sección Política por el 1 mayo 2010 a las 5:33 am

Una de las más exitosas estrategias del PRI durante años ha consistido en hacer de las elecciones una operación multifacética que no se concentra sólo en los meses previos a los comicios. El tricolor, que siempre ha sido gobierno en este estado, empieza a ganar las elecciones años antes, cuando crea leyes y organismos electorales a modo, y cuando coopta a la oposición para restarle fuerza y credibilidad.
La idea final es mantener en el poder al elegido del régimen, quien deberá garantizar la continuidad del sistema. El acuerdo entre las familias González-Borge con el clan cozumeleño de los Joaquín, que entronó un candidato a gobernador de unidad y repartió alcaldías y diputaciones, es el mejor ejemplo de esa forma de actuar.
(Al cierre de esta columna, ese acuerdo se mantenía con alfileres, y la posibilidad de un salto de Carlos Joaquín al PAN era aún posible)
En esta ocasión, esa gran operación político-electoral que culminará el 4 de julio, siguió al pie de la letra aquél mandato histórico de empezar a ganar elecciones años antes. El PRI-gobierno tiene el Instituto Electoral (Ieqroo) el Tribunal Electoral (Teqroo) las leyes, y todas las instituciones del estado a su favor. Además, ha recurrido a históricos acuerdos políticos y económicos entre grupos antagónicos, que con esas negociaciones se mantienen en el poder. El trabajo está hecho.
La oposición, por su parte, sólo tiene candidatos y algo de ganas. Pero su historia, lamentablemente, está cargada de traiciones internas que terminan, siempre, favoreciendo al tricolor. La razón de fondo es una: gran parte de la oposición piensa y actúa como el PRI, y termina, cuando es gobierno, haciendo lo mismo que sus “acérrimos rivales”.
Lo que pueda suceder en esta elección es aún una incógnita, pero lo cierto es que, a raíz de esos dos elementos, la coyuntura vuelve a ser muy favorable al PRI.
Los primeros pasos del Ieqroo en el proceso electoral han sido erráticos para la democracia pero no acaso para aquél objetivo tricolor. El organismo encargado de llevar adelante el proceso ha demostrado, más que nunca, que opera como una dependencia de gobierno. El PRD dijo y denunció que este organismo hizo del nombramiento de los consejos distritales y del ejército de capacitadores casi un acto partidista.
Según el sol azteca, de los 128 designados para los consejos distritales, al menos 70 tiene un pasado claramente ligado al activismo en el PRI, el Verde Ecologista, o el Partido Nueva Alianza, que conforman una de las coaliciones electorales de este proceso.
La acusación dice, incluso, que la autoridad electoral no le permitió al partido acceder a esos archivos ni al método de selección de consejeros, facultad que la ley les otorga. A ello se sumó la decisión del Ieqroo de no permitir que Gregorio Sánchez haga precampaña por varios partidos políticos.
El organismo electoral adujo que intentó evitar un desequilibrio en las precampañas, porque si se sumaban los tiempos de radios y televisión de cada partido, así como su tope de gasto de campaña, un precandidato podría romper la equidad del proceso electoral.
No quedó en claro, sin embargo, porqué no limitó esos posibles desequilibrios poniendo topes al uso de recursos y tiempos de televisión, más allá de los partidos que se coaligaran atrás de un precandidato. Y mucho menos se explicó porqué el Ieqroo pretendía que Greg Sánchez renunciara a las precandidaturas de los otros partidos.
Esas decisiones, polémicas y difíciles de digerir, dan cuenta de que el Instituto Electoral está cumpliendo el papel que se le ha asignado desde el Palacio de Gobierno.
El Tribunal Electoral, por su parte, difícilmente pueda desenredar entuertos como estos. Su papel es apenas el de un salto necesario ante de llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde todos los partidos de oposición buscan cobijo ante la parcialidad estatal.
Pero la estrategia del PRI-gobierno va más allá. A la hora en que esta columna se cerraba, en el gobierno existía aún la duda de dejar correr una serie de causas judiciales contra el alcalde con licencia de Cancún, Gregorio Sánchez, para inhabilitarlo a participar de la elección.
El descubrimiento de casas de espionaje armadas supuestamente por el alcalde, le pusieron más presión a esas versiones.
Las aguas están divididas en ese punto. Una gran parte de los estrategas priístas dicen que no hay porque sostener a Gregorio Sánchez en la campaña si hay razones jurídicas para frenarlo. Otro sector aduce que existe un gran riesgo de convertirlo en mártir, y elevar su estatus electoral si se actúa de ese modo. Hay que dejarlo competir y ganarle, dicen éstos últimos.
Lo increíble, sin embargo, es que este sea un tema electoral. La judicialización de la política nunca es buena, pero en Quintana Roo todo es válido para ganar. El diputado federal Gustavo Ortega Joaquín, que había pedido licencia para contender como precandidato a gobernador, debió volver al Congreso para no quedarse sin fuero, según él mismo lo declaró.
La reciente historia de Juan Ignacio García Zalvidea, que pasó del gobierno de Cancún a la candidatura a gobernador por la oposición, y luego a la cárcel, fue una mala señal para los demás.
La pregunta sería: ¿Realmente es creíble que sólo los alcaldes de oposición tienen historiales de corrupción o malos manejos como para merecer la cárcel? La respuesta es un no definitivo y rotundo.
Lo que sucede es que las alcaldías del PRI, que no han dado mejores resultados, están cobijadas por el gobierno estatal y fundamentalmente el Congreso. El problema de la oposición ha sido que cuando tuvo una mayoría en el Congreso, en la pasada Legislatura, gran parte de sus diputados descubrió que el calor de la política lo da el presupuesto, y terminaron casi todos arrimados a ese fogón.
Los gobiernos opositores de Cancún, por su parte, no han dejado buenas cuentas. García Zalvidea hizo del populismo su principal política, y del amiguismo desmedido su perdición judicial. Ninguno de los que se enriqueció a su amparo tuvo que dar explicaciones en la justicia como las que él mismo debió dar.
El caso de Gregorio Sánchez es similar. Semanas atrás, la regidora independiente Berenice Polanco hizo un análisis de la cuenta pública 2009 del alcalde, que desnudó una gran cuota de ineficacia en el gobierno.
La edil dijo que esos números, inobjetables, demuestran que no se ha cambiado la forma de hacer y entender la política en esa administración.
La disyuntiva, entonces, es complicada para los ciudadanos. Hay que elegir entre aquel estilo del PRI, que incluye el avasallamiento de todas las instituciones para ganar una elección; o la oposición, que no ha dado muestra de ser, de fondo, diferente.
Los votantes deciden: será la continuidad lisa y llana; o el cambio para que todo siga siendo igual.

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