Una serie de hechos desligados entre sí­, pero que tienen que ver con una forma de entender el ejercicio del poder, pusieron al gobierno de Félix González Canto a transitar los peores dí­as de su sexenio.
La inconstitucionalidad del artí­culo 80 de la Carta Magna del estado, que pedí­a 20 aí±os de residencia a no quintanarroenses para ser gobernadores; la licitación de ampliación de la Cárcel de Cancún a personas presuntamente vinculadas con cárteles de la droga, y el increí­ble caso del holandés Free Bronkhorst, encarcelado por el delito de pelear con el hermano de un diputado, son algunos de los hechos objetivos que han preocupado al gobernador.
En el fondo, cada uno de esos dolores de cabeza tiene una gestación común: se ha dejado sentir una cierta desmesura en el ejercicio del poder; una palpable distancia entre la realidad y el Palacio de Gobierno, algo nada extraí±o en el mundo de la polí­tica.
A la par de ello, el mandatario estatal empezó el aí±o dejando conceptos muy claros sobre el proceso electoral que se avecina. Roberto Borge es el candidato preferido, aunque nadie puede asegurarle la candidatura a gobernador; Carlos Joaquí­n no se irá del PRI, porque no tiene el capital polí­tico para hacerlo, y Gregorio Sánchez aún debe andar mucho camino para poder ganar la elección del 4 de julio. Esas son, sucintamente, las ideas que ha expresado Félix González.
Si se ven con los mismos ojos ambas situaciones, parecen gestadas en oficinas diferentes. La visión y la mesura de esa mirada polí­tica (con la que se puede o no coincidir) no se condice con los hechos narrados al principio de esta nota. En la visión polí­tica se impone el criterio y el análisis. En los hechos concretos, se impone la arbitrariedad y el descontrol.
Veamos caso por caso. La decisión de poner un candado de 20 aí±os de residencia a los no quintanarroenses que quieran ser gobernadores no fue otra cosa que una jugada electoral. Manuel Valencia Cardin derrochó todo su capital polí­tico cuando encabezó ese proyecto desde el Congreso, pero nada de eso hubiese sucedido sin la venia del gobernador. El resultado fue el que está a la vista. Cuando la Constitución se convierte en el instrumento de una lucha electoral de coyuntura, que tení­a como único interés frenar la posible candidatura de Gregorio Sánchez, es porque algo de fondo está fallando. Se trata, sin más, del desprecio a la ley y la racionalidad, con el objetivo de la perpetuación en el poder. Una muy mala seí±al a la democracia.
Pero en este caso también está pintada la realidad de la oposición. Manuel Valencia llegó al Congreso y a la presidencia de la Gran Comisión como diputado por Convergencia, partido supuestamente opositor. Ese partido sirvió como instrumento del gobierno de Joaquí­n Hendricks cuando se quiso derrocar inconstitucionalmente a Juan Ignacio Garcí­a Zalvidea como alcalde de Cancún en 2004. Y ese lugar en el Congreso, que terminó en manos de Valencia Cardin, fue uno de los premios que recibió el partido naranja.
Lo que sucedió después es parte de la peor historia polí­tica de este estado. La legislatura 2005-2008 fue la primera que no tení­a mayorí­a del PRI en la historia, y sin embargo fue más funcional al Poder Ejecutivo que muchas de sus antecesoras. La blanda oposición que la conformó prefirió la comodidad del presupuesto a la rispidez de la lucha polí­tica.
Las repercusiones polí­ticas de ese modo de actuar tienen una correlación con lo que sucedió con el caso de la cárcel de Cancún. Hay indicios de una licitación fraudulenta gestada desde la Secretarí­a de Seguridad Pública y la de Infraestructura y Transporte. Y hay indicios o sospechas de que habrí­a dinero del narcotráfico en ese proyecto. Pero pocos polí­ticos de oposición entendieron la gravedad de los hechos. El secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Lenin Zenteno, dio acaso la respuesta más insólita. Dijo que a él no le interesaba saber si habí­a o no dinero del narcotráfico; lo único que le importaba era saber si la construcción se levantaba sobre terrenos propiedad del municipio. Sencillamente increí­ble.
Sólo algunos prií­stas de fuste, como los senadores Manlio Fabio Beltrones o Pedro Joaquí­n Coldwell, o el ex senador Jorge Polanco, entendieron la gravedad de los hechos. Beltrones pronunció una de las frases más duras sobre el tema. ”Creo que esa reunión podrí­a servir también para ver asuntos realmente espeluznantes, como permitirle a un narcotraficante que remodele una cárcel. Me parece que en ese momento deja de existir el gobierno», dijo.
La oposición de Quintana Roo, casi unánimemente, pensaba en ese momento en la candidatura de Gregorio Sánchez o en el reparto de posiciones en las listas que se armarán. Es tal la cortedad de miras, que muy pocos entendieron ni tan siquiera el filón polí­tico electoral que tení­an en frente. Es esa, y no otra, la razón de que el PRI pueda seguir ganando elecciones en Quintana Roo.
El último tema, el del holandés Free Bronkhorst, es difí­cil de explicar. Hay ví­deos que muestran que su pelea con el hermano del diputado verde ecologista Alain Ferrat fue un pleito de cantina, en donde el extranjero no se llevó la mejor parte. El hermano del diputado cayó y se golpeó la cabeza. Ese es un delito imperdonable en Quintana Roo, cuando se tiene un hermano diputado. Alrededor del tema hubo dos secuestros e intentos de asesinato confesados, en contra de la madre y el abogado del holandés. La conclusión es sencilla: utilizar la justicia como brazo armado de la polí­tica termina en estas desmesuras.
El otro costado de esta historia es polí­tico. En los primeros dí­as de enero, Félix González Canto habló en privado con gente que está interesada por el destino de la elección inminente.
”Si algo ha quedado claro en la historia de Quintana Roo, es que nada esta seguro.
Miren el caso de Hendricks; nadie lo tomaba en cuenta, y terminó siendo gobernador», los sorprendió el mandatario cuando lo apuraron para que dijera cual es su favorito.
También negó rompimientos internos en el PRI. ”Carlos Joaquí­n no se va a ir del PRI, no es Addy. Ella tení­a estructura y muchos aí±os en polí­tica. Carlos tiene buena imagen dentro del partido, pero si se sale pierde todo», les dijo. Y afirmó que habrá un acuerdo con el grupo Joaquí­n.
Ese Félix González, vale aclararlo, no se habí­a enfrentado aún al escándalo mediático de la cárcel de Cancún, ni a la certeza de la candidatura de Gregorio Sánchez, ni a la indisciplina de sus principales colaboradores.
Febrero es un mes de definiciones que podrí­a encontrar a un gobernador acorralado y debilitado. Ciertamente, un pésimo momento para tener que dar un examen de control polí­tico y gobernabilidad.

Graciela Machuca

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