Por aborto, ví­ctima de la ley

Un parto prematuro cambió radicalmente la vida de una humilde joven del poblado Sabidos. De llevar una vida agobiada por las privaciones y necesidades económicas, pero en libertad, ahora está recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso).

El pasado 12 del presente mes, Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga, humilde descendiente maya de 22 aí±os de edad, madre soltera de dos menores de cinco y dos aí±os, acudió a la Sala de Urgencias del Hospital Materno Infantil de esta ciudad a solicitar ayuda, pues presentaba una severa hemorragia.

En tal nosocomio se le dictaminó que habí­a perdido a su hijo de casi siete meses de gestación, lo cual ocasionó su traslado al Cereso, donde está sujeta a un procedimiento judicial que puede llevarle a 30 aí±os de pena corporal, de acuerdo con la última reforma al Código Civil de Procedimientos Penales de Quintana Roo.

Debe seí±alarse que la inculpada, pese a su estado de salud delicado, está recluida en una celda que no cuenta con las medidas sanitarias requeridas.

Según datos recabados, el Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) la consignó por la muerte de su hijo en el patio de su vivienda, de madera y paja, ubicada en Sabidos, según la necropsia; pese al aborto involuntario, el bebé respiró unos instantes, lo que a juicio de los agentes resultó un homicidio doloso calificado.

Según el reporte del MPFC, la inculpada no brindó atención médica a su hijo ni notificó a alguna autoridad al respecto, sólo que ”pasó un coágulo de sangre», además de que habí­a ocultado su embarazó durante los casi siete meses.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XII Legislatura, Luz Marí­a Beristáin Navarrete, dio a conocer que, según investigaciones realizadas, dí­as antes de la consignación de la joven, ésta habí­a cambiado de lugar unos muebles, lo cual ocasionó el aborto involuntario.

La diputada acusó que es la primera de muchas ví­ctimas de una ley que según protege a la vida, pero no es más de una especie de galimatí­as legislativo impulsado por una diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Acotó que nadie puede garantizar que la madre haya atentado contra la vida de su hijo, pues no tiene conductas delictivas, y resaltó que este caso demuestra que las mujeres van a sufrir la injusticia de una Ley ciega y retrógrada.

En tanto, el Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE) asignó defensorí­a de oficio a través de la abogada Gabriela Rojo, promotora de los derechos de las mujeres en la Zona Sur del estado, que busca la libertad bajo caución.

Para finalizar, la abogada recordó que ha promovido 72 amparos contra la Reforma al Artí­culo 13 de la constitucional de Quintana Roo, encaminado a proteger a la vida desde el momento de la concepción y en breve se tendrá una audiencia para dirimir tal recurso.

Herlindo Vázquez


Graciela Machuca

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